Una denuncia suya ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía originó en 2012 la apertura de una investigación contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la que llegó a declarar en verano de 2015 la entonces presidenta de la entidad Elvira Rodríguez. Se trata de Dracon Partners, una empresa de asesoramiento financiero (Eafi) que generó entre sus clientes pérdidas de hasta 11,9 millones de euros cuyas reclamaciones están aún en los tribunales. El Supremo acaba de confirmar la decisión de la agencia supervisora de revocarle la licencia para operar, adoptada en 2012.
Dracon era lo que se conoce como un chiringuito financiero. Una entidad apoyada fundamentalmente en la presencia mediática de su administradora única, Sara Pérez Frutos, cuya plantilla puso en marcha una estrategia comercial muy agresiva con la que consiguió que muchos de sus clientes, la mayoría sin ningún tipo de conocimiento financiero o con unas nociones y una información muy escasa, colocaran sus ahorros de toda la vida en productos de alto riesgo como 'warrants' y CFDs.
Una de las acusaciones más graves que se vertieron contra Dracon fue la de falsificar los 'tests de idoneidad' -los que analizaban la formación del cliente y si el producto que se le iba a colocar era el correcto según sus objetivos- con el fin de engañarlos con sus bonos. Según la investigación que llevó a cabo la CNMV, el 84% de los clientes habían reclamado una inversión con mucho menos riesgo de la que acabaron adquiriendo. Los tests, según el supervisor, "estaban tendenciosamente orientados a la determinación del perfil inversor como 'decidido' o 'arriesgado".
Dos expedientes del supervisor
Las irregularidades en la actuación de Dracon y Pérez Frutos les valieron la apertura de dos expedientes en la CNMV. El primero fue el que desembocó en la retirada de la licencia para actuar en el mercado en 2012, sanción que acaba de confirmar la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El segundo fue la imposición de una multa a la empresa de 1,25 millones de euros y otra de 625.000 a su administradora única a principios de 2015 por sus polémicas prácticas. Este último también fue bendecido, en este caso por la Audiencia Nacional, en junio de 2016.
Entre las faltas "muy graves" que llevaron al supervisor a imponer estas últimas sanciones económicas se encontraban los de "incumplir las normas de conducta en la relación con su clientela", las "deficiencias significativas" en su organización interna, externalizar su servicio de captación de clientes o no remitir a la CNMV determinados documentos contables, entre ellos las cuentas anuales de 2011. Los hechos probados del acuerdo (firmado por el subsecretario de Economía) aseguraban que, de los 610 clientes a los que asesoró Dracon, 491 sufrieron pérdidas de 26.000 euros de media, aunque el agujero máximo provocado a uno de ellos llegó a los 236.000 euros.
La retirada de la autorización para operar, acordada por la CNMV tres años antes y que ahora acaba de confirmar el Supremo, se basó en una serie de deficiencias graves como la ausencia de un departamento de auditoría interna, deficiencias en la custodia de su documentación contable, la ausencia de un sistema de copia de seguridad en sus sistemas informáticos o las irregularidades ya detectadas entonces en los 'tests de idoneidad', confirmadas años después en el expediente que acabó con la sanción económica a la compañía.
Riesgo para la clientela y el mercado
El descontrol era tal que, en 2015, cuando la Audiencia Nacional revisó la retirada del permiso, llegó a la conclusión de en el caso de Dracon Partners, se habían acreditado por la CNMV "la existencia de serias deficiencias que afectan a todos los ámbitos de de la actividad de la entidad, impidiendo que pueda prestar servicios con las mínimas garantías". Entre ellas destacaba "el desconocimiento" por parte de la empresa "de la normativa y regulación que atañen a la actividad por ella desarrollada". La retirada de la licencia era adecuada para "evitar riesgo para los clientes de la entidad que dañarían a la integridad del mercado y la protección de los inversores".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional cerró la investigación abierta a la CNMV gracias a la denuncia de Pérez Frutos, la cabeza visible de este peligroso chiringuito, en enero de 2017. El Ministerio Público llegó a la conclusión de que no había existido ninguna trama corrupta de concesión y revocación de licencias ligadas a comisiones a cargos del organismo que ahora dirige Sebastián Albella. La llamada Operación Parqué, iniciada por una empresa de asesoramiento financiero sin licencia y duramente sancionada por sus dudosas prácticas, quedó en agua de borrajas.
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