Endesa encabeza una ofensiva para que el Gobierno -léase el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera- apuntale los resultados de las centrales nucleares, cuarteados por el descenso en los precios de la energía y los impuestos. Ribera pactó con las eléctricas un calendario de cierre para las cinco instalaciones y siete reactores en funcionamiento entre los años 2027 y 2035. Pero el calendario está en cuestión. Foro Nuclear, la asociación que agrupa a eléctricas y empresas con intereses en el sector ha puesto voz a las demandas y ha pedido revisar la fiscalidad que grava la generación nuclear para garantizar su viabilidad. La referencia es la negociación del Gobierno francés con la Comisión Europea para que autorice a las centrales francesas -58 reactores que suministran el 70% de la electricidad- el cobro de un precio fijo de entre 45 y 50 euros MWh que cubra sus costes.
El hecho de que la eléctrica propiedad de Enel enarbole ahora la bandera nuclear tiene lógica. Las centrales que controla con mayoría - Ascó I (100%), Ascó II (85%) y Vandellós II (78%)- están ubicadas en Cataluña (Tarragona) y la comunidad autónoma aprobó en julio del pasado año, al tercer intento y sin oposición del nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, un impuesto a la generación que puede costar a las nucleares hasta 120 millones al año.
Las fuentes consultadas en el sector eléctrico confirman que Endesa, que no había levantado demasiado la voz por las pérdidas en las centrales nucleares, lo que sí había hecho Iberdrola, se ha sumado a las posiciones que había mantenido en solitario el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Las mismas fuentes confirman que el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha expresado posturas conocidas y asumidas por todas las empresas. No obstante, admiten que Endesa, en esta ocasión, ha podido jugar un papel más activo. La eléctrica ha declinado comentar su posición.
Distintos intereses
La realidad es que Endesa no comparte los mismos intereses que Iberdrola y Naturgy en el negocio nuclear. Su consejero delegado, José Bogas, cuestionó públicamente el calendario de cierre pactado con el Gobierno Sánchez apenas un año después de su firma. Frente a Naturgy, que ha rebajado la valoración de sus activos de generación, nucleares incluidos, Endesa mantiene el tipo. Hace poco más de un año, Bogas justificó que la eléctrica mantuviera la amortización de las nucleares en su contabilidad a 50 años, más allá de los criterios de sus rivales.
Entonces, como ahora, la clave está en que Endesa y sus propietarios consideran posible que no se puedan alcanzar los objetivos a 2030 de reducción de emisiones y promoción de renovables contenidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Gobierno. En ese caso, las nucleares serían necesarias para garantizar el suministro. Los escenarios que maneja la compañía muestran que hasta 2028 el índice de cobertura de la demanda eléctrica está asegurado. Más allá, el panorama es incierto.
En resumen: la incertidumbre aconseja mantener las centrales nucleares, pero estas son económicamente inviables si no se rebaja la fiscalidad aplicada a las empresas que no ha dejado de crecer desde 2005. Desde ese año, recuerdan en el sector, las eléctricas tuvieron que asumir nuevas tasas e impuestos por el almacenamiento de residuos y más gastos en cuestiones relacionadas con la seguridad. El resultado: los ingresos de las centrales se han reducido a la mitad mientras los costes operativos se han duplicado. En palabras del presidente de Foro Nuclear, la excesiva presión fiscal que soportan “pone en jaque” su viabilidad ante las perspectivas de abaratamiento del mercado mayorista de electricidad por la entrada masiva de renovables.
Precios a la baja
Detrás de las demandas hay números. Según los cálculos empresariales, la entrada de renovables presionará a la baja sobre los precios medios de la electricidad en el mercado a plazo -más allá de las 24 horas-. Los precios se reducirán progresivamente desde los 47 euros MWh a los 42 euros MWh, apretando tanto los márgenes que las centrales no recuperarán los costes de explotación. En esas condiciones, aseguran, no tendrá sentido seguir produciendo. En el caso de Endesa, la situación se agrava por el impuesto a la generación de Cataluña.
De momento, pese a la controversia, el calendario del apagón nuclear se mantiene. Cerrar siete reactores nucleares -20% de la generación eléctrica- en un plazo concreto es una tarea compleja. Por eso, el Ministerio de Transición Ecológica se comprometió a modificar la normativa de forma que para cerrar las instalaciones no sea necesaria la unanimidad de los accionistas. Decide el accionista mayoritario. En la práctica, Endesa dirigirá el cierre de las centrales de Cataluña -Ascó I, Ascó II y Vandellós-, mientras que Iberdrola pilotará la clausura de Almaraz I, Almaraz II, Cofrentes y Trillo.
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