La eléctrica Endesa modificará su contabilidad a finales de junio para eliminar las provisiones de 700 millones que aseguran los beneficios sociales del personal activo (9.000 empleados) y pasivo (24.000) si no se ha firmado antes el V Convenio Colectivo de la compañía. La empresa vive un enfrentamiento laboral inédito tras celebrar, sin éxito, 56 reuniones en menos de dos años para pactar un nuevo acuerdo laboral. El principal escollo son los recortes que Enel quiere aplicar a la tarifa eléctrica de empleados y jubilados que las organizaciones sindicales consideran parte del salario pactado.
La compañía cuenta con un as en la manga. Los sindicatos denunciaron las pretensiones de la compañía ante la Audiencia Nacional y los jueces han dado la razón a la empresa. La sentencia favorable a Endesa se conoció a finales de marzo, fin de trimestre. Eso evitó que el auditor -Ernest&Young- recogiera en la contabilidad del periodo el trasvase de los 700 millones provisionados a fecha 2018 a otro epígrafe de las cuentas. No dio tiempo a meter la sentencia en el balance.
La contabilidad se convierte así en un nuevo elemento de presión. Fuentes de la empresa reconocen que, si no hay un nuevo acuerdo con los sindicatos antes del fin del próximo trimestre, habrá cambios en el balance. Según su versión, no es una posibilidad, sino una exigencia del auditor. Para los sindicatos es una mala noticia. Si Enel asume que su filial Endesa dispone de 700 millones más para invertir o para otros fines, será difícil que la situación vuelva al punto de partida.
Tarifa de empleado
El choque entre el encargado de negociar con los sindicatos -el italiano Andrea Lo Faso, asesorado por el bufete Sagardoy- y los representantes de CCOO, UGT y SIE tiene como epicentro la tarifa del empleado, que también beneficia al personal jubilado. La tarifa asegura electricidad gratuita a los empleados y exempleados con diferentes límites: desde una cantidad mínima a los 30.000 kWh/año o consumo ilimitado en algunos casos. Cada año, según las altas y bajas, la empresa ajusta las provisiones para hacer frente a esas obligaciones. Son los 700 millones de la discordia.
Enel quiere acabar con esa situación en la filial -algo que, según las centrales no hace en Italia-. Según explicó en la junta de accionistas el ya expresidente, Borja Prado, se trata de "poner racionalidad" en los límites de consumo que están "fuera de toda lógica". La compañía toma como referencia "lógica" lo que según sus cálculos es el consumo medio de una familia: 3.500 kWh/año. A partir de ahí, a los perjudicados les ofrece compensaciones de entre 400 y 500 euros anuales.
Para los sindicatos, es un ataque en toda regla contra los derechos adquiridos y la retribución global de los trabajadores, que tienen los salarios congelados desde hace dos años. Un 'casus belli' que dura ya muchos meses. En realidad, el ambiente de confrontación en Endesa se viene caldeando desde 2014, cuando se hizo cargo del grupo italiano un ejecutivo más agresivo, Franceso Starace, alejado del estilo de su antecesor, Fulvio Conti.
A partir de ese año, Endesa se convirtió en un manantial de beneficios para la compañía italiana: Todas las ganancias -1.417 millones de euros en 2018- van a dividendo. A finales de 2017, la eléctrica confirmó la política de repartos en la revisión del plan estratégico hasta 2020. En la actualización del plan estratégico, que llega hasta 2021, Endesa prevé distribuir 5.940 millones de euros en dividendos en el periodo 2018-2021, con un recorte del habitual 'pay out' del 100% al 80% para el último ejercicio del periodo. Objetivo: retribuir con 5.900 millones de euros a los accionistas.
Reparto de dividendos
Para los sindicatos, la política de dividendos, con el reparto del 100% de los beneficios, es una imposición del grupo Enel. Una forma de descapitalizar la empresa. En la junta quedó claro que los avances a los que se había llegado desde enero entre la dirección y los representantes sindicales son ahora papel mojado.
En las últimas cinco reuniones -del total de 56- empresa y sindicatos habían logrado cambiar el clima. Hubo acuerdo en la recolocación de las plantillas afectadas por los cierres de centrales térmicas y avances en otros puntos. Entre ellos, un plan voluntario de salidas en la compañía que afectaría al personal a partir de 55 años y de forma excepcional a trabajadores a partir de 50 años. Además, se había perfilado un acuerdo de garantías para blindar a los empleados ante posibles cambios en la empresa (reordenaciones, compras...).
Ahora, todo está en el aire. Para el nuevo presidente (no ejecutivo) de la compañía, Juan Sánchez-Calero, queda el mensaje que lanzó en la junta el representante de la plantilla de As Pontes (A Coruña), Carlos F. Blanco: "Vamos a ser su particular problema, su particular otitis. Porque 'amiguiños' sí, pero la 'vaquiña' por lo que vale".
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