Endesa, Iberdrola y Naturgy se movilizan ante una multa millonaria por Almaraz

  • Las empresas barajan la posibilidad de acudir a un tribunal de arbitraje si persiste el desacuerdo sobre la fecha de cierre de la central nuclear
La central de Almaraz se conectó a la red en 1980, según documentos oficiales.
La central de Almaraz se conectó a la red en 1980, según documentos oficiales.

Las compañías propietarias de la central nuclear de Almaraz, Endesa (36%), Iberdrola (53%) y Naturgy (11%), temen que las discrepancias sobre la fecha de cierre de la instalación acaben no solo en un enfrentamiento abierto entre las empresas, sino también en una sanción millonaria. En el año 2014, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) multó a Nuclenor (Endesa e Iberdrola) con 18,4 millones de euros por una infracción muy grave prevista en la Ley del Sector Eléctrico al cesar la actividad de la central de Santa María de Garoña (Burgos) en el año 2012 de forma unilateral y sin comunicación suficiente a la Administración. La fórmula de un arbitraje independiente está sobre la mesa como fórmula para esquivar posibles multas.

Almaraz, según las compañías, cumplirá oficialmente 40 años en 2023 aunque  documentos oficiales demuestran que comenzó a funcionar en 1980. Las empresas propietarias tienen que decidir antes del 31 de marzo para qué periodo solicitan permiso de actividad. Iberdrola y Naturgy se inclinan por cuatro años, pero Endesa quiere ir más allá. La solución tiene que ser unánime y debe ser comunicada a la Administración, según obliga el decreto aprobado en octubre de 2014  sobre la titularidad de las centrales.

Las tres empresas no han sido capaces de alcanzar un acuerdo hasta la fecha. Pero algo tienen que decir, según admiten las fuentes empresariales consultadas. No cabe el silencio. El asunto será debatido, probablemente en la junta de carácter extraordinario que las compañías tienen previsto celebrar a finales de este mes de enero.

El andamiaje nuclear, en revisión

El momento es delicado porque todo el andamiaje del sector energético está en revisión. Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez sobre energía y clima y la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantienen a todos los actores en tensión. De ahí que las compañías contemplen la posibilidad de un arbitraje independiente para dirimir sus diferencias y evitar multas en el caso de la central nuclear de Almaraz.

Gráfico nucleares.
Gráfico nucleares.

Pero tribunales de arbitraje no hay sólo uno. Los estatutos de la asociación empresarial que gestiona Almaraz prevén que en ese caso se acuda a la instancia de la patronal eléctrica Unesa. Una herencia de los año 70 del pasado siglo. Unesa ya no existe (ahora es Aelec); y ya no se ocupa del negocio nuclear. Por lo tanto, en caso de arbitraje, las eléctricas tendrán que elegir entre la Corte de Arbitraje de Madrid  u otro tribunal internacional.

Alguna de las empresas implicadas baraja para el arbitraje la Cámara Internacional de Comercio, ICC. La cámara ya intervino en alguna de las sonadas disputas que han afectado al sector energético en España, como las diferencias entre Naturgy -entonces Gas Natural-, ENI y el Estado egipcio por la paralización de la planta de licuefacción de gas de Damietta.

Toda la disputa empresarial en torno a Almaraz se debe a que a Iberdrola y a Naturgy -que depreció sus activos de generación-no les salen las cuentas. Iberdrola, sobre todo, asegura que los impuestos aprobados en la época del ministro de Industria José Manuel Soria (PP) a la generación eléctrica y a la industria nuclear hacen insostenible el negocio. Endesa, que tiene plazos de amortización de las nucleares más dilatados -50 años- quiere mantener el negocio lo más posible.

Las cuentas que no salen

Las cuentas tampoco salen en el lado del Gobierno. Parte de los nuevos impuestos que se aprobaron en 2013 para taponar el déficit eléctrico tenían como finalidad financiar el almacenamiento y tratamiento de los residuos.

Pero el dinero no alcanza. El VI Plan de Residuos Radiactivos en vigor es de 2006. No ha sido actualizado, lo que provoca polémica. En 2015, el Tribunal de Cuentas advirtió que el Plan de Residuos -que administra la empresa pública Enresa- caminaba hacia un desfase entre ingresos y gastos que podría recaer sobre generaciones futuras.

En España, los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan y no hay solución aparente. El Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), está paralizado. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.

Y el dinero no alcanza. En el Plan Nacional de Residuos el coste total estimado de la gestión integral de todo el proceso, hasta su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070. Enresa sólo dispone de un fondo acumulado de 5.000 millones para hacer frente a las obligaciones.

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