Miércoles, 20.11.2019 - 14:27 h
Las grandes compañías adelantan el cierre de centrales

EDP y Viesgo resisten la oleada de cierres y quedan como último reducto del carbón

La empresa lusa mantiene los planes de explotación de las instalaciones asturianas de Aboño y Soto de la Ribera en las que ha invertido 200 millones.

Gráfico carbón.
Gráfico carbón.

El grupo portugués EDP, que entró hace 15 años en España con la compra de Hidrocantábrico, puede convertirse a partir de 2020, junto con Viesgo, en el reducto de la generación de electricidad con carbón en la península. La eléctrica ha invertido en los últimos años más de 200 millones de euros para adaptar las centrales de carbón que opera en Asturias -Aboño y Soto de la Ribera- a las exigencias que impone Bruselas para que sigan operando a partir de junio de 2020. Al contrario del resto de grandes eléctricas -Iberdrola, Endesa y Naturgy-, a EDP le salen las cuentas. Sus centrales están próximas a los centros de consumo y no se plantea cierres inmediatos.

Sólo EDP y Viesgo resisten, de momento, la ola de cierres anunciada en el sector, aunque con matices, porque Viesgo sí ha anunciado el cierre de una de sus  centrales de carbón, la Puente Nuevo (Córdoba), aunque mantendrá en operación la de Los Barrios, en Cádiz. Todas las grandes compañías han anunciado que tiran la toalla porque las centrales de carbón no son rentables. La mezcla de exigencias medioambientales y encarecimiento de los derechos de emisión han ahogado el negocio. La última en poner el epitafio a la quema de mineral ha sido Endesa, con el anuncio de cierre adelantado de las centrales que barajaba mantener a partir de junio de 2020: As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería). 

La ola es imparable y rápida. Hasta el punto que ha sorprendido al Ministerio de Transición Ecológica, que consideraba un horizonte de 10 años para acabar con la generación de electricidad con carbón. Ahora, Transición tiene que hacer frente a una avalancha de peticiones de cierre que comenzó en 2017 con la solicitud de Naturgy para cerrar la central de Anllares (León), seguida de las peticiones de Iberdrola para las instalaciones de Lada (Asturias) y de Velilla (Palencia). Luego llegó otra  cascada de anuncios de cierre. De momento, sólo la primera solicitud de clausura, la de Naturgy-Anllares, tiene vía libre de la Administración.

Todo pendiente, todo deprisa

Todo está pendiente, pero todo va deprisa. Hace apenas un año, en el Congreso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ahora en funciones, asumió el cierre en 2020 de siete de las quince centrales térmicas existentes que no habían realizado ninguna inversión. Entonces, condicionó la supervivencia de las otras ocho, las que sí habían invertido para continuar funcionando, a diferentes circunstancias. Entre ellas, la evolución de los precios de la materia prima, la fiscalidad respecto al CO2 y "los avances y los costes del resto de los operadores del sistema".

Esas circunstancias, que han empeorado a lo largo de 2019, han empujado los anuncios de cierres a plazos más cortos de lo esperado. Las empresas no han podido amortiguar el impacto de la subida del CO2, que cotiza en torno a los 25 euros la tonelada y el efecto de la la recuperación, el 1 de abril, del impuesto del 7% a la generación eléctrica. "Son decisiones empresariales", explican fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, "tomadas sobre realidades, como el encarecimiento del mercado de emisiones, que conocían desde hace tiempo".

Con tal panorama, a partir del próximo año, sólo tres centrales de carbón cuentan en los planes de negocio del sector eléctrico: las dos de EDP en Asturias y la de Viesgo en Cádiz. Eso no significa que las empresas propietarias de las instalaciones ignoren que el negocio tiene fecha de caducidad. EDP va a cerrar uno de los grupos de la central de Aboño en los próximos meses. Y el consejero delegado del grupo, Rui Teixeira, ha dado por hecho que si las dos centrales quieren prolongar su funcionamiento más allá de 2030 tendrán que quemar algo distinto al carbón: gas, biomasa e, incluso, basura.

Cierre de minas

El cierre de centrales de carbón acompaña el cierre de explotaciones mineras. Ni centrales, ni minas, ni mineros. En España quedan alrededor de 2.000 mineros  y casi el 80% (1.615) trabaja en Asturias. El resto lo hace en Castilla y León (320 mineros) y Aragón (89). Sin empresas mineras y sin centrales que quemen mineral, la gran preocupación es garantizar el futuro de las comarcas afectadas. El Ministerio de Transición Ecológica exige a las compañías planes de inversión y medidas que suavicen las consecuencias de los abandonos de actividad.

Los fondos públicos para paliar las consecuencias de una actividad en declive son muy escasos. La Estrategia de Transición Justa contempla 422 millones para los próximos años: 292 para los próximos cinco y 130 a distribuir en el próximo trienio. Son en torno a 100 millones anuales presupuestados en el Ministerio de Transición Ecológica, insuficientes para hacer frente a los desafíos del ajuste, aunque fuentes ministeriales sostienen que arrastrarán más dinero porque la llamada transición justa adopta la metodología de convenio, con lo que sumará presupuestos mayores de inversiones en infraestructuras y programas de otros ministerios.

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