No hay tregua en el sector de la energía. Tras firmar el acuerdo para cerrar los siete reactores nucleares en operación a partir de 2027 y hasta 2035, las empresas eléctricas van a abrir otro frente ante el Gobierno: el de las ayudas a las centrales de generación con gas -ciclos combinados-, que están en el aire desde junio del pasado año. Las compañías presionan para que el gas cubra el hueco que deja el cierre de centrales de carbón y las nucleares cuando empujan otras tecnologías más limpias. El presente es poco halagüeño. En lo que va de año, según fuentes de las empresas, el factor de carga de los ciclos combinados (27.000 MW de potencia instalada) apenas llega al 16%. En 2018, el uso se situó en el 12%.
El negocio no tira y las empresas claman para que se mantengan las ayudas, denominadas como "pagos por disponibilidad". Son 180 millones anuales, pero hay un problema. En 2018, el Gobierno del PP aprobó sólo los pagos por disponibilidad para los seis primeros meses del año, porque en el segundo semestre se aprobaría un nuevo mecanismo de pago acorde con la Directiva y Reglamento del Mercado Interior de Electricidad de la UE. Las empresas dejaron de ingresar en 2018, según sus datos, 70 millones.
Pero el segundo semestre llegó y no hubo nuevos pagos. En la orden de peajes de acceso de energía eléctrica para 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica, ya dirigido por la ministra Teresa Ribera, suprimió el servicio de disponibilidad -las ayudas-. La razón fue que se debía llevar a cabo un análisis en profundidad del modelo de la Comisión Europea para ayudar a este tipo de instalaciones. Con las elecciones pendientes, el sector siente que se ha quedado colgado de la brocha y con mucho dinero pendiente de cobrar.
Ayudas en el alero
El poco uso y las ayudas en el alero afectan a un sector que, según muchos expertos, está sobredimensionado. En España existen más de medio centenar de centrales eléctricas de gas que apenas si funcionan a un 16% de su capacidad; siete regasificadoras -una de ellas, El Musel (Gijón), parada-; dos instalaciones más en proyecto en las Islas Canarias y un almacén de gas, el Castor, clausurado y con una deuda de 2.400 millones a 30 años que pagarán los consumidores.
Es demasiada infraestructura y algunas de las operaciones cerradas en los últimos meses reflejan esa difícil situación. Naturgy, la antigua Gas Natural, rebajó el valor en libros de sus activos gasistas a la mitad y la petrolera Repsol compró a Viesgo dos centrales de gas por 110 millones, cuando estuvieron valoradas en 800 millones. El Gobierno del PSOE mira al sector con cierto recelo. En la última orden ministerial que afecta al sector, el Ministerio de Transición Ecológica le ha dicho a la CNMC que cuando apruebe la retribución a las empresas propietarias de tubos y plantas de regasificación no incentive "la inversión en nuevas infraestructuras" y traslade "el riesgo de demanda al promotor".
A la hora de defender sus posiciones y reclamar las ayudas, las empresas no olvidan que Ribera explicó en el Congreso que el gas debe ser una energía de transición necesaria en el corto plazo, pero con fecha de caducidad. La ministra pidió también "cautela" frente a los "delirios" de quienes creen que una energía de transición puede extenderse "ad infinitum", lo que podía llevar a posibles excesos "tanto en la generación [de electricidad] como en infraestructuras".
Amenazas de cierre
Engie (la antigua GDF), Shell y Alpiq han advertido a Ribera sobre la posibilidad de cerrar centrales de ciclo combinado si se recortan las ayudas. Engie ha recurrido al Tribunal Supremo la orden de peajes de 2019. Las empresas tienen hechos sus cálculos. Creen que los ciclos combinados pueden hacer el agosto a medio plazo ante la progresiva desaparición del carbón (10.000 MW de potencia instalada) y las nucleares (7.117 MW). Con una condición: que el Gobierno mantenga las ayudas necesarias para pagar salarios e impuestos. En ese caso, las empresas estarán en condiciones de aguantar hasta 2022 y recoger, al menos durante unos años, jugosos beneficios.
El objetivo de las empresas es convertir el gas en la energía de respaldo de las renovables. Su gran argumento: el almacenamiento de energía todavía no está desarrollado y sólo el gas puede asegurar el suministro en un sistema con tecnologías descartadas y tecnologías -las renovables- que producen electricidad de forma irregular.
Es todo un sueño porque la situación del sector gasista no es buena. En el año 2012, el Gobierno paralizó las inversiones en nuevas infraestructuras gasistas por la falta de demanda y por el déficit generado por la infrautilización de las instalaciones. El Gobierno del PP levantó la suspensión en 2018, pero el panorama sigue siendo malo para las empresas. La preocupación por el futuro del gas no es solo en España. En Bruselas, el lobby del gas también trabaja a toda máquina. En 2017 se creó la asociación Gas por el Clima (G4C) para convencer a la UE de que el gas y el biogás son fundamentales para alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios