Tiempos de tijera. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aeléc), heredera de la que fue una de las patronales más poderosas del país, la antigua Unesa, ha comunicado al personal en activo y a los jubilados el inicio de un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo que conllevará, entre otras cosas, recortes en la retribución en especie -bonificaciones en el recibo de la luz- y extinción de las pólizas de seguro privado suscritas con Adeslas. aeléc tiene como asociadas a las cinco grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo- que sufragan sus costes.
Aunque el personal afectado por los recortes no es muy numeroso -en torno a una docena de trabajadores en activo y 120 pasivos entre jubilados y familiares-, el tijeretazo es una prueba de hasta qué punto ha cambiado el sector. aeléc se presentó en sociedad en 2018 como sucesora, más modesta, de la poderosa patronal Unesa, constituida hace 75 años para defender los intereses del sector eléctrico, que retrasó la liberalización hasta 1997. El sector energético es uno de los que mejor ha resistido en época de crisis, pero aún así, aeléc ha decidido aplicar la tijera. La asociación admite que está "reordenando los beneficios sociales para hacerlos sostenibles en el tiempo". Un proceso que no ha concluido y sobre el que dará explicaciones en su momento.
La asociación que preside Marina Serrano ha elaborado un informe técnico que justifica las causas económicas y productivas en las que se sustentan los recortes. Para el personal pasivo se acabará la luz gratis total a partir del 1 de septiembre. La propuesta limita el consumo a 6.000 kWh-año y la potencia subvencionada a 5,75 kW. Además, a partir del 1 de enero de 2021 se acaba el seguro privado. Fin de las pólizas suscritas con Adeslas.
En pie de guerra
Los recortes han puesto en pie de guerra a los afectados, especialmente a los pasivos. Estos rechazan los cambios porque, entre otras cosas, argumentan que no cuentan con un contrato en vigor. Por esa razón consideran que cualquier modificación de las condiciones de trabajo les son inaplicables. Asimismo, recelan de las causas económicas a las que alude aeléc para justificar sus medidas. Recuerdan que aeléc no compite en el mercado ni está afectada por los altibajos de precios. En suma, no cabe aducir causas económicas para recortar ya que sus costes deben ser cubiertos por las empresas asociadas salvo que de forma deliberada las aportaciones sean inferiores a los costes previstos.
Los afectados recelan de las intenciones de las empresas asociadas. Apuntan incluso a que las sucesivas modificaciones de la personalidad jurídica de la asociación podrían obedecer "a la decisión de sus actuales asociados de eludir sus responsabilidades con los trabajadores pasivos". También plantean dudas sobre cómo se han contabilizado en aeléc los costes de la energía eléctrica bonificada y el seguro contratado con Adeslas. Esos costes, explican, deberían haberse o externalizado o provisionado en el momento de la jubilación o prejubilación.
La polémica por los recortes se produce apenas dos años después de la gran transformación de Unesa en asociación sectorial, con funciones y presupuesto reducidos. Desde su transformación, aeléc centra su actividad en la defensa de los intereses que son comunes a sus socios: las actividades reguladas del negocio eléctrico, es decir, el transporte y la distribución de electricidad y su impacto en la tarifa regulada -PVPC- que pagan todavía 11,6 millones de usuarios.
Fin de una época
Los cambios y los recortes entierran una época y una forma de manejar el poder de las empresas . Unesa se creó en 1947, con 17 empresas que tenían un ojo puesto en los problemas de suministro de la posguerra y con el impulso de la familia Oriol . La transparencia nunca fue una preocupación en la patronal porque poder la hizo innecesaria durante décadas. Ahora, las cosas han cambiado. Las empresas asociadas representan una aportación directa del 0,8% al PIB nacional; generan más de 180.000 empleos de forma directa, indirecta e inducida; y dan servicio a 28 millones de puntos de suministro. Además, su contribución tributaria es de aproximadamente 3.700 millones de euros anuales.
Los recortes en los beneficios sociales de los jubilados no son una novedad en el sector. Endesa mantuvo una pelea de dos años con los sindicatos por eliminar primero y recortar finalmente la tarifa del empleado para el personal activo y pasivo. La controversia acabó en un arbitraje y un nuevo convenio. El ex ministro Manuel Pimentel cerró un laudo salomónico: admitió la tarifa bonificada para los jubilados pese a la extinción del anterior convenio.
Pero lo hizo con rebajas importantes sobre la horquilla de bonificaciones, que iba desde una cantidad mínima a los 30.000 kWh/año. Tras el arbitraje y el nuevo convenio, respaldado sólo por UGT, Endesa contabilizó en los resultados del primer trimestre la mayor parte de las provisiones realizadas para garantizar el pago en especie a empleados y jubilados, unos 400 millones de euros.
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