La propuesta hispano-lusa para topar el precio del gas en 50 euros y que la factura de la luz se quede en el entorno de los 120, afronta una semana decisiva con muchas más voces en contra que a favor en el entorno europeo. No es solo el posible desacuerdo entre los dos países que lograron la ‘excepción ibérica’, las presiones que se están recibiendo en Bruselas antes de lograr el visto bueno definitivo a la letra pequeña del decreto que lo regulará son de todo tipo: las empresas eléctricas, la mayor parte de los socios comunitarios y hasta la propia Comisión Europea se ha puesto de lado ante una especie de privilegio que se le concedería a España y Portugal que, sin romper el funcionamiento del mercado, lo manipula de forma importante.
Fuentes europeas cercanas a ese proceso aseguran que la presión que se está recibiendo es "brutal", hasta el punto de que en estos momentos nadie sabe si la próxima semana se va a dar el visto bueno al recorte del precio del gas que pretende Teresa Ribera para el mercado español. El propio presidente del Gobierno aprovechaba este viernes un encuentro con Úrsula von Der Leyen para exigir más rapidez en la toma de decisiones, toda vez que ya se han enviado a la UE los flecos que necesitaban de la letra pequeña del plan, o lo que es lo mismo, quien va a pagar los casi 5.000 millones que hay que compensar a las empresas por topar el precio del gas. A la vista de las grandes reticencias que el planteamiento español ha generado en los Veintisiete, Sánchez recordó a la presidenta europea la necesidad de preservar la "autonomía estratégica" de los países, para que sus sociedades no dependan de nadie en los "aspectos economicos decisivos".
De una parte, el sector de las renovables en España, que se juega mucho con la letra pequeña de este decreto, advierte que Bruselas no va a dar el visto bueno a nada en tan solo una semana, “incluso puede costar más de dos”. Pero si acudimos a las grandes empresas del Ibex energético, nadie da por cerrado el visto bueno por el momento, no solo por la batalla jurídica que se avecina con ellos, sino porque hay socios europeos que se están moviendo para hacer frente a la crisis del gas en Europa por otros caminos.
Una vez que España dio un giro radical en su postura sobre el Sáhara Occidental, desde el ámbito diplomático se esperaba una reorientación de las relaciones de Argelia hacia Italia, hasta el punto de convertirle en el principal receptor de su gas en detrimento de la conexión española. Pero nadie descarta que la propia Italia, de la mano de Mario Dragui, este moviendo los hilos con Alemania para reordenar las reservas de gas germanas, apostar por su conexión y buscar “un acuerdo marco europeo general”, con el que aguantar con el gas de fuera y potencia al máximo las renovables, con el hidrógeno verde incluido.
Dejar a España de lado
Las grandes empresas energéticas españolas, que están al tanto de estos movimientos, saben que un eje franco-italiano sería un obstáculo muy grande para la pretensión española de desvincular en su mercado el precio del gas y dejarlo en no más de 50 euros. De la misma manera, en el sector conocen que las reservas de gas de Argelia no son infinitas y, si se opta por una reordenación en el suministro a Europa vía Italia, el poder de España para hacerse valer en el entorno comunitario se reduciría en gran medida.
El posible desacuerdo de Portugal sobre la propuesta que se ha enviado a Bruselas, a la vista de que tanto la Comisión como sus principales socios no están muy convencidos de la medida que ha teledirigido Teresa Ribera, tampoco ayuda a que el visto bueno definitivo se logre de manera fácil, por más premura que pretenda el presidente español. Las fuentes comunitarias consultadas aseguran que hay opciones reales de que se logre un pacto en una semana si se acepta la modificación de los aspectos que no gustaban a los socios que se acaba de enviar, pero advierten al mismo tiempo que esto puede ser una maniobra más para ganar tiempo mientras se estudian otras alternativas para reordenar el suministro de gas a Europa a medio plazo y dejar de depender del grifo ruso.
Durante la cumbre europea que acepto la ‘excepción ibérica’ gracias al plante de Pedro Sánchez bajo amenaza de crisis social en España, ya advirtieron los socios comunitarios que el problema español no era tanto el gas -con un fuerte desarrollo de las renovables y solo un 15% de generación con esta materia prima- como frenar su cruzada contra el carbón o las nucleares de forma temporal, y obtener una rebaja de precios mientras se resuelve el conflicto entre Rusia y Ucrania que tiene en jaque la mercado. La tremenda capacidad de hacer lobby de las grandes eléctricas españolas en Bruselas y los antecedentes de Ribera en cuestiones como el enlace con Francia, han acrecentado las dudas de los socios europeos sobre su propuesta en los últimos días. Entramos en una semana decisiva para la ministra.
De una forma o de otra, desde el sector en España se advierte que, como pronto, la medida se podría aceptar ahora, en mayo, y no va a tener efectos hasta el principio del verano, en junio-julio, es decir, justo un año después de que el precio de la luz se disparase a niveles muy por encima de los 100 euros el megavatio hora, una cota que parecía increíble, pero con la que doce meses más tarde nos conformaríamos con creces.
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