Reformar el mercado eléctrico viene a ser cómo utilizar un palo para reformar un hormiguero: imposible sin derribar cámaras y provocar estampidas. El acuerdo entre el Gobierno y Podemos para recortar los beneficios extraordinarios que las grandes compañías obtienen por instalaciones ya amortizadas -centrales hidráulicas y nucleares- ha agitado el hormiguero bursátil y ha forzado a las empresas a diseñar una estrategia de respuesta. No hay frente unido. La antigua patronal eléctrica Unesa se ocupa sólo de actividades reguladas y cada empresa defiende sus intereses de forma autónoma.
Ante el anunciado recorte de los llamados "beneficios caídos del cielo" ('windfall profits') Endesa e Iberdrola, las más afectadas, discuten el núcleo de la decisión: niegan que obtengan beneficios extraordinarios y niegan también que las instalaciones hidroeléctricas y las nucleares estén amortizadas. El resto está más en el cómo se va reformar el mercado eléctrico que en el qué se reforma.
Para Endesa e Iberdrola, dejar fuera del mercado mayorista eléctrico a hidroeléctricas y nucleares -que ahora cobran el precio que marcan las tecnologías más caras- sería un desgarrón importante en sus cuentas de resultados. El agua y la energía nuclear suponen la mayor parte de su producción en España.
Iberdrola (23 centrales hidroléctricas, 8.847 MW instalados) y Endesa (4.759 MW) controlan el negocio del agua. A diferencia de otro tipo de centrales (carbón, fuel o gas) las centrales hidroeléctricas son muy flexibles. Se pueden poner en marcha rápidamente en caso de que el sistema lo necesite y como utilizan una materia prima más que barata -el agua- los beneficios son importantes.
Demasiados recelos
El problema es que los beneficios de la gestión del agua no llegan a los usuarios, lo que ha despertado recelos desde hace tiempo. No sólo entre los expertos. También en los organismos supervisores. A finales de 2013, cuando los precios de la electricidad se dispararon, la CNMC abrió una investigación por la gestión del agua en el mercado eléctrico que acabó, casi dos años después en una sanción a Iberdrola de 25 millones. El caso, recurrido, aún colea en los tribunales.
En ese marco, el Gobierno y Podemos han acordado “realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente y que ya han recuperado sobradamente sus costes de inversión". El palo en el hormiguero.
El Gobierno -y sus apoyos- siguen en este punto la idea contenida en el informe sobre transición energética que elaboraron los expertos reunidos por el PSOE. El documento detalla que "en España el parque histórico de generación (nucleares e hidroeléctricas), ha sido sobre-retribuido por un importe que, dependiendo de los precios del mercado cada año, ha variado entre los 1.000M€ y los 3.000M€/anuales". Es una idea que el exconsejero de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) y hoy consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a propuesta del PSOE, Jorge Fabra, manejaba hace más de una década.
Amortizaciones y costes
Endesa y fuentes de Iberdrola niegan la mayor. Ni hay sobrerretribución, ni hay instalaciones completamente amortizadas. Las cuentas de Endesa a 31 de diciembre de 2017 recogen que frente a unos costes para las centrales hidroeléctricas de 3.309 millones, la amortización acumulada ha sido de 2.476 millones. Total: 833 millones pendientes de amortizar. La eléctrica que preside Borja Prado esgrime en defensa de sus tesis informes elaborados por Analistas Financieros Internacionales (AFI), Compass Lexecon y Solchaga Recio y Asociados, la consultora del exministro socialista Carlos Solchaga.
Por su parte, fuentes del sector al tanto de la posición de Iberdrola aseguran que en los encuentros con la administración, la compañía sostiene que en los balances de las eléctricas constan amortizaciones "contables" pendientes en las hidroeléctricas de 7.000 millones.
Frente a la defensa cerrada, otras fuentes del sector, más próximas a las tesis de Fabra que a las de las empresas, sostienen que entre 1950 y la década de los 70, las eléctricas cobraron compensaciones por encima de los costes registrados según facturas, dentro del sistema denominado OFILE –Oficina Liquidadora de la Energía Eléctrica-. Posteriormente, cobraron también parte de los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC).
Caídos del cielo
La batalla de los "beneficios caídos del cielo" afecta sobre todo a Endesa e Iberdrola. Naturgy, en plena reorganización, ve la función desde otro punto de vista. Su porcentaje de producción en España con agua y energía nuclear apenas llega al 20%. Está más en cómo se va a reformar el mercado energético y en analizar hasta qué punto los planes anunciados por el Gobierno y sus apoyos se ajustan o no a la directiva de mercado energético que debate la Unión Europea.
En España funcionan 800 centrales hidroeléctricas instaladas en ríos y pantanos. Suman 20.332 Megawatios de potencia -casi la cuarta parte del total instalado-. Aunque sin datos exactos, en los próximos 20 años se extinguirán las concesiones de unas 250 centrales, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. por el momento, la Administración no contempla la reversión de explotaciones al Estado, sino la adjudicación en concurso de las concesiones extinguidas.
Unidos Podemos presentó en el Congreso una proposición de ley que plantea regular el paso al patrimonio del Estado de las centrales que explotan las grandes eléctricas conforme sus concesiones vayan expirando.
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