A Endesa, con 8.700 empleados en activo, le sobran trabajadores. Ha anunciado el cierre de sus centrales de carbón y busca fórmulas para ahorrar en nóminas. La compañía y el sindicato UGT, mayoritario, han acordado someterse a un árbitro para cerrar la negociación del V Convenio Colectivo que dura ya dos años y, en paralelo, han acordado un plan de bajas voluntarias al que se podrán acoger todos los empleados que hayan cotizado al menos 25 años. La compañía se compromete a sufragar hasta 15 años de salario a quienes cumplan el requisito, aunque con rebajas de entre el 40% y el 20% respecto al salario real según el tiempo que falte hasta la edad de jubilacion de 65 años. Las salidas tendrán que contar con el visto bueno de la empresa.
El plan acompañará al nuevo convenio y permitirá a los empleados que opten por la salida cobrar entre el 60% -los más alejados de los 65 años- y el 80% del salario. No es la primera vez que la empresa maneja planes para aligerar la plantilla y la oferta que se va a plantear, según las fuentes consultadas, no es la mejor entre las que se han barajado. Pero llega en un momento clave para la compañía, que está en plena transformación y apostando por áreas de actividad, como las renovables, que suponen también ajustes en las necesidades de plantilla.
La compañía no ha hecho comentarios sobre los planes de ajuste. Tampoco ha precisado el ahorro que espera con un plan flexible que, entre otras cosas, pretende dar salida al empleo afectado por los cierres en el carbón. La eléctrica ha tenido que adelantar el anuncio del cierre de las centrales de carbón de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería) que llevaban más de medio año funcionando al ralentí. Son en torno a 1.000 empleos los afectados, entre puestos directos e indirectos. La actualización de los planes de la compañía recoge inversiones para las zonas más afectadas por los cierres -Teruel, Almería y Galicia- que rondan los 4.400 millones de euros en los próximos cuatro años.
Desarrollo renovable
La inversión prevista en las comarcas afectadas se centrará en el desarrollo renovable. En Almería, Endesa prevé una inversión de 1.800 millones; otros 1.600 millones se invertirán en Galicia y 1.000 llegarán a Teruel. Es dinero que forma parte de un plan a más largo plazo centrado en las energías limpias. El consejero delegado de la eléctrica, José Bogas, quiere que Endesa desarrolle hasta un 15% de los objetivos de energías limpias esbozados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El plan de ajuste de plantilla acompañará al nuevo convenio colectivo, que nace en medio de la división sindical tras dos años de negociaciones. UGT y la dirección de la empresa han acordado recurrir al arbitraje para resolver las diferencias que, entre otras cosas, amenazan los beneficios sociales -tarifa de empleados- de 26.000 jubilados y empleados de la compañía. CC OO y el sindicato SIE se oponen.
Las espadas siguen en alto y esta semana que el árbitro elegido para cerrar el acuerdo -el exministro de Trabajo Manuel Pimentel- de conocer el laudo. La empresa que dirige José Bogas, ha contado con dos armas a su favor. Las dos de peso. Una, la sentencia favorable de la Audiencia Nacional del pasado marzo que respaldó la retirada de los beneficios sociales a los jubilados y, dos, la integración en las cuentas de la compañía de las provisiones de 700 millones que aseguran las ventajas de empleados y jubilados en la factura eléctrica.
La compañía ya amagó con una posible modificación de la contabilidad al término del primer semestre. El auditor de la eléctrica, Ernest&Young, analiza la posibilidad de reformular cuentas desde la sentencia favorable a la empresa de la Audiencia Nacional. No lo hizo porque la eléctrica consideró que las negociaciones no estaban cerradas.
El principal escollo para el acuerdo está en el número de kilovatios que empleados y ex empleados pueden consumir de forma gratuita. Hasta este mes, según los casos, la horquilla contemplaba desde una cantidad mínima a los 30.000 kWh/año. El tira y afloja, junto con la Audiencia Nacional, ha clarificado posiciones. La empresa ofrece 3.500 kWh/año y los sindicatos reclaman cinco veces más. El espacio para el arbitraje es amplio.
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