La Generalitat y Endesa han llegado a un acuerdo histórico por el que condonarán la deuda de 35.518 familias catalanas vulnerables en situación de pobreza energética desde 2015, una cifra que asciende a unos 38,7 millones de euros, de los cuales 10,6 millones los asumirán las administraciones. Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, y el titular de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa, quienes han explicado que Endesa renuncia a emprender acciones legales contra estas familias vulnerables.
En virtud de este acuerdo, en el que entidades sociales como la Alianza contra la Pobreza Energética han tenido un papel decisivo, la compañía asumirá el total de la deuda generada entre 2015 y 2018 -17,4 millones-, la mitad de la correspondiente a 2019 y 2020 -10,6 millones- y se compromete a hacerse cargo del 50 % de la que se acumule a partir del 1 de enero de 2021. El restante correspondiente a 2019 y 2020 se repartirá entre la Generalitat (75 %) y las administraciones locales (25 %), que también harán frente a la mitad de la deuda de las familias vulnerables a partir de este año.
"Es un día para estar contentos", ha dicho El Homrani, para quien se acaba con una indefinición y vacío legal y se genera un sistema contemplado en la ley 24/2015 y que ha sido fruto de más de dos años de trabajo conjunto. El conseller ha subrayado que, además del acuerdo entre Govern y Endesa para condonar la deuda, se establece un convenio regulador de futuro para que no se repita la situación en familias que tengan el informe preceptivo de vulnerabilidad y un protocolo de intenciones para la corresposanbilidad y cooperación, que más adelante será interadministrativo.
El Homrani ha explicado que el convenio se irá renovando anualmente y que el acuerdo permite defender los derechos de los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a todas aquellas familias que cuentan con el informe de servicios sociales. Ha subrayado que este acuerdo evita que se pudiese reclamar a las familias en los tribunales, una práctica que considera "abusiva", y que supone que Endesa renuncia a esta vía y promocionará el bono social, realizará auditorías energéticas gratuitas en hogares vulnerables e instalará contadores temporales.
El Homrani también ha dicho que se necesitaba un modelo de acuerdo con una empresa y que la Generalitat iniciará ahora "los pasos" con otras compañías suministradoras para alcanzar convenios del mismo tipo. Ramon Tremosa ha celebrado que se desencalle la situación: "Se crea un compromiso, un precedente, una seguridad jurídica y evita la judicialización creciente de impagos de recibos que crean nuevos procesos judiciales". "La calidad humana de una sociedad se mide en cómo se trata a las personas vulnerables", ha añadido el conseller, y ha afirmado que el acuerdo con Endesa permitirá encara las conversaciones con otras empresas suministradoras.
La teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, ha explicado que Barcelona concentra 7.500 de las más de 35.000 familias que se beneficiarán de este protocolo, y ha alertado de que la pobreza energética afecta a un 10% de los habitantes de la ciudad. La presidenta del área de Cohesión Social de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha detallado que se harán cargo de parte de la deuda que en 275 municipios de la provincia, lo que asciende a unos 1,6 millones de euros, tras la firma de un acuerdo que han suscrito también la presidenta de la de Tarragona, Noemí Llauradó, el de Lleida, Joan Talarn, y el de Girona, Miquel Noguer.
La directora general de Endesa en Catalunya, Isabel Buesa, ha valorado "muy positivamente" los acuerdos, ha agradecido el trabajo y el esfuerzo que han supuesto para todas las partes, y ha asegurado que es una ayuda económica directa para las familias vulnerables. "Nos emplazamos para ponernos a trabajar para que las ayudas lleguen de forma rápida a los que más lo necesitan", y ha destacado el papel de los equipos de los servicios sociales de toda Catalunya por gestionar la realidad de las familias vulnerables.
La portavoz de la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) --una de las promotoras de la ley 24/2015--, Maria Campuzano, ha calificado de histórico el acuerdo y ha tachado de claudicación que Endesa asuma el 73% de la deuda, lo que hubiera visto "impensable" hace unos años.
Considera que el acuerdo es un paso adelante, pero que la alianza estará "vigilante" para que se cumpla, que no se produzcan nuevos cortes de suministro y que las familias vulnerables vean confirmado que se ha condonado su deuda, y ha añadido que no descansará para lograr acuerdos similares con otras suministradoras.
La presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Cataluña, Francina Alsina, ha celebrado que se haya alcanzado un acuerdo "extremadamente necesario", y ha advertido de que el coronavirus está agravando la situación de familias que ya tenían problemas prepandemia. Ha augurado que la cifra de 35.000 familias vulnerables "subirá en los próximos meses", pero que con este convenio se da un paso adelante, más allá del bono social y las ayudas prestadas por ayuntamientos y entidades.
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