El Tribunal Supremo ha tumbado el último intento de la Comunidad de Madrid, gobernada por PP y Ciudadanos, por frenar la nulidad de la venta de 2.935 viviendas de protección oficial (VPO) al fondo Goldman Sachs - Azora en 2013. En una resolución fechada el lunes 9 de marzo a la que ha tenido acceso La Información, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso -Administrativo del Alto Tribunal inadmite el recurso del Gobierno regional contra la sentencia del pasado 12 de diciembre de 2019, según la cual el Supremo confirmaba la anulación de la enajenación de casi 3.000 viviendas a fondos buitre por debajo del precio de mercado durante el mandato de Ignacio González, hoy investigado por la corrupción de Púnica y Lezo.
Tras la histórica sentencia de diciembre, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado gastó su última bala al interponer un recurso de casación. Pero la resolución del Supremo notificada este lunes rechaza los argumentos del Letrado de la Comunidad de Madrid sobre la falta de legitimación activa; es decir, que los efectos de la sentencia solo tendrían que alcanzar al recurrente y a no los miles de afectados por la enajenación. El Alto Tribunal recuerda que dicha legitimación ya fue reconocida por el propio Supremo el 22 de noviembre de 2017 ya que las consecuencias para los inquilinos fueron "directas". Y niega la existencia de una "incongruencia omisiva del auto en relación con una cuestión procesal", como expone el letrado autonómico.
El fallo concluye con un varapalo a los argumentos de la Comunidad, cuyo recurso de casación contiene múltiples "referencias a los terceros interesados" como el fondo Azora. "No es dable al Letrado de la Comunidad de Madrid erigirse en representante o defensor de los derechos de tales terceros interesados, pues es a éstos a quienes corresponde la defensa de sus derechos e intereses", razona el Tribunal Supremo. Según fuentes jurídicas, la única vía que le queda al Gobierno autonómico pasaría por un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Azora también recurre... y pierde
En otra providencia previa del 2 de marzo igualmente obtenida por este medio ante otro recurso de casación presentado por el fondo Azora Gestión S.L. (propietario de las 32 promociones enajenadas en 2013), la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo del Supremo también rechaza el recurso de Azora tirando de los mismos argumentos que la Sección Tercera. Aquí el Alto Tribunal impone unas costas de 1.000 euros al recurrente -Azora- y confirma que "contra la presente resolución no cabe recurso alguno".
El camino que ha terminado con la anulación judicial de la enajenación de casi 3.000 viviendas fue emprendido en 2016 por un inquilino de Navalcarnero de origen magrebí, Rachid Bouikou, junto a su abogado César Pinto: ambos empezaron con mal pie cuando ese año un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo rechazó que Boikou -que había accedido a una vivienda de alquiler tras cumplir una serie de requisitos y que vio como de la noche a la mañana su casero se convertía en un fondo buitre- pudiera recurrir la venta ante la falta de "legitimación activa".
A finales del año 2017, sin embargo, el Tribunal Supremo reconoció esa legitimación: sin terminar de darles la razón en sus reclamaciones, a Bouikou y a Pinto se les facultó, eso sí, para iniciar la vía judicial que ha permitido, a la postre, tumbar ahora la operación. La venta de las VPO había reportado 201 millones de euros a las arcas autonómicas y se realizó por debajo del precio de mercado, tal y como reportó la Cámara de Cuentas en un informe de 2015.
A partir de 2018 Bouikou y Pinto empezaron a encadenar victorias judiciales, cada cual en una instancia superior; y no pararon hasta este 9 de marzo: la primera, el 25 de mayo de 2018, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 29 de Madrid extendió el derecho a recuperar la vivienda a todos los perjudicados por la decisión del Ivima, más allá del afectado de Navalcarnero. El caso fue enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el cual deliberó durante más de tres meses en un periodo de reflexión inédito para el TSJM según las fuentes consultadas.
La Comunidad, cuyo presidente era entonces Ángel Garrido, trató de convencer a los jueces remitiéndoles un escrito que defendía que la enajenación de miles de viviendas fue una "decisión política legítima" fundamentada en "argumentos sólidos ligados al ahorro de costes que tanto reclama la ciudadanía a las Administraciones y a la mejor eficacia en la gestión". Garrido después pediría perdón y reconocería en una entrevista que "vender vivienda pública a fondos de inversión fue un error, estuvo mal".
En junio de 2019, el TSJ de Madrid resolvió a favor de los inquilinos. Y en diciembre pasado el Tribunal Supremo ratificó la decisión. Ahora se rechaza el último recurso del Gobierno regional, presentado por el Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos el 13 de enero de este año a través de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Por aquellas fechas y en un ejercicio de funambulismo político, el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado pidió perdón a los afectados a la vez que respaldó el recurso de su gobierno en aras de "defender el interés general". Aguado habló de "lagunas" y de "mil familias que ya han vendido esas viviendas, que han ejercido su derecho a compra".
Las 1.860 VPO que Botella vendió a Blackstone
Pero los tribunales han desestimado durante dos años los argumentos de la Comunidad de Madrid y han dado sistemáticamente la razón al inquilino denunciante. En ese bienio han sido numerosas las familias que han denunciado cómo el fondo de capital riesgo habría disparado el precio de los alquileres, hasta el punto que el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en octubre de 2018 declaró a Azora "empresa non grata" en el municipio.
Se abre ahora una situación inédita: primero, porque la nulidad definitiva de la enajenación no solo afecta al Ivima, sino que la jurisprudencia puede perfectamente abarcar también la venta de 1.860 VPO a Blackstone por parte del Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2013 durante la alcaldía de Ana Botella; una venta cortada por el mismo patrón que la de la Región madrileña. Y segundo, porque de las 2.935 viviendas en alquiler con opción a compra que pasaron a manos de Goldman Sachs-Azora, unas mil ya se habrían vendido a terceros. Las restantes deberían de volver a manos del Ivima, que seguramente tendrá que devolver la cantidad pagada al fondo. Sea como fuere, Rachid Bouikou y César Pinto han hecho historia.
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