Miércoles, 17.10.2018 - 08:08 h
Energía

El TC admite el recurso a la ley valenciana que garantiza agua y luz a los más pobres

El PP que se abstuvo en su aprobación en el parlamento autonómico, cree ahora que invade competencias exclusivas estatales

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El presidente valenciano Ximo Puig (PSPV-PSOE). / EUROPA PRESS

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) contra la ley valenciana de Pobreza Energética. La impugnación, sin embargo, no paralizará la vigencia de la norma al no haberlo solicitado el abogado del Estado. La disposición permite a la Generalitat Valenciana, gobernada por el PSOE y por Compromís, impedir a las empresas de suministro de agua, electricidad o gas que corten el suministro a familias desfavorecidas. La admisión del recurso no supone la suspensión de la vigencia de la norma al no haberlo solicitado el Ejecutivo central.

El recurso se circunscribe al artículo 3 de la ley valenciana. En él se habilita a la Generalitat, a propuesta de los alcaldes o diputaciones, a solicitar la declaración de vulnerabilidad social para un hogar en base a los informes de los servicios sociales. También se establece que, cuando una empresa suministradora pretenda cortar el suministro por impago, deberá comunicarlo a los servicios sociales municipales "para que estudien la situación del hogar en riesgo de situación de pobreza energética", antes de que se efectúe alguna restricción o corte.

Con el informe municipal, el Govern tiene 60 días para declarar o no la vulnerabilidad. En caso de que la estime, el ayuntamiento en el que resida la familia afectada debe comunicarlo a las empresas comercializadoras para que no efectúen cortes ni restricciones en los suministros.

El Gobierno central considera que esa disposición vulnera la competencia estatal de dictar las bases y coordinación del régimen minero y energético. El Ejecutivo considera inconstitucional, además, que la norma no prevea ningún tipo de retribución para las comercializadoras a las que se obligue a continuar con el suministro a pesar de los impagos del cliente en situación de vulnerabilidad. 

La admisión del recurso, sin embargo, no supone la suspensión de la norma, algo que es reglado cuando es el Ejecutivo el que impugna una norma autonómica y así lo pide, lo que en este caso no se ha producido. El tribunal ha dado traslado de su decisión al Congreso, al Senado, a la Generalitat Valenciana y a las Cortes Valencianas, organismos a los que da un plazo de 15 días para que presenten sus alegaciones. 

La proposición de ley, que partió de Podemos a finales de 2015, fue aprobada en enero de este año con los votos de los dos partidos del Consell -PSPV-PSOE y Compromís-. El PP se abstuvo al considerar que la norma iba a quedar en "papel mojado" al posponer todas sus medidas a su desarrollo reglamentario. El diputado valenciano del PP Vicente Casanova justificó la abstención porque veía "imposible" votar en contra. Ahora, sin embargo, el Ejecutivo, también ocupado por su partido, la recurre al Constitucional.


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