La supervisión de los mercados energéticos

Enagás y Audax en el punto de mira: las investigaciones 'secretas' de la CNMC

El supervisor investiga prácticas contrarias a la competencia en el gas y en la electricidad bajo la dirección de la nueva presidenta del organismo Cani Fernández.

Cani Fernández, presidenta de la CNMC.
Cani Fernández, presidenta de la CNMC.
EP

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) tiene abiertas al menos dos investigaciones en el sector energético que pueden acabar en sanciones de altura. Formalmente, las dos son secretas. En la práctica, ya es público que las compañías afectadas son Enagás (5% de la SEPI) y  la comercializadora de electricidad Audax. Las dos son empresas cotizadas y las dos han declinado valorar las iniciativas del organismo que preside desde hace cuatro meses la abogada Cani Fernández. La nueva dirección de la CNMC tiene ante sí un reto: agilizar el proceso de sanciones y, sobre todo, que estas se hagan efectivas.

La última investigación "secreta" afecta a la compañía Enagás, el gestor del sistema gasista. Competencia analiza si la emprea que preside Antonio Llardén, regulada y participada por el Estado, llevó a cabo“una posible práctica anticompetitiva en el mercado del gas natural en España”. Enagás no ha hecho comentarios sobre la investigación, que parte de una denuncia de otra empresa, Reganosa,  que se dedica a lo mismo que la denunciada -el transporte y regasificación de gas natural- y que se siente perjudicada por las prácticas de Enagás como gestor del sistema al primar a sus regasificadoras.

Enagás tiene cuatro plantas de regasificación en Barcelona, Cartagena, Huelva y Gijón. Además, cuenta con el 50% de la Planta Bahía Bizkaia Gas (BBG), en Bilbao, y el 72,5% de la terminal de Saggas, en Sagunto. La queja que ha provocado la investigación de la CNMC afecta al uso preferente que Enagás da a la instalación de Bilbao frente a las de su competidora Reganosa.

Captar clientes

Además de la investigación en el sector del gas, la CNMC tiene abierta otra investigación en el sector eléctrico. Afecta al grupo Audax y examina presuntas irregularidades en la captación de clientes denunciadas, entre otros afectados, por el grupo EDP. Según la denuncia, Audax habría utilizado prácticas para conseguir clientes prohibidas por ley desde el año 2018. La compañía ha interpuesto un recurso de alzada ante la Sala de Supervisión Regulatoria contra los dos expedientes abiertos en su contra.

Los expedientes abiertos a Enagás y Audax pueden convertirse en una piedra de toque para la nueva dirección de la CNMC tras la salida de José María Marín Quemada y otros cuatro consejeros tras cumplir su mandato. En el sector de la energía, la última sanción de Competencia con Marín al frente fue para  Endesa. El supervisor impuso a la eléctrica una sanción de 300.000 euros por  tres contratos de suministro irregulares denunciados. La multa llevaba rebaja. La propuesta inicial de sanción fue de 600.000 euros por cada documento presuntamente alterado.

A falta del cierre de 2020, la suma de sanciones comunicadas por la CNMC desde 2015 se acerca a los 1.900 millones de euros. Los ejercicios de 2015 (600 millones), 2016 (440 millones) y 2019 (470) registraron las sumas más cuantiosas. En el año 2019, el de fin de mandato de la anterior presidencia, los expedientes sancionadores se duplicaron respecto al año anterior.

Comunicado, no cobrado

Expediente abierto y comunicado no significa expediente cobrado. Las compañías sancionadas, muchas de ellas con potentes equipos de abogados, dan la batalla en los tribunales casi por defecto y los pleitos duran años.  Los errores en los registros, defectos en el procedimiento, retrasos judiciales y sentencias en contra de los tribunales, limitan las sanciones reales. Pese a las dificultades, la CNMC espera recuperar el 80% de las sanciones en seis o siete años, lo que tardan en concluir de media los procedimientos judiciales en curso.

El ya expresidente Marín Quemada llegó a reconocer a mitad de mandato -año 2017-  que de las sanciones impuestas se había cobrado "una cifra muy menor, no significativa". La razón estaba - y está- en las complicaciones del sendero judicial. Los recursos ante la Audiencia Nacional llevan tres o cuatro años y a ellos hay que añadir otros dos o tres en nuevas reclamaciones ante el Tribunal Supremo. Total, seis o siete años para resolver el caso en el mejor de los supuestos. Es también un reto para la nueva dirección de la CNMC.

Mostrar comentarios