La empresa pública de residuos radiactivos Enresa ha citado a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP para firmar el protocolo de cierre de las instalaciones nucleares. Hay un esbozo de acuerdo. Debe facilitar la elaboración de un nuevo Plan de Residuos por parte de Enresa y con él, un nuevo cálculo de las tasas que pagan las eléctricas para hacer frente a la gestión de residuos y desmantelamiento de centrales. Pero un principio de acuerdo no es un acuerdo.
Endesa, Iberdrola y Naturgy se enfrentaron por el cierre de Almaraz, donde comparten sociedad, y siguen enfrentadas. Endesa se resiste a firmar cualquier documento de cierre de centrales que consolide un calendario. La compañía que preside Borja Prado quiere un documento "orientativo", flexible y de mínimos, no de máximos. Endesa no firmará nada que pueda consolidar las fechas de cierre de las centrales y tenga peso legal específico.
Endesa no comparte los mismos intereses que Iberdrola y Naturgy. En su contabilidad amortiza las centrales nucleares a 50 años. Sus rivales lo hacen a 40 y a Endesa le interesa que las centrales funcionen el mayor tiempo posible, más allá de los 40 años de la vida de diseño. Esas diferencias hicieron saltar chispas en Almaraz (Cáceres) y amenazan con dificultar el proceso de cierre que empezará en la central cacereña y finalizará en la de Trillo (Guadalajara) en 2035 si se cumplen los planes del Gobierno de Pedro Sánchez.
A la cumbre eléctrica convocada por Enresa acudirá también la eléctrica EDP -antigua Hidrocantábrico-, que controla un 15,5% de la central de Trillo, junto con Endesa, Iberdrola y Naturgy. El acuerdo -si lo hay- permitirá a Enresa cubrir un hueco inmenso en la normativa nuclear: la ausencia de un plan de residuos actualizado. El que está en vigor data del año 2006 y está desfasado. Enresa debe tener claro el horizonte de cierres de instalaciones para calcular cuántos residuos generarán y cuánto puede costar su tratamiento.
A partir de ese cálculo se actualizarán las tasas que pagan las propietarias de centrales para cubrir la gestión de los residuos. Enresa aclara que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos se presentará al Ministerio para la Transición Ecológica en el primer semestre del año y que la competencia para aprobar las modificaciones en las tasas que pagan los productores (las empresas) le corresponde al Gobierno.
El apagón nuclear se enfrenta a dos problemas serios a pesar de que el Gobierno socialista ha abandonado la idea de cerrar las centrales a los 40 años de vida. Esos dos problemas son la incertidumbre sobre la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Guadalajara) -paralizado- y la ausencia de un Plan de Gestión de Residuos actualizado.
Las dudas sobre el futuro del ATC se mantienen. En la instalación se han invertido 43 millones desde 2012 , pero ha ganado puntos la idea de gestionar los residuos nucleares "a la japonesa", con almacenes individuales (ATI) para cada instalación que se desmantele. En estos momentos ya funcionan en España cinco ATI.
La realidad es que las piscinas y los ATI en los que se mantienen los residuos de las centrales están cerca de la saturación. Según Foro Nuclear, solo en 2017 se produjeron 757,48 metros cúbicos de residuos. El grado de ocupación por centrales se sitúa entre el 84% de Vandellos II y el 92% de Almaraz I. Todo un problema. Gestionar los residuos ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear.
Es una factura que crece cada día. El 1 de julio de 2017 finalizó el acuerdo de España con la compañía francesa Areva (ahora Orano) para almacenar en Francia los residuos radiactivos de la central VandellósI, clausurada en 1989. Cada día transcurrido sin que España repatríe la basura nuclear conlleva una penalización de 73.000 euros. Este mes, la factura superará los 26 millones.
Si el protocolo que Enresa ultima con las eléctricas tiene en cuenta la fecha oficial de la apertura de las centrales, la primera central clausurada será la de Almaraz (de Iberdrola, Endesa y Naturgy), que cumple los 40 años de autorización en 2020. Después llegaría el el turno a Ascó I (propiedad de Endesa, 1982); de Almaraz II (1983, Iberdrola, Endesa y Naturgy); de Cofrentes (1984, Iberdrola); de Ascó II (1985, Endesa e Iberdrola); de Vandellós II (1987, Endesa e Iberdrola) y de Trillo (1987, Iberdrola, Naturgy, EDP y Nuclenor).
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