Se avecina un nuevo ‘destape’ en las remuneraciones de los consejeros en empresas cotizadas. En una norma puesta a consulta por el Gobierno se obligará a las sociedades cotizadas a explicar y razonar en base a qué fijan sus políticas retributivas, y cómo las modulan en función de la opinión que emiten los accionistas cuando las votan en las juntas generales. Busca alinear al máximo el interés del inversor con la estrategia a largo plazo en la compañía y que el escrutinio de su difusión tenga consecuencias efectivas.
La crisis rompió la confidencialidad con que siempre se habían mantenido los emolumentos de los administradores tras detectarse a escala mundial el efecto nocivo de los tan populares ‘bonus’ y ‘stock options’ porque establecían incentivos a cosechar rápidos rendimientos empresariales en detrimento, en no pocas ocasiones, de la viabilidad y sostenibilidad de las compañías. La idea de someterlos a la disciplina del mercado cobra relieve a nivel mundial, aunque primero como consejo o recomendación en las guías de buen gobierno corporativo.
España da el salto a exigirlas en la ley ‘saco’ de Economía Sostenible donde el Gobierno reguló en 2011 desde la “ley Sinde” sobre descargas de contenidos a través de internet, la extensión de la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años o cambios en las primas a las fotovoltaicas. Se imponen informes anuales con detalle individualizado de las remuneraciones por los distintos conceptos variables y fijos, con la obligación de someter la política a votación en junta de accionistas.
La nueva vuelta de tuerca llegará de la mano de la transposición de la directiva 2017/828 que el ministerio de Economía de Nadia Calviño ha decidido agilizar, junto al paquete de hasta 14 directivas atascadas en su tramitación parlamentaria por el anterior Ejecutivo y sobre las que España se expone a gruesas multas por su retraso. No es el caso, aún, de la que entra de lleno en retribuciones de consejeros, y que busca con varias iniciativas fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en la gerencia empresarial.
El texto europeo es un tanto peculiar porque deja descansar en manos de los Estados gran parte de la formulación de las reglas, imponiendo solo objetivos a perseguir en ciertos aspectos. Entre los que se sujetarán a esa discreccionalidad del regulador nacional y donde sí impone guías comunes es en que las compañías cotizadas expliquen "el proceso de toma de decisiones que se ha seguido para su determinación, revisión y aplicación” de la política retributiva y los “cambios significativos y cómo se tiene en cuenta las votaciones de la junta y los puntos de vista de los accionistas sobre dicha política”.
Al desglose deberá unir la evolución de la remuneración individualizada de sus consejeros, algo que no suele incluirse y obliga a cotejar los informes anuales de distintos ejercicio; junto a la marcha del rendimiento de la sociedad y adjuntar un cálculo de la retribución media sobre una base equivalente de la plantilla durante un periodo de “al menos los cinco ejercicios más reciente" para poder establecer comparaciones. Una foto buscada para equiparar salarios de administradores con la realidad empresarial. Los datos quedarán además -todos ellos- expuestos al público en sus webs durante un mínimo de diez años.
Que la brecha salarial entre los primeros espadas de las grandes compañías y los empleados suele ser abismal es habitual en cualquier mercado aunque se carece de tales censos oficiales. Un reciente estudio divulgado por CCOO y la Fundación 1º de Mayo, concluye que la retribución de los primeros ejecutivos del Ibex superó en 123 veces al salario medio de sus plantillas en el año 2016, un 9% más que el ejercicio anterior. Los sueldos de la cúpula o los primeros ejecutivos se mueven en cifras millonarias, pero no es todo el consejo. Los ingresos medios por consejero se situó en unos 441.000 euros anuales -incluye los 482 cargos en empresas del Ibex-, según otro informe elaborado por KPMG.
La directiva, que debe ser adaptada al ordenamiento jurídico antes de mediados de 2019, pone coto igualmente a las inversiones especulativas obligando a los fondos que inviertan en una cotizada a desvelar públicamente su estrategia e implicación a largo plazo. Por otro lado someterá también a los denominados 'proxy advisors' o asesores de voto a los que acuden muchos inversores institucionales para ejercer sus derechos políticos porque las futuras reglas les exigirán aprobar y difundir su código de conducta y la metodología que utilizan para emitir sus recomendaciones de voto.
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