Carpetazo del Tribunal de Cuentas a la denuncia presentada en junio por el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros por parte del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación incoada a raíz de una denuncia de Ciudadanos, según han informado a Europa Press fuentes de la formación denunciante y ha corroborado este diario en el organismo fiscalizador. Queda descartada así la tesis esgrimida por la formación naranja sobre un presunto menoscabo de fondos públicos, por entender que en e momento inicial de la operación en el que se está todavía, no ha habido ningún detrimento patrimonial al Estado ni se ha vulnerado la legislación vigente para el reparto de ayudas del Fondo de la Sepi. La formación naranja se plantea ahora recurrir la decisión.
La denuncia fue presentada por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, su portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal y su eurodiputado Luis Garicano el pasado 7 de junio. Ciudadanos había reclamado al órgano fiscalizador investigar la responsabilidad de todas las autoridades por esta operación para dirimir si existían infracciones contables, depurar cuánto dinero se ha desviado y asegurar el retorno del dinero a las arcas públicas.
La admisión de la denuncia de Ciudadanos supuso la apertura de una pieza de Acción Pública y la designación de un instructor de la Sección de Enjuiciamiento de este órgano, que finalmente no ha encontrado indicios y ha archivado las actuaciones. El trabajo del Tribunal de Cuentas en esos casos es realizar una mera identificación de los hechos acaecidos hasta ahora en el expediente de Plus Ultra, para comprobar si existe una salida de sus fondos que tengan una causa jurídica suficiente, o que el destino dado a ese dinero no sea el previsto por las normas de aplicación.
Una vez realizada la comprobación (no judicial) por parte de este órgano fiscalizador, el "consejero de cuentas" encargado de analizar la contabilidad de la operación concluye que "de la documentación obrante en las actuaciones se puede constatar que antes de adoptarse la decisión de concesión de la ayuda financiera se ha respetado el procedimiento administrativo previsto en las normas de funcionamiento del FASEE, de modo que la ayuda ha sido propuesta por la SEPI, resuelta por el Consejo Gestor del Fondo y autorizada por el Consejo de Ministros previa emisión de los correspondientes informes por los asesores jurídicos y financieros. En consecuencia, la conducta de los responsables de estas actuaciones no reviste, siquiera indiciariamente, los caracteres de una negligencia grave".
La institución no ve un daño a los fondos públicos, porque los 19 millones iniciales que se han dado de ayuda están conformados en el balance de la entidad como un activo, de forma que no es un dinero a fondo perdido ni se puede dar por sentado, a priori, que la empresa no los vaya a devolver segón lo establecido en las reglas de funcionamiento del Fondo de la SEPI.
Proceso judicial paralelo
Por más que la denuncia de Cs en el Tribunal de Cuentas haya quedado en saco roto, la concesión de los 53 millones de euros de ayuda a Plus Ultra está también en manos de los juzgados ordinarios. La semana pasada, la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ordenó suspender la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman la segunda parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a acreedores.
Según la juez, "el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta de la existencia de este procedimiento" judicial. Se trata de una medida cautelar pedida en la querella que impuso Manos Limpias por malversación de fondos públicos y posible prevaricación, y que fue secundada por Vox y el PP más adelante con el añadido de un posible delito de fraude en la concesión de subvenciones.
La jueza Collazos dio la semana pasada un plazo de cinco días, que expira esta semana, para que Plus Ultra entregara la documentación necesaria para corroborar que el dinero que se le va a dar (los 34 millones) se van a destinar a lo que realmente dice el plan que ha presentado la SEPI para justificar la ayuda. Una vez comprobado todo, la jueza debe decidir su estima la cautelar y paraliza el pago o permite que ese dinero fluya a la empresa, una decisión que marcará el proceso investigador posterior por la vía penal.
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