Endesa cumple dos años sin convenio en pleno cambio del carbón a las renovables

Endesa cumple esta semana dos años sin convenio colectivo en la empresa, lo que mantiene en vilo a 8.500 empleados y 26.000 extrabajadores de la primera eléctrica de España por número de consumidores y cuota de mercado. La ausencia de un nuevo marco de relaciones laborales, mientras la compañía intenta virar con rapidez del carbón a las energías renovables, ha llevado la inquietud a la plantilla y a las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas. Los sindicatos, divididos, esperan para finales de enero el laudo arbitral encargado al exministro Manuel Pimentel tras un acuerdo entre UGT y la dirección de la empresa.

La suerte está echada. En septiembre, la compañía anunció el adelanto de los planes de cierre de su parque de generación más contaminante. Los  extendió de las centrales que quemaban carbón nacional (Compostilla y Andorra, en León y Teruel, respectivamente) a las que utilizaban carbón importado. El pasado viernes 27 de diciembre, Endesa presentó la solicitud de cierre de las centrales de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), lo que ha provocado movilizaciones en Galicia. 

La cuenta atrás ha comenzado. El cierre de las centrales de carbón llevará tiempo -un mínimo de año y medio-, pero el proceso sorprende a la compañía sin convenio colectivo. El IV Convenio decayó en diciembre de 2017 y desde entonces, tras un centenar de reuniones de negociación, manifestaciones y encierros, la empresa carece de un nuevo marco de relaciones laborales. 

Es una situación muy delicada. Fuentes sindicales admiten que está en riesgo la recolocación de 1.000 trabajadores -entre puestos directos e indirectos-de las centrales abocadas al cierre. Los sindicatos UGT, CC OO y SIE plasmaron su preocupación en una carta que enviaron al Ministerio de Trabajo hace tres meses y en la que destacaban "la situación de las centrales térmicas de carbón y la más que probable declaración de personal excedente que deberá ser recolocado, bien en su ámbito geográfico o bien en otros ámbitos" lo que hacía "imprescindible disponer de una normativa laboral que permita dar una respuesta adecuada a dicha problemática".

Mira también

Endesa negocia la compra de la solar Prodiel en plena fiebre por las renovables

Ante la falta de acuerdo y la división sindical, todo queda pendiente del laudo arbitral encargado al exministro de Trabajo Manuel Pimentel. Sólo el sindicato UGT -mayoritario- apoya el arbitraje, lo que abre un escenario incómodo para la compañía. El laudo estará listo a finales de enero y afectará, entre otros asuntos, al recorte que la dirección de Endesa, a instancias del propietario de la eléctrica, el grupo Enel, pretende aplicar a la remuneración "en especie" -vía tarifas de la luz- que beneficia a empleados y exempleados. 

Las posturas, tras dos años de negociación, están muy alejadas. El principal escollo para el acuerdo sigue estando en el número de kilovatios que empleados y ex empleados pueden consumir de forma gratuita. Hasta este mes, según los casos, la horquilla contemplaba desde una cantidad mínima a los 30.000 kWh/año. El tira y afloja ha clarificado posiciones. La empresa ofrece 3.500 kWh/año y los sindicatos reclaman cinco veces más. El espacio para el arbitraje es amplio.

Pimentel tiene que buscar una salida a una situación enquistada, que se empezó a calentar en el año 2014, cuando  se hizo cargo del grupo italiano Enel Francesco Starace, un ejecutivo más agresivo que su antecesor, Fulvio Conti. A partir de ese año, Endesa se convirtió en un manantial de beneficios para la compañía italiana.

Los sindicatos han cuestionado a menudo la política de reparto de la compañía, calificándola de "expolio empresarial". Una crítica dura para una entidad que está en pleno proceso de reconversión y que necesita paz social para desarrollar los planes en renovables. La compañía ha anunciado que va a reducir la parte del beneficio que destina a dividendos, del habitual 100% al 80% en 2021 y al 70% en 2022. Con todo, la eléctrica repartirá entre este año y 2022 un total de 5.970 millones. Enel, con el 70% del capital, será de nuevo el mayor beneficiario de los dividendos.

Y todo mientras la eléctrica intenta abandonar la etiqueta de empresa contaminante, anclada a la energía térmica. El último paso en el camino hacia las renovables ha sido la compra de 13 sociedades del grupo de renovables Prodiel que son titulares de 1.037 MW de proyectos fotovoltaicos por un valor de 36 millones de euros.