Endesa quitará la partida de 700 millones para empleados si no cierra el convenio

Los representantes sindicales en la desde madrileña de Endesa.
Los representantes sindicales en la desde madrileña de Endesa.
CC OO

Dos años de negociaciones, manifestaciones, recursos, demandas y encierros no han sido suficientes para que sindicatos y empresa acuerden un nuevo convenio laboral en la eléctrica Endesa, propiedad de la italiana Enel (70%). En el último pulso, los representantes de los sindicatos UGT -mayoritario-, CC OO y SIE mantuvieron un encierro de semanas en la sede madrileña de la compañía. El frente se ha roto. UGT y la dirección de la empresa han acordado recurrir al arbitraje para resolver las diferencias que, entre otras cosas, amenazan los beneficios sociales -tarifa de empleados- de 26.000 jubilados y empleados de la compañía.

Las espadas siguen en alto, pero la empresa que dirige José Bogas, cuenta con dos armas a su favor. Las dos de peso. Una, la sentencia favorable de la Audiencia Nacional del pasado marzo que respaldó la retirada de los beneficios sociales a los jubilados y, dos, la integración  en las cuentas de la compañía de las provisiones de 700 millones que aseguran las ventajas de empleados y jubilados en la factura eléctrica. 

La compañía ya amagó con una posible modificación de la contabilidad al término del primer semestre. El auditor de la eléctrica, Ernest&Young,  analiza la posibilidad de reformular cuentas desde la sentencia favorable a la empresa de la Audiencia Nacional. No lo hizo porque la eléctrica consideró que las negociaciones no estaban cerradas. Pero fuentes de la compañía explican que, si de aquí a fin de año no se firma un nuevo convenio -el V-, la eléctrica asumirá las provisiones que aseguran las tarifas eléctricas reducidas de los trabajadores. Un broche en el cierre de cuentas de 2019.

El principal escollo

El principal escollo para el acuerdo está en el número de kilovatios que empleados y ex empleados pueden consumir de forma gratuita. Hasta este mes, según los casos, la horquilla contemplaba desde una cantidad mínima a los 30.000 kWh/año. El tira y afloja, junto con la Audiencia Nacional, ha clarificado posiciones. La empresa ofrece 3.500 kWh/año y los sindicatos reclaman cinco veces más. El espacio para el arbitraje es amplio.

Todas las fuentes sindicales consultadas coinciden en que la empresa ha accedido al arbitraje tras la mediación -presión según algunas versiones- tanto de las cúpulas de UGT y CC OO como de miembros del Gobierno. Ahí acaban las lecturas comunes. UGT ha retirado el recurso que interpuso en el Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional de marzo y se ha retirado del encierro que mantenían en la sede de la empresa en Madrid. CC OO y SIE, por su parte, mantienen el encierro, al menos temporalmente y cuestionan que UGT haya recurrido al arbitraje sin madurar más la negociación.

Tres acuerdos

El representante de UGT en Endesa, Manuel Jaramillo, destaca los tres puntos ya acordados con la empresa -garantías de empleo, plan de salidas voluntario y sostenimiento de las aportaciones a los planes de pensiones- como prueba de que el arbitraje cae en terreno abonado. José Manuel Falagán (CC OO-Endesa) considera, sin embargo, que el arbitraje está mal planteado.

El arbitraje puede ser la salida a una situación enquistada desde hace más de dos años, pero que se empezó a calentar en el año 2014. Entonces, se hizo cargo del grupo italiano Enel, propietario de Endesa-, Francesco Starace, un ejecutivo más agresivo que su antecesor, Fulvio Conti. A partir de ese año, Endesa se convirtió en un manantial de beneficios para la compañía italiana: Todas las ganancias, hasta 2021, tienen como destino el dividendo, aunque a partir de ese año, el reparto caerá al 80%.

Los sindicatos han cuestionado la política de reparto de la empresa, calificándola de "expolio empresarial". Una crítica dura para una compañía que está en pleno proceso de reconversión y que necesita paz social para desarrollar los planes (2019-2021) para adaptarse a una realidad de negocio marcado por las renovables. La compañía está bajo presión. Tanta que la eléctrica ha tenido que adelantar el anuncio del cierre de las centrales de carbón de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería) que llevaban más de medio año funcionando al ralentí. En este contexto, el V Convenio es fundamental.

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