La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) presume de que las 15 empresas de su portfolio, en las que trabajan más de 73.000 trabajadores, disponen de sistemas de registro horario desde la época del antiguo INI, cuando había un hólding estatal de empresas industriales con un peso fundamental en la economía del país. Sin embargo, no todas las empresas públicas están adaptadas a los parámetros de la nueva regulación impulsada desde el Ministerio de Trabajo y a algunas de ellas no les ha quedado más remedio que negociar con los representantes sindicales una prórroga para evitar que la activación de la norma les coja en un renuncio.
"Las empresas no se han tomado en serio el Registro Horario Obligatorio", se lamentaba esta semana la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, después de encajar la avalancha de críticas recibidas por el supuesto caos regulatorio desencadenado por una norma que llevaba aprobada desde hace más de dos meses, pero cuya implantación efectiva ha cogido a muchas empresas sin los deberes hechos. En parte también por la demora del Ministerio a la hora de publicar la guía que debía orientar la aplicación práctica de la nueva regulación, que no vio la luz hasta bien entrado el día 12 de mayo, el primero en que la obligación de disponer de un Registro Horario se hizo efectiva para las empresas.
El desahogo de la ministra se puede aplicar también a algunas empresas públicas que han esperado a la semana pasada para reunirse con los sindicatos y plantearse qué hacer con las obligaciones establecidas por el nuevo Registro Horario. Es el caso de Paradores. La dirección de la empresa estatal que gestiona el cerca de un centenar de espacios singulares orientados a la captación de turistas se reunió con los representantes sindicales para plantear un calendario de implantación del nuevo sistema de control de horarios de la compañía.
Paradores pretende extender a sus 93 establecimientos el sistema de reconocimiento facial que ya ha activado en 22 de ellos en un plazo no superior al 31 de julio. El periodo se sitúa en el borde de los aproximadamente dos o tres meses del periodo de gracia que la Inspección de Trabajo ha acordado dar a las empresas para adaptarse a la nueva regulación, aunque al tratarse de un acuerdo con los sindicatos el asunto no tiene por qué plantear mayores problemas.
Fuentes sindicales explican que Paradores ha tenido que optar por el sistema de reconocimiento facial -que exige una inversión de entre 500 y 1.000 euros por dispositivos, según las fuentes consultadas- debido a que entre las trabajadoras de la limpieza es habitual que sus huellas no sean reconocibles por el efecto del uso de químicos en su trabajo cotidiano.
Otra de las empresas que ha tenido que negociar una prórroga temporal con la representación sindical es Correos. El operador postal estatal ha acordado con los sindicatos la utilización de un sistema analógico de registro de jornada, a través de una hoja de firmas en la que quedará reflejado tanto el inicio como el fin de la jornada de cada empleado, en tanto prepara sus oficinas y su infraestructura tecnológica para la implantación de un sistema digital, que no llegará hasta principios del año 2020, según reconoció la Dirección de Correos a los sindicatos en una reunión que tuvo lugar el pasado 9 de mayo.
El sistema de 'hoja de firmas' elegido por Correos está en la frontera del cumplimiento de los principios de "fiabilidad, trazabilidad e imposibilidad de enmienda posterior" que exige la norma, pero la compañía ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos lo que según la norma gubernamental blinda la voluntad de cumplimiento de las empresas en tanto se establece un sistema más definitivo.
La peliaguda cuestión de la subcontratación en las empresas públicas
Las fuentes sindicales consultadas admiten, no obstante, que el asunto del registro horario no tiene por qué generar ningún problema en el ámbito de las empresas públicas. Al menos, no en la gestión de la plantilla de las mismas. Más dudas albergan respecto al control de las empresas externas contratadas por gigantes como Renfe o Tragsa "en las que tenemos la certeza de que no se cumplen los horarios pactados en los contratos", asegura un delegado sindical de una empresa pública.
Según las fuentes consultadas, los sindicatos ya han hablado de este ámbito de actividad y tienen el compromiso de fiscalizar especialmente el cumplimiento de los horarios en las empresas externas para evitar abusos. El Ministerio de Trabajo ha dejado claro que en el caso de las subcontrataciones de servicios la empresa responsable de garantizar el cumplimiento de los horarios será la que contrata esos servicios y que, por tanto, si la Inspección detecta alguna irregularidad será la empresa principal la que sea sancionada.
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