La patronal que agrupa a las empresas gasistas, Sedigás, ha sacado la carta de los fondos de inversión en la negociación abierta con el Ministerio de Transición Ecológica para que suavice el tijeretazo a la retribución del sector entre 2021 y 2026 que propone la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Las empresas han encargado a la consultora PWC un informe que advierte sobre las consecuencias de un cambio en el modelo regulatorio no sólo para la inversión extranjera en el sector del gas, sino para la inversión de los fondos en empresas cotizadas y deuda pública.
Las empresas ya utilizaron la misma carta en los contactos que mantuvieron con la CNMC antes incluso de que el organismo regulador estrenara sus nuevas competencias enero de este año. Según su argumentario, el impacto del hachazo en la estabilidad accionarial de empresas cotizadas y en la inversión extranjera en la economía puede ser muy significativo. Si los recortes salen adelante, sostienen Sedigas y PWC, los comités de inversión de los grandes fondos "se lo van a pensar" antes de invertir en España.
Frente a las tesis de las empresas gasistas, la CNMC considera que las empresas reguladas han tenido ingresos excesivos durante demasiado tiempo. La consecuencia es que han atraído como imanes a los fondos, siempre a la busca de rentabilidades seguras y con el mínimo riesgo. No es una presencia neutral. La CNMC está convencida de que los grandes inversores institucionales presionan, y mucho, para mantener las altas rentabilidades y para animar a las grandes propietarias de las redes de transporte, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás a emprender aventuras de inversión que aseguren dividendos futuros.
Una apuesta fuerte
Los fondos detectaron hace tiempo el potencial de los negocios regulados en España y apostaron fuerte. En los últimos años, los grandes inversores han tomado posiciones en empresas como Iberdrola o Naturgy; en las empresas participadas por el Estado y en sociedades de menor tamaño como Reganosa -en la que participan la argelina Sonatrach y el grupo japonés Sojitz- o Madrileña Red de Gas.
Fondos de EE UU (Black Rock), de Reino Unido (CVC), de Qatar, Kuwait (KIA) o Noruega (Norges Bank) participan en un negocio cuyos beneficios dependen del BOE. Ha sido y es una buena inversión. Han obtenido rentabilidades por encima de las que obtienen las empresas de telecomunicaciones o Aena, que se sitúan entre el 6,48% y el 4,40%,según sostienen en la CNMC.
Esa rentabilidad, sin apenas riesgo, es la que ha permitido a REE, participada en un 20% por el Estado, y a la gestora del sistema gasista, Enagás -5% de la SEPI- a entrar en un exclusivo club: el S&P Europe 350 Dividends Aristocrats Index, compuesto por empresas europeas que han aumentado sus retribuciones cada año durante al menos diez y de forma consecutiva. Un balneario para los fondos de inversión.
Esa situación está amenazada, lo que no gusta a las compañías gasistas. Estas defienden -apoyadas en los propios planes del Ejecutivo socialista para la transición energética- que sólo el gas garantiza el camino hacia una economía descarbonizada sin poner en riesgo el suministro. Sedigás recuerda que el Gobierno del PP, en 2104, ya recortó las retribuciones y ajustó los peajes en 240 millones para garantizar la estabilidad del sector y la recuperación total de un déficit acumulado de 900 millones. Si hay nuevos tajos en la retribución, desaparecerá el crecimiento potencial del sector -1,3 millones de nuevos puntos de suministro-, con un beneficio estimado para el país de otros 900 millones y un ahorro en emisiones contaminantes de 1.710 kilotoneladas de CO2.
No todo el mundo comparte los números de la patronal del gas. Más allá de los ajustes de la CNMC, hasta 11 asociaciones industriales reclaman la revisión y el recorte de peajes en el sector. Siderúrgicas, empresas fabricantes de vidrio, papeleras, petroleras, empresas de cerámicas, químicas y textiles han hecho llegar su respaldo al presidente de la Comisión, José María Marín Quemada.
Los industriales se quejan porque, según sus números, la competitividad del gas para las instalaciones industriales ha empeorado. Afirman que pagan precios entre un 20% y un 25% más altos que el de sus competidores europeos y en costes regulados -los que ocupan a la CNMC- los peajes están un 45% por encima de la media europea.
Sedigás lo niega de plano. Con datos de Eurostat, la patronal estima que la factura de un consumidor industrial con un consumo de 3 a 30 GWh/año se sitúa en España en 27 euros MWh. Por detrás de países como Francia, Alemania o Portugal y sólo ligeramente por encima de la media de la UE (25 euros MWh). La polémica puede prolongarse ya que el nuevo periodo regulatorio para el gas no arranca hasta enero del año 2021.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios