Así son las empresas energéticas públicas más poderosas del mundo

La proposición no de ley de Unidas Podemos para reclamar la creación de una empresa estatal de energía refleja el modelo que han seguido un número de compañías en Europa y el resto del mundo.

Torres de enfriamiento de la central nuclear Golfech, propiedad de la compañía de electricidad de Francia EDF.
Torres de enfriamiento de la central nuclear Golfech, propiedad de la compañía de electricidad de Francia EDF.
Agencia EFE

En medio de una escalada eléctrica sin precedentes en España que ha llevado el precio de la luz desde los 42,01 euros por MWh en agosto de 2020 a los 152 euros con los que marcaba un nuevo récord el 10 de septiembre, el Gobierno busca desesperadamente fórmulas para amortiguar el golpe para la maltrecha economía de los hogares. Las críticas de las asociaciones de consumidores, hasta hace poco tiempo mudas, no hacen más que elevar la tensión política mientras el Ministerio de Economía vigila con lupa todos los indicadores económicos, como el IPC o los costes laborales que saltan disparados cada vez que la electricidad provoca un seísmo en la calculada agenda de la recuperación económica del Gobierno de coalición.

El propio Pedro Sánchez se comprometió el pasado fin de semana a que el recibo de la luz que paguen los ciudadanos a finales de 2021 sea "similar" al de 2018, descontando el Índice de Precios al Consumo. Tras aprobar una rebaja del IVA a la electricidad (del 21 al 10%) y la supresión hasta el 31 de diciembre del impuesto de generación eléctrica, el Gobierno baraja un recorte en el impuesto especial sobre la electricidad (5,11% del recibo). El Ejecutivo también ha puesto en marcha dos proyectos de ley para rebajar los precios: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y un segundo para poner freno a la sobrerretribución para las centrales hidráulicas y nucleares no emisoras de CO2 anteriores a 2005. Mientras, por iniciativa propia y sin contar con el PSOE, sobre quien ha redoblado la presión a cuenta de la escalada eléctrica, Unidas Podemos registró una proposición no de ley para reclamar la creación de una empresa pública de energía. Para poner la idea de los 'morados' en contexto, estas son las mayores empresas estatales de energía en el mundo, con sus pros y sus contras.

EDF, el orgullo de Francia

Électricité de France fue fundada como el resultado de la nacionalización de alrededor de 1.700 empresas productoras de electricidad en 1946 con el objetivo de paliar la crisis que había dejado la segunda Guerra Mundial. Hoy en día, es una de las principales productoras y distribuidoras de electricidad en Europa y una de las más grandes del mundo. Este jueves, el mercado mayorista francés tenía el megavatio hora (MWh) a 131 euros.

EDF monopolizó la generación de energía en Francia hasta 1999, cuando una directiva europea la forzó a ceder espacio a sus competidores. En noviembre de 2005 se abrió el proceso de privatización de la compañía con una Oferta Pública de Venta, pero sus trabajadores dirigieron fuertes protestas que incluyeron cortes del suministro eléctrico a varios países, incluyendo a España. El Gobierno francés sigue siendo el principal accionista, con casi 84% del capital social.

Sin embargo, los problemas de la compañía incluyen una deuda de más de 40.000 millones de euros y una fuerte dependencia a la energía nuclear, que el Gobierno francés se ha propuesto reducir al 50% para 2035. Por ello, la compañía ha planteado la renovación del modelo energético con la entrada de capital privado para promover las energías renovables, aunque el proyecto, denominado Hércules, enfrenta una fuerte oposición de los sindicatos.

Enel,  un caso entre lo público y lo privado

Hace diez años, la compañía Enel (Ente nacional por la energía eléctrica, según sus siglas en italiano), participada en un 23% por el Gobierno de su país, ganó el concurso para adquirir Viesgo, una filial de Endesa que producía y distribuía energía eléctrica. Fue el primer paso con el que la italiana se lanzó a la compra de lo que se consideraba la gran eléctrica pública española, de la que conseguiría una cuota del 67% del capital y la controlaría totalmente en 2009.

