Jueves, 15.11.2018 - 06:00 h
La reforma del mercado de la energía

Las empresas catalanas critican la rebaja de tarifas eléctricas a la industria vasca

Inquietud por el futuro de Alcoa en España; la multinacional reúne a los comités de empresa tras las quejas por los precios de la electricidad.

El Gobierno Sánchez ha pactado un trato favorable a la industria vasca en las tarifas eléctricas.
Sánchez ha pactado un trato favorable a la industria vasca en las tarifas eléctricas. / EFE

A horas de que el Congreso debata la convalidación del decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, afloran las reclamaciones. La asociación catalana de la pequeña y mediana empresa Pimec cuestiona el trato de favor que el Gobierno de Sánchez, como antes el de Rajoy, concede a la industria del País Vasco al rebajar los peajes que paga por el acceso a la red eléctrica.

Los precios de la electricidad están también detrás de la inquietud desatada en Asturias y en Galicia por las decisiones que pueda adoptar la multinacional Alcoa, que ha citado a los comités de empresa de sus factorías en Avilés (Asturias) y  Lugo y A Coruña (Galicia).

Frente a las críticas, el consejero y portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, considera que el acuerdo logrado por el PNV con el Gobierno central en el marco de las negociaciones presupuestarias "deshace una injusticia histórica que restaba competitividad a las industrias vascas". En una reciente entrevista en Onda Cero, Erkoreka, sin dar cifras, aseguró que "por mil razones técnicas, las tarifas venían siendo más caras para las empresas vascas", lo que suponía una desventaja de cara a la competitividad con otras empresas españolas e internacionales.

Una discriminación

El punto de vista de la asociación catalana Pimec es muy distinto. En su opinión, la graduación de los peajes eléctricos aprobada por el Consejo de Ministros en el decreto del viernes 5 de octubre "hace menos competitivas" a las pymes catalanas. Por ello, propone una reformulación del artículo 16 para evitar "discriminaciones en función de la ubicación" de las empresas.

El decreto que se someterá este jueves al juicio del Congreso modifica las  modalidades en función de la tensión de servicio, de forma que beneficia a la mayoría de las empresas vascas al eliminar una de las tarifas -la tarifa 6.1B- para crear una nueva -6.2- que se aplicará a las empresas que trabajan con entre 30 kV y 72,5 kV, la mayoría del País Vasco. En suma, se rebaja de 36kV a 30kV la tarifa que facilita acceder a precios más baratos.

La medida tiene su coste.  Según los cálculos de expertos y de fuentes de la CNMC, de la tarifa que desaparece (6.1b) a la recién aprobada (6.2) existe una diferencia en los peajes eléctricos de más de 80 millones, que podría llegar a más de 100 millones de ahorro a las empresas del País vasco si se suman las acogidas a otras tarifas menores.

No sólo las empresas catalanas cuestionan el trato de favor a las vascas. Tampoco le suena bien a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). En 2015, el organismo que preside José María Marín reprochaba al Ministerio de Energía de Rajoy sus concesiones al PNV al crear una nueva tarifa, la 6.1b, para abaratar costes a las empresas de la comunidad. "Ni en la propuesta de Orden ni en la Memoria que le acompaña se justifica el criterio que ha conducido a mantener los peajes para todos los consumidores excepto para los acogidos al peaje 6.1B" recogía el informe. 

Empresas de gran consumo

Para las empresas electrointensivas, el precio del suministro es vital. Es el caso de Alcoa, que en 2014 amagó con medidas duras si el Gobierno no compensaba el fin de tarifas subvencionadas -la G4- por parte de la UE. Desde entonces, las rebajas vía subastas de interrumpibilidad sólo han sido un parche. De ahí el temor, no sólo de los sindicatos, sino también de las Administraciones, a que la multinacional anuncie medidas drásticas.

La agitación empresarial en relación con las tarifas eléctricas se produce en vísperas de que el Congreso debata la convalidación del decreto del Gobierno con medidas urgentes para parchear el mercado eléctrico. Además de favorecer a las empresas vascas, el decreto elimina el impuesto al sol, amplía el bono social eléctrico y crea el bono social para calefacción.

Salvo sorpresas, el Congreso aprobará la norma. Todos los grupos -a excepción del Popular- han apoyado en el Congreso -enero de 2017 y en mayo de 2018- una proposición de ley que reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo. Ciudadanos apoyó la iniciativa en enero de 2017, aunque luego vetó su tramitación junto con el PP en la Mesa del Congreso. En mayo de este año, PSOE, ERC, PNV, PdeCat y Coalición Canaria volvieron a presentar la proposición de ley. 

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