Iberdrola, Endesa, Naturgy y Red Eléctrica repartirán este año entre sus accionistas 6.500 millones de euros a cuenta del pasado ejercicio. La cifra confirma que la pandemia no ha moderado los dividendos de las grandes eléctricas. Más bien al contrario. La retribución al inversor al que se han comprometido estas cuatro compañías supera en más de 1.000 millones a la de 2020, según los datos recogidos en los planes estratégicos de estos grupos recabados por La Información. El incremento se asienta sobre el 'colchón' estatal derivado de la luz verde del Gobierno a un rescate público al déficit de tarifa, el desfase entre ingresos y gastos del sistema eléctrico español.
La Junta de Iberdrola respaldó el 18 de junio acelerar el dividendo para 2021 hasta los 0,44 euros por acción, por encima de lo marcado en su plan estratégico, lo que implica repartir casi 2.700 millones de euros. Endesa aseguró la retribución de 2,014 euros por título, más de 2.100 millones en total con la italiana Enel como gran beneficiada. Naturgy confirmó hace un par de semanas el pago de 1,2 euros por acción, lo que supone liberar casi 1.200 millones de euros entre sus accionistas. Por su parte, REE dará más de 541 millones, a razón de 1 euro por acción, la misma cuantía que en 2020.
El último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sitúa el déficit de tarifa provisional, a 31 de junio, en 835 millones. Este agujero -la distancia entre lo que se re recauda a través de los recibos de los consumidores y los costes regulados del sistema- fue durante años uno de los mayores quebraderos de cabeza para los gobiernos españoles, con independencia de su signo político. España llegó a arrastrar una deuda de casi 30.000 millones entre el año 2000 y el 2013. Desde entonces, el sistema eléctrico volvió a la senda del superávit y empleó las ganancias en recortar el pasivo acumulado.
En 2019 la deuda se situó en 16.600 millones de euros. El desplome de la demanda de luz y gas a causa del coronavirus volvió a despertar al fantasma. En el contexto de la crisis sanitaria el Ejecutivo aprobó una serie de medidas con un impacto directo sobre el sistema eléctrico para, entre otras cosas, reducir los costes energéticos de autónomos y pymes. A sabiendas de que estas acciones aumentarían la deuda eléctrica, escenario del que la CNMC venía alertando desde antes del estallido de la pandemia, en Moncloa se comprometieron a cubrir con fondos públicos los costes extraordinarios que pudieran ocasionar estos 'parches' al sistema eléctrico.
Grandes eléctricas empezaron a aplicar voluntariamente ciertas medidas de alivio financiero para los consumidores antes incluso de su aprobación por el Gobierno. Es el caso de la flexibilización de los contratos de suministro, que después quedó recogido en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. "Se permite que autónomos y empresas puedan suspender temporalmente sus contratos de suministro o modificar sus modalidades de contratos sin penalización; asimismo, se les posibilita el cambio de peaje de acceso y el ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja, sin coste alguno". Y desde Moncloa se encargaron de que esta flexibilización no tuviera ningún impacto en las cuentas de las energéticas.
El Ejecutivo decidió conceder al ministerio que dirige Teresa Ribera un crédito, a cuenta de los Presupuestos Generales de 2021, por el importe equivalente a la reducción de ingresos para el sistema eléctrico atribuible a estas medidas extraordinarias. La medida blindó los ingresos de las grandes eléctricas. El Gobierno dictaminó que ese crédito se transferirá a la CNMC para su incorporación como ingreso al sistema de liquidaciones de las actividades reguladas de las instalaciones de producción de electricidad. O lo que es lo mismo, el importe del crédito pasará de las arcas públicas a los cuatro grupos que operan en el mercado regulado, es decir, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Total y Repsol.
La subida generalizada de los dividendos en el sector energético debe entenderse en este contexto. Al contrario que la banca, a la que Bruselas prohibió el reparto de beneficios desde el estallido de la crisis sanitaria, las eléctricas han aprovechado las medidas extraordinarias contra la pandemia, como el programa de emisión de bonos del Banco Central Europeo, para reducir sus costes de financiación. El auxilio estatal contra el déficit de tarifa ha servido para reforzar la solidez de un sector cuyos buques insignia llevan años considerados como las inversiones más jugosas del mercado español.
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