La adquisición había costado casi 38.000 millones de euros, pero Enel ya había recuperado más de 30.000 millones de lo que recibió de Endesa, de la que mantiene un 70%. Este porcentaje vale más de 16.500 millones, aunque obtendrían aún más en una venta por la suma de una prima de control. La plusvalía acumulada en la compra de Endesa alcanza los 10.000 millones de euros, incluso después de que Enel redujera sus inversiones a la mitad en 2009 y se recortara la plantilla en un 28% con respecto a los diez años anteriores. Las ventajas de la adquisición no han hecho sino multiplicarse para la italiana

Enel volvió a intentar una maniobra parecida en 2018 al intentar comprar Electropaulo, una de las distribuidoras eléctricas más importantes de Brasil. Tuvo que enfrentarse a Iberdrola, que también estaba interesada en Electropaulo y acusó a la italiana de tener una ventaja al contar con el apoyo del Gobierno italiano y de hacer ofertas fuera de mercado. Sin hacer caso a las denuncias, Enel logró adquirir un 73% de Electropaulo. 

Vattenfall, la apuesta de Suecia por la generación hidroeléctrica

Fundada en 1909, Vattenfall explota la generación hidroeléctrica de los innumerables saltos de agua dentro del territorio sueco. La compañía pública incorporó la energía nuclear en los años 70, abriendo dos centrales que más tarde formarían parte de las siete de las que fue dueña. Después continuaría con su apuesta por los combustibles fósiles, que le permitiría expandirse por Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Polonia.

Actualmente, el mercado mayorista noruego cobra poco más de 50 euros por MWh. Sin embargo, Vattenfall se enfrenta a una serie de cambios, incluyendo los propósitos de generar más energía sostenible y de reducir su actividad nuclear, que corresponde a un 35% de la electricidad en el país, hasta eliminarla. Las primeras dos centrales de la compañía han sido cerradas y cuatro de las cinco que quedan deberán seguir el mismo camino antes de 2025 por orden del Gobierno.

TVA, la energética pública más grande de EEUU

Los orígenes de la Autoridad del Valle de Tennessee (TVA, por sus siglas en inglés) se remontan al New Deal (o Nuevo trato) que siguió a la crisis financiera de 1929 en Estados Unidos. La compañía energética pública más grande del país aprovecha la energía que genera el río Tennessee, que alcanza siete estados. Con 29 presas hidroeléctricas, la compañía afirma que un 60% de la energía que producen está libre de emisiones de dióxido de carbono, una cifra que aumentará cuando desmantelen algunas de sus unidades de carbón más antiguas, como afirman en su página web.

Los problemas de TVA son un tanto diferentes a los que enfrentan otras compañías eléctricas. El hecho de que pertenece al Estado no siempre ha caído bien en una cultura que suele aborrecer las intervenciones públicas de cualquier naturaleza. Además, la historia de la compañía pasa por la inundación intencional de las tierras que afectó granjas y pueblos pequeños, además de sitios arqueológicos y cementerios de gran importancia para la población aborigen, y obligó a desplazarse a más de 125.000 residentes

Tepco, la compañía de Japón marcada por Fukushima

La historia de Tepco, que produce, transmite y distribuye energía a la región de Kantō, incluyendo Tokio, la capital japonesa, no se puede entender sin los efectos del accidente de Fukushima, en marzo de 2011. Un tsunami provocado por un terremoto afectó gravemente la central de Fukushima I, propiedad de la compañía que entonces era privada. Esto obligó a 50.000 familias a desplazarse de la zona, que se volvió inhabitable, y generó costes de más de 500.000 millones de euros en reparaciones e indemnizaciones.

Los problemas de Tepco continuarían durante meses especialmente después de una investigación ordenada por el Parlamento japonés que destapó que el accidente no se debía únicamente al desastre natural, sino que estuvo agravado por varios errores humanos y casos de corrupción que salpicaban al Gobierno, los reguladores y la compañía. 

En 2012, la compañía recibió un fondo de rescate de más de 11.000 millones de euros para afrontar los primeros pagos de indemnización para las víctimas del accidente de Fukushima. Después recibió 9.000 millones más a cambio de volverse una compañía pública después de que sus acciones cayeran en un 80%.

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