Endesa renuncia al cuerpo a cuerpo con la CNMC por el recorte de sus retribuciones

  • Las eléctricas preparan las alegaciones a las circulares de Competencia que han revolucionado el sector energético.
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en el Congreso
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en el Congreso
CONGRESO - Archivo

Endesa e Iberdrola son las distribuidoras de electricidad más afectadas por los recortes que plantea la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Cada una de ellas cobra anualmente en torno a 2.000 millones de euros por llevar la electricidad hasta los puntos de suministro. Si la propuesta de Competencia sigue adelante, como parece, las dos grandes del lobby eléctrico van a cobrar unos 350 millones de euros menos entre las dos. Por supuesto, habrá batalla. De forma individual y de forma colectiva, a través de la asociación eléctrica Aelec, la antigua Unesa. Pero el desgaste, al menos por parte de Endesa, está muy medido. La compañía, propiedad de la italiana Enel, no plantea un cuerpo a cuerpo con el regulador: sus alegaciones individuales serán "técnicas" y sin cuestionar el núcleo del recorte, según las fuentes consultadas.

La actitud de Endesa es la cara B del relato que maneja la CNMC al explicar los recortes planteados a la distribución de gas y de electricidad, así como a las redes de transporte gasistas y eléctricas. Endesa mide los terrenos y Competencia también. El organismo que preside José María Marín Quemada -que atisba ya el fin de su mandato en octubre- considera razonable negociar el hachazo propinado a las empresas gasistas, Enagás y Naturgy, pero da por cerrado el debate con las eléctricas. 

Competencia debatió en tiempo y forma un nuevo cálculo para pagar la distribución eléctrica. Escuchó a todas las partes interesadas y estudió sus alegaciones. El cambio en la fórmula de retribución fue bien recibido. Aelec aseguró al respecto que el nuevo mecanismo, denominado Weighted Average Cost of Capital (WACC), basado en el coste capital y no en el bono a diez años (más dos puntos) se ajustaba "a un proceso ortodoxo de cómo debe fijarse la tasa financiera de rentabilidad".

Así que para la CNMC, la discusión en este punto está prácticamente cerrada. Según la nueva fórmula, la rentabilidad justa para las distribuidoras es del 5,58%.  Un porcentaje que está incluso por encima del que la propia Comisión defendió durante meses: el 5,46%. Endesa y la CNMC coinciden en que sólo queda discutir sobre las pequeñas fórmulas que retribuyen acciones como la digitalización de la red y en la que las empresas rascan algún que otro millón.

La mesura con la que las distribuidoras eléctricas han acogido los recortes es la consecuencia de muchos meses de discusión. La batalla viene de atrás. En el caso de la CNMC desde el año 2017, cuando publicó un estudio sobre la situación de las distribuidoras eléctricas entre 2013 y 2016. Según el documento, ha habido un incremento de la rentabilidad económica de la distribución de las eléctricas. El retorno sobre la inversión (ROI) pasó del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Y la rentabilidad para el accionista (ROE) superaba el 10% en todas las empresas examinadas: Endesa Distribución, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, y Viesgo Distribución Eléctrica.

El comienzo de la batalla

El informe fue utilizado en 2018 por el entonces ministro de Energía Álvaro Nadal (PP) para plantear recortes al sector eléctrico por el transporte y la electricidad. Fue el comienzo de una batalla que vive ahora los últimos episodios y en la que, además de las empresas, han trabajado un ejército de asesores. En cabeza estuvo la consultora Deloitte reclamando rentabilidades del 7% para las grandes compañías como única fórmula para invertir 41.000 millones en redes hasta 2030 y cumplir con los objetivos de transición energética del Gobierno.

Deloitte no estuvo sola en la pelea del lobby eléctrico. La consultora abrió el baile, pero posteriormente se incorporaron informes de otras compañías asesoras como Analistas Financieros Internacionales (AFI) o Nera. Todos los trabajos tenían el mismo fin: convencer al Gobierno de que para garantizar las inversiones necesarias en la red de distribución, el retorno mínimo de rentabilidad tendría que rondar el 7%. AFI fue contratada por Endesa y Nera por Iberdrola. Otros consultores habituales fueron la Florence School of Regulation y el Oxford Institute for Energy Studies.

Competencia está obligada a examinar las alegaciones de las compañías. Pero distingue entre los recortes de hasta el 21,8% planteados para el sector gasista, con Enagás y Naturgy como grandes perjudicados y los planteados para las distribuidoras eléctricas. Las afectadas en distribución son legión. Sobre el papel hay 326 sociedades que suministran electricidad. Pero las realmente afectadas son las cinco grandes que controlan más del 90% del mercado. Son las protagonistas del nuevo periodo regulatorio que abarcará desde 2020 hasta el año 2025.

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