“Muchas gracias, se ha hecho justicia… pero la justicia después de ocho años ¿es justicia?”, se lamentaba este mismo martes uno de los absueltos en el caso Bankia que ha sufrido en primera persona el calvario de toda la instrucción de este caso y el anterior de las tarjetas ‘black’. A pesar de todo lo ocurrido, otro de los implicados se resignaba a reconocer que “las cosas son como son, y así hay que admitirlas. En el caso de las ‘black’ nos equivocamos y hemos pagado por ello, pero ahora queda claro que en el caso Bankia fueron muchos los factores que influyeron, incluidos los políticos y económicos del momento, por los que nos han querido hacer pagar”.
La cuestión que queda en el aire ahora, destapada con crudeza por el tribunal, es que, si “resulta evidente a todas luces es que el proceso que culminó con la salida a bolsa de Bankia fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones”, ¿por qué se intervino la entidad y se echó para atrás una solución que podía ser factible para salvar a la entidad? ¿Hasta qué punto los factores contables y técnicos fueron la clave de la decisión de intervenir el banco por parte del Gobierno de Rajoy, frente a intereses de otro tipo, como políticos o sectoriales?
“En la caldera había basura acumulada desde la época de Franco”, señala uno de los directivos que se metieron a analizar las cuentas de Caja Madrid y las otras siete cajas que conformaron BFA, para reconvertirlas en una entidad despolitizada y acorde con las normas contables que ordenaba Europa. “Había hipotecas que estaban mal desde muchos años atrás, y a nosotros nos achacaban el deterioro de todas esas cajas”, advierten ahora una vez liberado del yugo judicial y a la vista de que la sentencia reconoce que Rato y los 33 inculpados absueltos ahora no eran los culpables de las pérdidas que las cajas unidas acarreaban. Es más, esa es la base de la ‘reprimenda’ que la juez lanza contra la fiscal, por cambiar de criterio y acusar sin hechos y con “generalidades”.
La crisis como un hecho probado
Es significativo que uno de los hechos probados que destaca la sentencia sean la crisis económica que azotaba España en 2010 y 2011 y que estaba provocando un deterioro muy rápido del mercado inmobiliario y de la situación financiera de muchas entidades financieras, sobre todo cajas, que en España estaban en proceso de desintegración total.
“La situación económica de nuestro país durante el último trimestre de 2011 y primer semestre de 2012 fue de auténtica crisis mutándose los datos que se manejaban en el momento de la salida a bolsa de Bankia, que era positiva, consecuencia de la tenue recuperación de la economía española en la primera mitad del año 2011, se debilitó a partir de los meses estivales y cambiando de signo en el último trimestre, tornándose en negativa”, admite la sentencia, con datos del INE y del Banco de España.
Esa situación quedó bien reflejada en uno de los informes clave que se presenta en el consejo de la entidad en el que se advierte que, la cartera de activos resultante de la fusión de las cajas está compuesta por “más de 350 socios de los que un 80% son promotores, en su mayoría insolventes”. Era la debacle después de una época en la que tener un piso en el centro de la ciudad se consideraba un tesoro millonario, “pero que en el caso de lo que ocurría en Banckia, en en seis meses había pasado de valer diez, a uno”, señala uno de los imputados ahora liberados por la sentencia.
El momento político del PP
De la misma manera que el caso Bankia no ha podido evitar el impacto de la crisis, los hechos no pudieron ser ajenos al momento político que vivía el PP y esa presión también se dejó notar sobre la cúpula directiva de la entidad. La sentencia del caso refleja claramente que el entonces ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tuvo un papel importante en el devenir de la crisis. Rato se reunión con él y con los presidentes de los otros tres principales bancos del país el 4 y 5 de mayo de 2012, para conocer las nuevas exigencias de solvencia que obligaba la evolución de la crisis financiera y exponerles su ‘Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora’.
Fue en ese encuentro político con el que había sido su secretario de Estado de Economía en el Gobierno de Aznar, ahora elevado a ministro, donde los 7.000 millones de euros en ayudas que el plan de Rato y su equipo marcaban como necesarios se echaron para atrás, se frenó en seco una operación que después se puso en entredicho ante los jueces y, tras ocho años (cinco de instrucción), se ha considerado que, cuando menos, era legal y no engañaba a nadie. “…El Sr. Ministro D. Luis de Guindos, secundado por los presidentes del BBVA y Santander, Sres. González y Botín, consideró insuficiente el plan explicado por D. Rodrigo de Rato, entendiendo que era necesario incrementar la cifra de ayudas públicas en una cuantía muy superior a los referidos 7.000 millones de euros, cercana a los 15.000 millones de euros, extremo éstos que el Sr. Rato estimó inasumible y desproporcionado, anunciando su dimisión el siguiente día 7 de mayo de 2012 y comunicándola a la CNMV como hecho relevante”, explica la sentencia.
Sin poner en cuestión esa decisión ni los cálculos que unos y otros puedan hacer, lo que los directivos afectados tienen claro ahora, una vez absueltos y con los fundamentos jurídicos de la sentencia sobre la mesa, es que “esa decisión política dejaba para unos años fuera de juego a la entidad líder en Madrid y Valencia, en plena crisis, además de a Rodrigo Rato como tal”.
Eran los tiempos del primer Gobierno de Rajoy, que llegó en noviembre de 2011 tras perder frente a Zapatero en 2008 y tuvo que gobernar contra una crisis terrible en contra de muchos de sus postulados programáticos. Ocho años después y tras el tsunami del caso Villarejo, la operación Kitchen y la sentencia de Gürtel, están saltando a la luz muchas cuestiones en las que aquel Gobierno estaba enfrascado al mismo tiempo que vigilaba la crisis de Bankia, sobre cuyos directivos cayó todo el peso de la opinión pública cuando se descubrió el agujero de la entidad, pero que la sentencia de este martes exonera de toda responsabilidad porque no engañaron a nadie.
Tras todo este tiempo y al coincidir la sentencia con la apertura del sumario del caso Kitchen, es inevitable que alguno de los directivos implicados piense que “las tarjetas y Bankia fueron un montaje de Rajoy y los suyos para distraer la atención de su corrupción”, señalan. El problema es que tendrán que pasar, al menos, otros ocho años para saber si esa aseveración es cierta o solo viene a cuento comentarlo ahora. Mientras tanto, Bankia unirá su destino a Caixabank en breve y culminará una operación que, precisamente Rato, ya planteaba como solución a la crisis hace casi una década.
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