Un ERE al año o cada dos años. Esa es la terrorífica situación a la que se enfrentan los trabajadores de la multinacional sueca de telecomunicaciones Ericsson desde 2008. Su filial española, que acaba de iniciar este año los trámites para un nuevo despido colectivo de 450 empleados, acaba de ver cómo el Tribunal Supremo ha bendecido el del año pasado, que dejó en la calle a 184 personas. Y lo ha hecho pese a que, solo tres meses antes de comunicarlo a la plantilla, la dirección de la empresa anunció la compra de otra compañía (Abentel) que supuso la incorporación de 500 nuevos empleados.
La decisión de la Sala de lo Social del alto tribunal se basa, en primer lugar, en el acuerdo alcanzado por la compañía con la mayoría de los representantes sindicales de la empresa. Tanto los cinco miembros del Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones (STC), como los tres de UGT y los otros tres de CC OO llegaron a un pacto con la dirección de la empresa. Solo la Confederación General del Trabajo (CGT), con dos representantes en la comisión negociadora, se ha opuesto y ha llevado el caso hasta el Supremo.
El pacto, recuerda el tribunal, "ha sido suscrito por hasta tres sindicatos diferentes que suponen 11 de los 13 miembros" de la comisión negociadora. "Debemos añadir que el acuerdo fue sometido además a consulta de los trabajadores y aprobado mayoritariamente por la plantilla de los centros afectados, en lo que supone un aval adicional que no puede desdeñarse", sostienen los magistrados.
CGT, el único sindicato discrepante, alegó en su recurso que Ericsson no aportó suficiente información sobre la adquisición de Abentel -la división de instalación de redes de Abengoa- y la absorción de sus 500 trabajadores durante la negociación del ERE. Pero la Sala responde que la empresa "informó de esta operación a la representación legal de los trabajadores, a la que posteriormente notifica su culminación sin que haya intención alguna de ocultarla".
Durante la negociación, la dirección explicó que el objetivo de la operación era "ampliar la cuota de mercado" y aseguró que la actividad de la empresa adquirida no tenía nada que ver con la de Ericsson por lo que no tenía incidencia en el ERE.
El sindicato demandante también criticaba los criterios de la empresa para seleccionar a los trabajadores despedidos. Sin embargo, los magistrados valoran que el ERE, que permitía echar a 281 empleados, ejecutó únicamente 184 despidos, de los que 116 fueron voluntarios. "La empresa ha optado por no aplicar de manera extensiva los criterios de selección y acuerdos incluidos en el pacto, para reducir en 100 trabajadores el número de afectados por el despido colectivo", aprecia el tribunal.
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