Enagás ha decidido no pelear en los tribunales contra el recorte de ingresos -10,5%- propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y aprobado por el Gobierno para el periodo 2021-2026. La compañía, participada en un 5% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), evita así un choque con el Ejecutivo en pleno debate sobre el papel que debe jugar el sector público en empresas como Red Eléctrica de España (REE) o la propia Enagás. Las dos tienen mayoría de capital privado, pero son propietarias y gestoras de las redes estratégicas de electricidad y de gas. Enagás se aparta de la estrategia de otras gasistas afectadas por recortes como Naturgy o Madrileña Red de Gas, que se preparan para dar la batalla legal.
El presidente de Enagás, Antonio Llardén, un auténtico superviviente - fue nombrado en la etapa de Gobierno de Rodríguez Zapatero y lleva 13 años en el cargo- no quiere líos. Llardén, apoyado en una buena gestión, se mostró muy combativo el pasado año contra las propuestas de recortes a las actividades reguladas en el sector de la energía de la CNMC. En julio, la compañía advirtió de que adoptaría las acciones y medidas jurídicas "que resulten pertinentes en todo momento en la defensa de sus intereses y los de sus accionistas". La compañía cargó con dureza contra la reforma porque en su opinión, ponía en riesgo "las inversiones futuras en nuevos servicios y los objetivos comprometidos de lucha contra el cambio climático".
Las cosas han cambiado. La circular de transporte y regasificación de la CNMC fija la retribución del conjunto de las actividades de transporte y regasificación para el periodo regulatorio 2021-2026 en 5.920 millones. Para Enagás es un recorte importante -10,5% en la retribución media- pero la mitad de lo propuesto incialmente. La norma ha pasado los filtros del Consejo del Estado y del Gobierno, y eso ha sido suficiente para la empresa.
Enfrentamientos
Las fuentes consultadas en Enagás confirman que la compañía ha tomado la decisión de no recurrir los recortes sobre bases "jurídicas y a la vista del informe y los argumentos del Consejo de Estado [acerca de la ciruclar]". El acuerdo se adoptó en diciembre, por lo tanto, mucho antes de que se conocieran hasta dónde habían llegado las aguas del enfrentamiento entre las empresas con actividades reguladas y el Gobierno con la dimisión del presidente de Red Eléctrica de España (REE), Jordi Sevilla.
Con la decisión de evitar el choque, Llardén se sale de la vía que siguen otras empresas como Naturgy o Madrileña Red de Gas o la asociación Sedigás. Naturgy se ha personado en el Consejo de Estado para tener acceso a los últimos trámites de la circular que recorta los ingresos de las distribuidoras. Como Enagás, advirtió en julio pasado de que acudiría a los tribunales para defender los intereses de sus accionistas. De momento, prepara la munición legal. También lo hacen la asociación del sector, Sedigás y Madrileña Red de Gas.
Los recursos están en elaboración, según confirman fuentes de las empresas. Se basan, sobre todo, en la escasa calidad de los datos utilizados por la CNMC para sostener sus análisis y los recortes. En concreto, cuestionan el análisis de los técnicos porque al calcular ratios de rentabilidad consideran al sector gasista como un todo, sin tener en cuenta que engloban no sólo la actividad de distribución -la más afectada por el hachazo-, sino también otros combustibles gaseosos, desde el butano a los gases que emplean los aparatos de aire acondicionado. Todo ello habría llevado a la CNMC a utilizar datos "contaminados" con los de otros sectores.
Números antiguos
Los números, alegan las empresas, son también antiguos. Ponen ejemplos. Como los utilizados a la hora de calcular el ROE (Return of Equity) -rentabilidad financiera- por sectores. Según consta en las alegaciones de Sedigás, la CNMC ha utilizado datos de la Associació Catalana de Comptabilitat y Direcció (ACCID) que no son comparables. Todo aderezado con datos de Eurostat de 2016, según destacan las compañías.
La polémica que dura ya meses ha afectado a las inversiones en el sector, según la información que maneja Sedigas. Su presidenta, Rosa María Sanz, lo destacó en un encuentro reciente con los medios. Los analistas también se han hecho eco en sus informes del impacto negativo en el sector de los anuncios de recortes. Los expertos del Banco Santander, por ejemplo, han cuestionado la metodología aplicada para justificar la propuesta de recortes -"el recorte de 239 millones [media anual] no está suficientemente justificado" sostienen.
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