Las eléctricas intentan cargar en el recibo parte de su inversión en el coche eléctrico

Si algo tienen las grandes compañías eléctricas es constancia. Es muy dífícil que den una batalla por perdida. Sucede con el coche eléctrico. Todas las compañías, de una u otra forma, se están preparando para las exigencias que plantea el cambio en la movilidad y el coche eléctrico. Pero les cuesta rascarse el bolsillo. Por eso están tratando de introducir en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética enmiendas para que los postes de recarga que instalen en lugares públicos tengan la consideración de activos regulados, según confirman fuentes empresariales. En la práctica,  supondría cargar la inversión al recibo de la luz vía peajes.

Las eléctricas demuestran constancia porque ya lo intentaron a finales del pasado año y recibieron una negativa rotunda por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Las empresas eléctricas aprovecharon que el Ministerio de Energía, dirigido entonces por Álvaro Nadal, había elaborado un borrador de decreto para facilitar la gestión y la implantación de los puntos de recarga para el coche eléctrico para exponer sus condiciones: sí instalarían puntos de recarga, pero esa inversión debería ser considerada como un peaje más en el recibo de la luz.

La CNMC mostró su rechazo a la petición. En el informe aprobado el 6 de marzo de 2018, la comisión señala que "el desarrollo de estas  infraestructuras debería realizarse en un contexto de competencia" y  "en línea con lo establecido en el Paquete de Invierno propuesto por la Comisión Europea el desarrollo de estas infraestructuras". En esencia, sostenía la CNMC, el despliegue de postes de recarga para el vehículo eléctrico no puede recaer sobre los peajes "a menos que se cumplan circunstancias muy específicas y excepcionales". Lo que no parece ser el caso.

Las empresas no se rinden. Como no pueden alegar al anteproyecto de forma directa, las compañías están manteniendo contactos con asociaciones y grupos políticos para que el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética considere las infraestructuras relacionadas con los puntos públicos de recarga del vehículo eléctrico como parte de sus activos regulados, lo que les aseguraría los ingresos en periodos regulatorios de cinco años.

El intento de las empresas para asegurar ingresos se produce cuando la CNMC ha propuesto al Gobierno reducir la retribución de las actividades reguladas -transporte y distribución de energía- entre los años 2020 y 2025. La tasa de retribución financiera propuesta es del 5,58% para transporte y distribución, frente al 6,5% actual. Importe del corte: más de 500 millones al año.

Pero además, la CNMC tiene que valorar, antes de mayo de 2019, los activos sobre los que se calcula la retribución. El debate con las compañías es intenso porque el examen de la CNMC decide si es necesario ajustar y cuánto la retribución anual que perciben las eléctricas por distribuir (5.200 millones) y transportar electricidad (1.600 millones). Son auditorías que tocan lo más sensible de las empresas, tanto de las eléctricas tradicionales como para la transportista Red Eléctrica de España (REE), participada en un 20% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La valoración de los activos adscritos al transporte y a la distribución eléctrica es una cuestión que afecta muy directamente también a los usuarios. A todos, pero especialmente a los acogidos a la tarifa eléctrica regulada (PVPC). El ajuste en la cuantía de los peajes repercute directamente en el 40% del recibo de la luz. Para el Gobierno, la auditoría de las redes, prevista y obligada en el RD 1478/2013, es un as en la manga: con la propuesta de la CNMC tiene posibilidades de reducir la factura eléctrica.

Lo seguro es que las eléctricas utlizarán toda su artillería argumental para intentar mantener la rentabilidad de sus activos. Ningún recorte será bien recibido y siempre será considerado algo temporal. La cuestión  de los puntos de recarga del coche eléctrico lo demuestra. Hace unos meses, la asociación de las eléctricas, Aelec -antigua Unesa-, admitía que las compañías distribuidoras "podrían desarrollar parte de la infraestructura pública de recarga (del coche eléctrico) hasta que el mercado alcance la madurez suficiente". Pero era algo temporal.