Enel ficha a Uría para abrir un arbitraje renovable contra la Turquía de Erdogan

España no es el único país afectado por demandas relacionadas con renovables. De un tiempo a esta parte, Turquía también viene acumulando una serie de conflictos por inversiones en el sector de las energías limpias ante distintas cortes internacionales. La última en ciernes tiene como protagonista a la multinacional italiana Enel, que acaba de presentar una petición de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el que reclama una reparación de daños por un proyecto fallido en el país otomano que implica a su red de filiales, entre las que se encuentra Endesa.

Según consta en la documentación consultada por La Información, Enel se ha puesto en manos de Uría Menéndez para que defienda sus intereses en la disputa arbitral que ha pedido abrir ante la corte del Banco Mundial. El despacho -que trabaja con Endesa en otros asuntos jurídicos como el blindaje frente al decreto de Teresa Ribera- pondrá a disposición de la energética un equipo integrado por expertos en la materia para trazar la estrategia legal más afinada posible en su objetivo de obtener una reclamación que está pendiente de cuantificarse.

La disputa tiene su origen en el acuerdo comercial firmado en 2011 entre la matriz de Endesa y el grupo industrial turco Uzun para el desarrollo de plantas geotérmicas en una parte del territorio nacional. El proyecto, enmarcado dentro del ambicioso plan para aumentar la capacidad nacional renovable de  Turquía, implicaba la concesión de un paquete de 142 permisos para realizar exploraciones en la zona occidental del país. 

El despacho ya trabaja con el grupo italiano en otros asuntos jurídicos

Gracias a esta concesión, el grupo energético quedaba autorizado para efectuar trabajos con el fin de localizar los recursos geotérmicos adecuados para la generación de energía eléctrica y calor. Licencias que se adjudicaron al amparo de la ley turca, que permite a inversores privados participar en la investigación de recursos geológicos para su uso como fuentes de producción energéticas, pero que el Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan decidió revocar, dejando maniatado al grupo Enel frente a cualquier avance del proyecto.

En concreto, Turquía habría rescindido dos prelicencias tras detectar una supuesta infracción en la propiedad de sus titulares. Asimismo, ejecutó dos bonos de cumplimiento otorgados por las subsidiarias como condición del acuerdo, forzando con todo ello una situación que, según Enel, le impide seguir adelante con el encargo. Como consecuencia de esta decisión unilateral, reclama al Ciadi una compensación tanto por la inversión realizada como por los daños derivados de la "expropiación del proyecto".

En este sentido, cabe precisar que, para facilitar la consecución del plan geotérmico, ambas partes plasmaron en el contrato la necesidad de crear una empresa conjunta de investigación. Desde un principio establecieron que estaría participada mayoritariamente por Enel Green Power, mientras que una cuota minoritaria obraría en manos de Meteor, empresa controlada por Uzun y la firma de consultoría geotérmica G-Energy. No obstante, las buenas intenciones iniciales se han visto superadas por la diferencia de intereses, lo que ha llevado a la multinacional a reclamar un resarcimiento en virtud del acuerdo comercial suscrito entre Italia y Turquía en 1995.

A principios de este año Enel presentó una demanda ante el Ciadi contra Costa Rica por otra inversión en energías renovables y resolvió un caso que le enfrentaba a Panamá. En ambos asuntos estuvo asesorado por Clifford Chance. Turquía, por su parte, aún no ha designado un despacho de abogados para el caso abierto, aunque en otros arbitrajes pendientes de resolución por parte de la corte internacional ha recurrido al asesoramiento de las firmas internacionales King & Spalding y Arnold & Porter Kaye Scholer.