Dicen que el suicido de Miguel Blesa, el pasado 19 de julio, fue el último acto de un plan cuidadosamente trazado. Antes de pegarse un tiro en la parte izquierda del pecho con su propio rifle, el expresidente de Caja Madrid se aseguró de que los amigos que le acompañaban en la finca de casa Puerto del Rey, en Villanueva del Rey (Córdoba), tenían a mano el teléfono de su esposa por si hubiera algo que comunicarle. Había llegado allí esa misma madrugada y prácticamente sin equipaje, pero a las 7.30 de la mañana ya estaba en pie. Diez minutos después, según informaron en su día los investigadores, apretó el gatillo.
Han pasado ocho meses desde entonces y el Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia de la Audiencia Nacional que lo condenó a seis años de cárcel como el creador de las tarjetas ‘black’, uno de los mayores escándalos bancarios de los últimos años. La resolución también le impuso el pago de 9,3 millones de euros por la responsabilidad civil derivada de su delito (apropiación indebida). La Audiencia ya ha empezado los trámites para intentar que los perjudicados cobren al menos parte de ese dinero. Las primeras diligencias han proporcionado algunas sorpresas.
La primera, que Blesa no fue al notario como cualquier otro ciudadano para hacer su testamento. El exbanquero prefirió redactarlo de su puño y letra. Se trata de lo que en jerga jurídica se conoce como un testamento ológrafo. Escrito por el propio testador en presencia de testigos o sin ellos. Un documento que necesita la intervención posterior de un notario que verifique que el fallecido fue su autor mediante la declaración de aquellos o una prueba caligráfica que certifique que, efectivamente, la que está en el papel es la letra del fallecido. ¿Por qué manejó su legado de una forma tan extraña?
La respuesta, hasta el momento, se desconoce. Lo que sí se sabe es que ese documento sucesorio nombraba como herederas universales, es decir de todos los bienes y derechos -aunque también de las obligaciones- del expresidente de la caja madrileña a su viuda Gema Gámez, con la que se casó en segundas nupcias en 2013, y a María José Blesa, su única hija, fruto de su matrimonio anterior con María José Portela.
Las herederas no pagarán
Ese testamento manuscrito fue verificado -adverado- ante notario tres meses y tres días después del fallecimiento de su autor, el pasado 23 de octubre. Y solo una semana después, el 30 de ese mismo mes, la viuda y la hija de Blesa hicieron llegar un documento notarial a la Audiencia en la que anunciaban a sus magistrados que renunciaban al legado del banquero. Ambas sucesoras consiguieron así evitar la deuda de 9,3 millones por las ‘black’ que llevaba implícita. La herencia, desde entonces, está en un limbo jurídico, aunque siempre a disposición del tribunal.
Porque la Audiencia Nacional continúa teniendo embargado gran parte de su patrimonio. En su expediente consta una transferencia al FROB por los 436.688,42 euros que se gastó con su tarjeta opaca, cantidad que pagó en vida a cuenta de su cartera de inversión. El tribunal le retiene además tres fincas -una en El Escorial, otra en Madrid y otra más en Linares (Jaén), su municipio natal-, dos vehículos, planes de pensiones, fondos de inversión y varias devoluciones tributarias.
El Supremo decidirá quién es perjudicado
Otro de los enigmas que sigue abierto es quién fue el perjudicado por los delitos de Blesa y, por tanto, quien tiene derecho a cobrar. Bankia y FROB siguen a día de hoy disputándose ese rol y pugnan ahora por la herencia. Los dos organismos han presentado recientemente un escrito en el que piden que se prorroguen los embargos y se cite a los herederos. Dado que la viuda y la hija ya han rechazado la herencia el tribunal se dirigirá a los hermanos del banquero que, previsiblemente, tampoco la aceptarán.
Será el Supremo el que decida, al resolver los recursos de casación, si será Bankia o el FROB quien cobre finalmente. La sentencia de la Audiencia otorgó ese derecho al banco, al considerar que las tarjetas fueron muy anteriores a la intervención y el rescate de la entidad, el 26 de mayo de 2012. Pero el alto tribunal podría aceptar el recurso de casación del fondo y concedérselo el organismo que la recapitalizó con 24.000 millones de euros de todos los españoles.
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