Con un Gobierno en funciones, nuevas elecciones a la vista y la mayor parte de las reformas energéticas en el alero, hay algo que se mantiene: la presión de las grandes empresas e industrias para asegurar una rebaja sustancial en la factura por energía consumida. Tres ministerios, Industria, Hacienda y Transición Energética, negocian con las asociaciones empresariales e industriales medidas de apoyo que no vulneren las líneas rojas que impone Bruselas. Las grandes empresas intentan obtener 600 millones en ayudas, moduladas a lo largo de dos o tres años, según fuentes cercanas a la negociación.
Empresas e industrias están pendientes de un nuevo encuentro con los ministerios este mes de septiembre. La última reunión tuvo lugar en julio. Desde entonces ha pasado mucha agua bajo los puentes. En el caso del sector energético han sido aguas revueltas porque la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha redactado 14 circulares que han agitado el sector. Entre otras cosas, la Comisión ha propuesto una rebaja en la retribución de las redes de gas y de electricidad que ha recibido el apoyo de la industria.
Las grandes empresas e industrias, representadas por asociaciones como AEGE y organizaciones sectoriales como Unesid, AOP, Ascer o Feique, admiten que la negociación no es fácil. El Gobierno está en funciones y no puede aprobar las herramientas básicas que reclama el sector. Una de esas herramientas es el Estatuto de Consumidor Electrointensivo. Va por su segundo borrador. El primero no pasó el filtro de Bruselas porque contemplaba mecanismos de ayuda muy cuestionados (pagos por capacidad, interrumpibilidad).
En la nueva redacción, las posibles ayudas van por otros caminos. Y con otros ritmos. Son 600 millones a modular en dos o tres años ante las dificultades para consolidarlos en una sola etapa. Las ayudas saldrían -con el permiso de Hacienda- de los ingresos que proporcionan las subastas de derechos de emisión, en torno a 1.300 millones. Desde el punto de vista de las empresas, debería ser un mecanismo de asignación consolidado y no dependiente de la adjudicación presupuestaria anual. Las claves son el impulso a los contratos bilaterales de suministro eléctrico con productores de energía para que puedan buscar mejores ofertas y ayudas para compensar los cargos para financiar a las energías renovables.
En el primer apartado colabora Cesce, la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA). Cesce, según fuentes al tanto del proceso, está aconsejando en el diseño de nuevos modelos de contratación de energía que funcionan con éxito en países como Noruega. Todo para compensar la progresiva desaparición del mecanismo tradicional de apoyo, la interrumpibilidad -cobros por desconectarse de la red eléctrica cuando es necesario- que cuestiona Bruselas. La fuente está dejando de manar. La última subasta de interrumpibilidad celebrada en diciembre de 2018 repartió apenas 186 millones, tras años en los que la media superaba los 500 millones.
Frenazo del consumo
Una de las bazas de empresas e industrias en las negociaciones con el Gobierno es el frenazo en el consumo eléctrico que se detecta en sectores industriales clave. Según el gestor del sistema eléctrico Red Eléctrica de España (REE), las grandes empresas consumidoras de energía han ajustado el consumo tanto que la demanda eléctrica en la industria ha caído a ritmos desconocidos en la década. Las compañía automovilísticas han reducido la demanda entre agosto de 2018 y julio de este año en un 10,4%; las refinerías un 12,6% y la industria química un 7,5%.
El posible bajón en la actividad que se desprende de los datos de consumo de energía caen sobre un terreno que aún no se ha recuperado de la crisis. En lo peor de la recesión, entre los años 2009 y 2014, se destruyeron más de 800.000 puestos de trabajo en la industria, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Pese a que el PIB ha crecido en los últimos años a buen ritmo, la industria sólo ha creado 361.000 empleos.
Los negociadores de la gran empresa recuerdan que fue el Gobierno quien reconoció hace un año la necesidad de tomar medidas para aliviar la carga que supone la carestía de la energía para la industria. Lo hizo en el Real Decreto 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética: la energía, dice la norma "representa un insumo principal en los procesos productivos de las empresas, industrias y cooperativas, así como en el sector primario, condicionando la productividad y competitividad de estos sectores".
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