La eléctrica Endesa, en plena reconversión, ha firmado un nuevo convenio colectivo con UGT y ha anunciado un plan de bajas voluntarias para el 10% de la plantilla. La idea es asegurar la paz social en la empresa -8.700 empleados activos y 28.000 pasivos- en un momento clave para el negocio. Pero hay un problema. La dirección de la compañía cuenta sólo con el apoyo del sindicato mayoritario UGT. Los sindicatos CC OO y SIE no han firmado el nuevo convenio y mantienen un recurso en el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional de marzo de 2019 que permitió a la eléctrica retirar beneficios sociales a sus jubilados. Una decisión del Supremo favorable a los recurrentes podría devolver la partida al punto de inicio.
La eléctrica dispone de una partida que ha acumulado ya 900 millones para atender esos beneficios sociales. El nuevo convenio -tras arbitraje y laudo de obligado cumplimiento- reconoce a los jubilados y empleados el derecho a una tarifa subvencionada, pero con rebajas respecto al anterior convenio. El resultado es un ahorro que la compañía no cuantifica, pero que deberá tener su reflejo en las cuentas anuales.
La dificultad está en que los sindicatos CC OO y SIE mantienen, al menos de momento, el recurso ante el Supremo. Una hipotética sentencia del alto tribunal contraria a la Audiencia Nacional y a los intereses de la compañía, dejaría en el aire el convenio y también el esquema de beneficios sociales pactado, según las fuentes consultadas. Ante esta posibilidad, Endesa se tienta la ropa. El Supremo tiene sus tiempos y no se espera una decisión antes del verano. Pero los auditores y los accionistas también tienen sus propios tiempos.
Cambio de auditor
Endesa ha cambiado este año de auditor, de EY a KPMG, pero se mantienen las dudas sobré cómo reflejar en las cuentas el final de la pelea de dos años con la plantilla. EY llegó a solicitar a la eléctrica el pasado año que asumiera en sus resultados de explotación la partida de beneficios sociales tumbada por la Audiencia Nacional, que ascendía entonces a unos 800 millones. La dirección no decidió al respecto para esperar a la conclusión de las negociaciones con los sindicatos. Estas se han cerrado, pero la pelea legal sigue, lo que obliga a la empresa a negociar con su nuevo auditor cómo y cuándo se ajustan las cuentas.
Todas las partes implicadas saben que la pelota está ahora en el tejado del Supremo. Fuentes de UGT, el sindicato que ya ha firmado el nuevo convenio, admiten que van a acudir al tribunal para poner en su conocimiento el acuerdo alcanzado con la empresa. La intención es que los jueces tomen nota, lo den por bueno y desistan de entrar en la disputa. Los sindicatos minoritarios, sin embargo, no lo tienen tan claro. Las fuentes consultadas en CC OO aseguran que el recurso se mantiene. Al menos de momento.
Las diferencias entre los sindicatos, que se mantienen, acabaron en un arbitraje que el SIMA, -el servicio encargado de las mediaciones- encargó al exministro de Trabajo del PP, Manuel Pimentel. El árbitro ha cerrado el tema más espinoso, la desaparición de las tarifas eléctricas para empleados, con una decisión salomónica. Los jubilados recuperan hasta 9.000 kWh al año bonificados, mientras que los trabajadores activos tendrán 6.000 kWh al año gratuitos. Son cifras por debajo de las que llegaron a manejar las partes en la mesa de negociación, pero cierran el debate a la espera del Supremo.
Frente dividido
Aunque el frente sindical está dividido y solo UGT ha firmado el convenio, el laudo ha engrasado la relación con la dirección de la empresa que preside Juan Sánchez Calero. CC OO y SIE no han firmado el nuevo convenio, pero sí han rubricado el acuerdo marco de garantías para los trabajadores de filiales y también el acuerdo voluntario de salidas planteado por la compañía.
El plan de salidas de la eléctrica conocido esta semana está dirigido a todos los empleados que hayan cotizado al menos 25 años. La compañía se compromete a sufragar hasta 15 años de salario a quienes cumplan el requisito, aunque con rebajas de entre el 40% y el 20% respecto al salario real, según el tiempo que falte hasta la edad de jubilacion de 65 años. Las salidas tendrán que contar con el visto bueno de la empresa. El objetivo es conseguir la salida de más de 1.000 trabajadores, alrededor del 11% de una plantilla de 8.700 personas.
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