Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Viesgo y Red Eléctrica de España (REE) encargaron en 2018 un informe a Monitor Deloitte para convencer al entonces ministro de Energía Álvaro Nadal de la necesidad de invertir en la red de electricidad y retribuir adecuadamente -con el 7%- a las empresas propietarias. El sector ha resucitado el documento. Las eléctricas proponen al Gobierno adelantar las inversiones previstas hasta 2030 -30.000 millones de los cerca de 60.000 contenidos en los planes del Ejecutivo-. Las compañías defienden la propuesta como una forma de hacer frente a la crisis y crear hasta 40.000 empleos, pero es también una manera de asegurar ingresos sin riesgos -la retribución de las redes sale del recibo de la luz- en un momento de incertidumbre.
Las empresas ofrecen invertir de forma acelerada en las redes cuando está en el aire la aprobación de los peajes -la parte fija de la factura- tanto de la electricidad como del gas para 2021 y después de que la CNMC y el Ministerio de Transición Ecológica pactaran recortes a los ingresos regulados de las compañías. La crisis económica provocada por la pandemia supone una oportunidad para poner sobre la mesa las viejas aspiraciones y asegurar el flujo de ingresos sin riesgo que tanto gustan a los fondos que han invertido en el sector.
La idea de acelerar las inversiones para empujar la transición energética, absorber la mayor producción renovable y crear empleo tiene un punto débil: la regulación fija un límite a las inversiones anuales del 0,13% del PIB para evitar desvíos en los ingresos y gastos del sistema. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió al Gobierno que elimine el tope a la inversión durante su intervención en la cumbre empresarial organizada por la CEOE esta semana. Las empresas ya habían solicitado antes al Gobierno que abriera la mano de forma que los límites se calcularan por trienios. El Ministerio de Transición no accedió.
Ingresos excesivos
Las empresas encargaron el informe de Monitor Deloitte para hacer frente a los planes del entonces ministro Nadal para recortar los ingresos regulados de las compañías, que consideraba excesivos. El resultado fue el documento denominado La contribución de las redes eléctricas a la transición energética. El trabajo ponía cifras a las necesidades de inversión de la red hasta 2030.
Manejaba dos argumentos de peso para respaldar las demandas eléctricas: la creación de empleo y el impacto en la tarifa eléctrica. Según el documento, la inversión en redes por parte de las empresas -34.000 millones- generaría hasta 40.000 empleos. Y el impacto en la tarifa eléctrica sería beneficioso para el usuario. En la previsión del documento, el coste de las redes -que se paga en los peajes- se reduciría además hasta un 10%. Ese descenso, unido a la desaparición del déficit tarifario, el aumento de la demanda y el menor precio de la energía generada con renovables, rebajaría el coste total del suministro en un 35% en el año 2030.
Por si el argumento del empleo y la promesa de tarifas más baratas no son suficientes, el informe resucitado aporta otro dato relativo al 'hardware' eléctrico: la red de distribución ha envejecido mucho y en baja tensión -la malla que da servicio a los hogares- el 40% de los transformadores tendrá más de 40 años en 2025. O se invierte o será el colapso como ya sucedió en 2007 , con el gran apagón de Barcelona.
Propuesta con ventajas
Para la industria española, la propuesta de las eléctricas trae ventajas. Según el estudio, hasta un 95 % de la inversión necesaria en redes sería servida por industrial nacional y el peso de la mano de obra nacional se situaría entre el 50% y el 60%. Las redes eléctricas, sostiene el documento, contribuyen en cerca del 30% al Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española y suponen el 40% de todos los empleos que aporta el sector eléctrico.
La presión de las eléctricas para acelerar la inversión en redes y eliminar topes llega cuando aún no se han disipado los ecos de los recortes aplicados a las empresas transportistas de electricidad y de gas (REE y Enagás) y con los peajes todavía en el aire. Asegurar ingresos estables con actividades sin riesgo es una aspiración de siempre. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia -ahora en proceso de renovación- detectó en 2017 un incremento de la rentabilidad económica de la distribución de las eléctricas.
Según su informe, el retorno sobre la inversión (ROI) pasó del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Y la rentabilidad para el accionista (ROE) superaba el 10% en todas las empresas examinadas: Endesa Distribución, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, y Viesgo Distribución Eléctrica. Todas participaron en el estudio de Deloitte.
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