Las eléctricas ya tienen su propio Brexit. Endesa, Iberdrola y Naturgy tienen hasta las 12 de la noche del 30 de marzo para ponerse de acuerdo en la fecha de cierre de Almaraz I (Cáceres), el primero de los siete reactores nucleares que se han comprometido a cerrar hasta 2035. Las tres eléctricas, más EDP, han firmado un protocolo con la empresa pública de residuos Enresa con el calendario de clausuras central por central. Pero Iberdrola y Naturgy se reservan el derecho a acelerar el proceso en caso de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) - en renovación- se ponga exigente con las inversiones en seguridad.
La partida se libra día a día desde hace semanas. Y el tiempo corre. Las tres grandes eléctricas controlan Almaraz en régimen de Asociación de Interés Económico (AIE), lo que exige la toma de decisiones por unanimidad. Tienen que solicitar al CSN antes del 31 de marzo la renovación de licencia que caduca en 2020. Pero no se ponen de acuerdo. El tira y afloja entre Endesa, partidaria de extender la vida útil más allá de los 40 años, con Iberdrola y Naturgy se puede prolongar hasta el último momento, según fuentes cercanas a las negociaciones.
El Brexit nuclear obedece a las distintas estrategias de negocio de las empresas implicadas. Endesa es fuerte en la generación eléctrica con carbón, una tecnología condenada a medio plazo. Necesita el negocio nuclear para mantenerse en el mercado. Amortiza las centrales a 50 años y le sale a cuenta mantenerlas en funcionamiento lo más posible. Sus rivales tienen otra visión. Amortizan las instalaciones nucleares a 40 años y su cierre es una oportunidad para cubrir el hueco que origine su cierre con sus centrales de gas, que ahora están infrautilizadas.
Peleas y protocolo
La pelea es intensa a pesar de que, formalmente, todas las empresas han firmado un protocolo con Enresa que fija una vida media de las centrales nucleares de 46 años. Pero las compañías no tienen claro qué fuerza jurídica tiene dicho protocolo -Endesa lo consideró "orientativo"-. Tampoco saben qué consecuencias tendría incumplirlo, más allá del enfado de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Esta, en el peor de los casos estaría obligada a revisar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima recién presentado.
La pelea empresarial en torno al apagón nuclear coincide en el tiempo con la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo que tiene que supervisar los cierres y su seguridad. En el CSN, las aguas bajan más que agitadas. El Gobierno tiene que nombrar a cuatro de los cinco miembros de un consejo que el PP controló en 2015. el proceso ha desatado una guerra política de una intensidad inédita.
Tres de los consejeros que nombró el PP -dos de ellos con su mandato de seis años acabado- se han pronunciado públicamente en las últimas semanas contra la renovación que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez. El último en oponerse al proceso ha sido Fernando Castelló. El consejero en funciones ha pedido la suspensión del proceso renovación porque "tiene fundada sospecha de que se realizó una modificación de la propuesta del Consejo de Ministros para adecuarla a lo que establece en la Ley de creación del CSN".
Expediente de renovación
Antes de Castelló, otro consejero nombrado por el PP, Javier Dies -con mandato en vigor hasta 2021- argumentó ante el pleno del CSN que la renovación debía pararse por la disolución del Congreso . A su juicio, a partir de ese momento se debía considerar paralizado el expediente de renovación del Consejo. Castelló y Dies emprendieron la ofensiva después de que el presidente del organismo, Fernando Marti, fracasara en el intento de parar el proceso de nombramientos en el Congreso argumentando que uno de los candidatos propuestos por el Gobierno -el ecologista Francisco Castejón- podría tener un conflicto de intereses por sus posiciones antinucleares.
Todos los consejeros del PP habían tenido como referencia la posición del partido que los eligió en su momento. La formación que preside Pablo Casado ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) si el Gobierno aprueba finalmente el nombramiento de los cuatro consejeros que propone. Antes, intentó, como Marti, torpedear los nombramientos en el Congreso, una iniciativa que no progresó porque, consultados los letrados de la Cámara Baja, estos respaldaron el proceso iniciado por los socialistas.
Las dos peleas en el sector nuclear, la empresarial y la política, están relacionadas. Las inversiones que puede exigir el CSN a las centrales mientras llegan a la fecha de cierre están en el centro de la pelea entre las eléctricas. El sector energético es complejo, pero no reserva espacio para las casualidades. No cuando hay negocio en juego.
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