El lobby eléctrico se alinea con Ribera para sortear el 'impuestazo' de Díaz

El lobby eléctrico ha aflojado su resistencia contra las reformas estructurales que abanderan en Bruselas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera para atajar la crisis energética agravada por la invasión rusa de Ucrania. La batería de medidas que se cocina en el departamento que dirige Ribera se ha convertido en un mal menor, de acuerdo con distintas fuentes del sector, al menos, desde que Unidas Podemos ha entrado en escena, a través de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, enarbolando una alternativa que impactaría frontalmente en los beneficios de los gigantes del negocio energético.

Las eléctricas del Ibex 35 han trasladado a Moncloa su apoyo ante los planes de Ribera para evitar que la meteórica subida del gas condicione al mercado mayorista de electricidad (pool en la jerga), según fuentes próximas a estas conversaciones consultadas por La Información. Este mismo martes, Sánchez y Ribera se reúnen en Moncloa con el presidente de Endesa, José Bogas, y sus homólogos en Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y Naturgy, Francisco Reynés, para abordar el plan de choque que el Gobierno tiene previsto abordar pasado el cónclave del Consejo Europeo, que se celebra esta semana, los días 24 y 25 de marzo.

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En plena tregua entre los gigantes del sector y el Gobierno, la propuesta de Díaz ha alterado el reciente statu quo. Cualquier derivada de una intervención en el mercado del gas, bien a través de un tope temporal al precio de esta commodity, bien sacando de la subasta diaria a los ciclos combinados, obliga a compensar a las compañías afectadas. Solo la exclusión de los ciclos combinados del pool obligaría a compensar con cerca de 3.000 millones al conjunto de las compañías afectadas.

"Sería muy difícil explicar al votante de izquierdas una solución que lleve aparejada una contrapartida multimillonaria para las eléctricas", aseguran fuentes cercanas a la ministra de Trabajo. La idea que defiende Díaz pasa por aplicar una tasa especial a los beneficios de las centrales inframarginales, es decir, a aquellas que ofertan su energía a un precio menor al del pool pero que, debido al modelo de formación de precios del mercado acaban recibiendo la misma retribución las tecnologías más caras, como el gas. 

Dado que el impuesto que propone Díaz implica recortar los beneficios inframarginales, que las centrales no emisoras habrían obtenido al calor de la desorbitada escalada de los precios del CO2, la propuesta evita la fijación del polémico price cap. Esta tasa también corta el paso a las eléctricas a la hora de repercutir el golpe al consumidor, una salida de emergencia que ya barajan algunos gigantes del sector, como señalan fuentes empresariales a este medio. 

"Sería muy difícil explicar al votante de izquierdas una solución que lleve aparejada una contrapartida multimillonaria para las eléctricas"

Al respetar el precio ofertado por cada tecnología, el 'impuestazo' no exige compensación alguna. Es por ello que la alternativa 'morada' ha soliviantado a las grandes eléctricas. Según fuentes cercanas a la ministra de Trabajo, el Gobierno solo tendría que incluir ciertas modificaciones en el real decreto 17/2021 -en el Ejecutivo lanzó su primer paquete de medidas urgentes para aplacar la subida de la luz- para poner en marcha esta medida. Se trata de un proceso mucho menos enrevesado que la reforma estructural del mercado eléctrico que Sánchez y Ribera están defendiendo a capa y espada en su roadshow por Europa. 

Una intervención del mercado exige, además, la complicidad de todos los Estados miembros, sintonía que el propio Sánchez se ha propuesto conseguir en su periplo internacional. Países como Alemania ya han transmitido sus reticencias a la idea de poner patas arriba un mercado que, a su entender, funciona correctamente. Si el país germano no da su brazo a torcer, el Gobierno se vería forzado a actuar por su cuenta, arriesgándose a asumir los desequilibrios derivados de la caída de los precios en el mercado español, como un aumento de la presión exportadora que presionaría a España para cortar el grifo de la energía barata a sus vecinos comunitarios, como avanzó este medio.