El sector de la energía hierve. Huele a dinero. Los fondos europeos aprobados para apuntalar la economía de los países más golpeados por la crisis de la Covid 19 y los planes de transición energética del Gobierno han acelerado el pulso de los gestores de las grandes compañías y de las fortunas que llevan tiempo tomando posiciones en el sector de las energías limpias. Las eléctricas, con Ignacio Sánchez Galán(Iberdrola) y José Bogas (Endesa) a la cabeza, empujan para que el Ministerio de Transición Ecológica acelere el proceso de adjudicación mediante subastas que, según los planes ya aprobados, deben contribuir a aumentar la potencia renovable en más de 59.000 MW hasta 2030.
El diseño de las subastas está en marcha. Hay un proyecto de Real Decreto en debate que ha provocado tensiones incluso en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) al informar sobre el borrador -algunos técnicos alertan sobre la posible sobrecapacidad en el sistema- y muchas presiones para que el ministerio que dirige Teresa Ribera pinte la línea de salida de la carrera de forma inmediata.
Según el borrador habrá un calendario de subastas con un periodo mínimo de cinco años que se concretará por Orden Ministerial y se actualizará anualmente; el producto a subastar será la potencia instalada, la energía eléctrica o una combinación de ambas y la variable de oferta el precio por unidad de energía eléctrica. La entidad entidad administradora de las subastas será el Operador de Mercado Ibérico de Energía (OMIE) y, en teoría, se velará por la diversidad de agentes en el despliegue de renovables.
El esqueleto y el relleno
Ese es el esqueleto. El relleno está pendiente. En la práctica, según han puesto de manifiesto informes como el elaborado por la Fundación Renovables, el borrador de Real Decreto no contiene cláusulas específicas contra la especulación y no contempla medidas concretas para alentar el autoconsumo y, en general, la generación eléctrica descentralizada con pequeños proyectos.
Lo que sí garantiza el borrador en dos de sus artículos es que las instalaciones puedan cambiar de manos. Es un punto clave porque los grandes inversores sólo acudirán a las subastas si se les garantizan dos condiciones: la rentabilidad de los proyectos y la posibilidad de venderlos. El Gobierno tiene que intentar garantizarlos, a su vez, porque sólo los grandes planes -al estilo de los megaparques fotovoltaicos y eólicos- que promueven las grandes compañías facilitan el acceso seguro a los fondos que la UE ha puesto a disposición de los socios necesitados. Es el momento de empresas como Iberdrola, Endesa o Naturgy, pero también de los empresarios y grandes fortunas como los Abelló (Torreal), Riberas (antigua Gestamp) o Benjumea (Powen) que han tomado posiciones en el sector.
Endesa, con planes para invertir hasta 7.500 millones en renovables hasta 2022 -un 30% más de lo previsto- si Ribera abre la mano, e Iberdrola apuestan en la carrera por las tecnologías "maduras" -eólica y fotovoltaica- y piden que las subastas tengan en cuenta, sobre todo, las tecnologías más probadas. Desde la barrera, los pequeños productores y las asociaciones vinculadas al desarrollo de las energías limpias temen que se repita la situación de los años 2016 y 2017, cuando se celebraron las primeras subastas renovables tras el parón de 2012.
Subastas poco claras
Las subastas de hace tres años no se ajustaron a lo previsto y favorecieron la especulación. Los 5.700 MW de adjudicación de partida se convirtieron en 8.737 MW. Tampoco estuvieron nunca claros los puntos de instalación, ni su capacidad de generación. Muchos de los proyectos sólo existían en el papel por la ausencia de requisitos previos y algunos cambiaron de mano sin haber puesto la primera piedra, la primera placa o el primer generador.
En el tablero, además de los grandes intereses empresariales -y políticos-, está tambíen el interés de los usuarios. En teoría, la implantación de más renovables rebajará los costes medioambientales. Debería rebajar también el recibo de la luz. Pero no está claro. Al menos no lo está para la CNMC. El informe de la Comisión sobre el decreto estima que el sistema de la subasta -con un precio máximo y un precio mínimo fijado de antemano- puede perjudicar a los consumidores.
