Un aluvión de recursos judiciales. Los grandes dueños de licencias VTC, utilizadas en las plataformas de Uber y Cabify, preparan miles de demandas ante los tribunales contra el decreto ley aprobado por el Ministerio de Fomento hace casi un año, que les imponía un periodo de gracia de cuatro años antes de prohibirle su actividad en los centros urbanos de las ciudades.
Finales de septiembre de 2018. Después de un verano caliente, con una huelga que colapsó el centro de Madrid y Barcelona, el Ministerio de Fomento movió ficha. Puso sobre la mesa un 'decreto ley' que abría la puerta a las comunidades autónomas para limitar al sector, algo que fue clave para que Cataluña planteara otro decreto que acabó expulsando a Uber y Cabify. El otro pilar de la modificación en la ley impulsada por José Luis Ábalos era el de la fecha de caducidad de las licencias: tenían cuatro años de 'periodo de gracia' a partir del cual sólo podían operar en trayectos interurbanos, que en la práctica significaba eliminar de un plumazo el 95% de su negocio.
Los dueños de las licencias, la mayoría grandes compañías con decenas de millones de euros invertidos en su adquisición, hicieron un primer movimiento ayudados por la patronal del sector, Unauto. Presentaron 11.000 recursos de alzada antes de final de ese año 2018, cumpliendo así el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto. En algunos casos han recibido el rechazo esperado de Fomento, mientras que en otros sólo ha habido silencio desde la administración. ¿Consecuencia? Activan el segundo movimiento.
Ese segundo acto es el que se está preparando ahora en la patronal y las grandes compañías del sector. Trabajan en la redacción de los miles de recursos no ya ante la administración, sino ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un nuevo proceso contencioso-administrativo. Se irán presentando de manera progresiva, pues las respuestas de Fomento han ido llegando en fechas distintas para cada uno de los dueños de esas licencias.
Uno de los argumentos de esos recursos judiciales se centra en el periodo de gracia de cuatro años. Ese plazo es indemnizatorio. Es decir, la administración decidió no pagar en dinero por 'inutilizar' en las ciudades esos permisos y lo hizo en tiempo. Otorgaban esa prórroga como contraprestación. Pero los empresarios del sector entienden que la fórmula que se utiliza para calcular ese plazo está "mal hecha", según precisa el presidente de la patronal Unauto, Eduardo Martín. Entienden que no se contempla el pago de impuesto de sociedades ni otros condicionantes. El objetivo es ganar tiempo y ampliar ese plazo o, al menos, obligar a revisarlo.
El otro fin con esta denuncia es tratar de llegar al Tribunal Constitucional, para que sea éste el que declare si el decreto atenta con los derechos constitucionales. Los empresarios de la VTC saben que sólo tienen una posibilidad de llegar a este tribunal para tumbar el 'decreto ley': hacer que un juez del TSJ plantee una cuestión prejudicial con la que haga al TC que se pronuncie. Es improbable que esto suceda, aunque es el único intento que le quedaría, pues un recurso ante este órgano judicial sólo se puede hacer por el Defensor del Pueblo, por 50 diputados y senadores o parlamentos regionales que se vean afectados en su autonomía.
La otra batalla: los 4.000 millones
Esta batalla es una de las dos que se libran tras este decreto de Fomento. La otra se refiere al daño que, a juicio de los grandes empresarios del sector, les ha causado en sus bolsillos. Este proceso se va completando en paralelo y, según explican desde Unauto, tienen aún unas semanas de margen. Compañías como Moove Cars (Jaime Castellanos, King Street Capital, Manuel Puga, Rafael García-Tapia...), Auro New Transport (José Antonio Parrondo, Félix Ruiz, Hugo Arévalo) o Cabify exigirán indemnizaciones por el daño patrimonial tras lo invertido en la adquisición y puesta en marcha de estos permisos y el lucro cesante por lo que dejarán de ingresar durante el denominado 'periodo de gracia'.
Aún no se han cerrado las cifras, pero ya un estudio encargado a la consultora EY apuntaba a que las indemnizaciones podían ascender hasta los 4.000 millones de euros que debían ser afrontados por las administraciones públicas, tanto regionales como la estatal. Varios informes jurídicos encargados por las empresas advertían a finales del año pasado de que se trataba de una "expropiación forzosa".
Un año desde el decreto
Mientras este proceso se ha ido sustanciando, las licencias VTC no han dejado de crecer, aunque el ritmo se ha ido desacelerando en los últimos meses. Desde que en octubre entrara en vigor este decreto -que fue convalidado con los votos del PSOE, Unidas Podemos y los partidos independentistas en el Congreso de los Diputados-, se ha pasado de algo más de 12.400 a 15.600, según las propias cifras del ministerio.
¿Qué ha pasado con la regulación en estos doce meses? España se ha partido en dos mitades. Gracias a la posibilidad de que las comunidades puedan regular para limitar la actividad de las VTC, se han crteado dos Españas. A un lado, Andalucía y Madrid se mantienen como los dos grandes 'oasis' para estas compañías, mientras Cataluña, Valencia y Euskadi han levantado murallas en forma de precontratación de estos servicios para limitarlas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios