Era sólo cuestión de tiempo. En 2019, la generación eléctrica con instalaciones solares -plantas fotovoltaicas y termosolares- ya ganó la partida en España a la producción eléctrica con carbón. Pero el sorpasso definitivo ha tenido lugar en el mes de agosto, no sólo en las cifras de generación, sino también en los datos de potencia instalada visados por Red Eléctrica de España (REE). La potencia fotovoltaica instalada se situó el mes pasado en 10.013 MW -152 MW más que en julio-mientras que la potencia de generación con carbón se redujo en 1.056 MW y cerró en 8.400 MW. Es el adelanto del certificado de defunción de todo un sector.
El avance de las energías limpias en todo el mundo es un hecho. En España, ya el año pasado, el parque de generación de electricidad limpia, compuesto por hidroeléctricas, centrales termosolares, parques eólicos y fotovoltaicos, superó en megavatios -más de 55.000- a las plantas de generación de electricidad contaminante: nucleares, térmicas que queman fuel, carbón y gas. El proceso se acelera con los paneles solares como grandes protagonistas.
El Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) marca la senda ascendente de una tecnología, la solar fotovoltaica, clave para lograr la descarbonización de la economía. El documento enviado a Bruselas estimaba 9.071 MW de potencia instalada este año -ya superados-, 21.713 MW en 2025 y 39.181 MW en 2030. La apuesta -obligada- de las grandes compañías como Iberdrola o Endesa por las energías limpias para compensar el cierre -también obligado- de las centrales de carbón tiene mucho que ver con el sorpasso y con las previsiones para la próxima década.
Peso económico
El peso del sector ya es muy significativo en la economía, como destacan las asociaciones del sector, UNEF o Anpier. El sector fotovoltaico emplea a más de 59.000 personas, con un peso en la economía del 0,24% del PIB y exportaciones en 2019 que superaron los 3.500 millones de euros. España, aseguran las asociaciones, tiene una gran ventaja competitiva con respecto a los países del entorno: un mejor recurso solar y territorio disponible para desarrollarlo. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, por este orden, están a la cabeza de las comunidades por potencia instalada.
Si la energía fotovoltaica es la cara soleada del negocio eléctrico, el carbón es la cruz. El adiós al carbón para generar electricidad tiene consecuencias económicas y sociales en las comunidades de Aragón, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias. Las grandes eléctricas propietarias de las centrales, Endesa, Iberdrola y Naturgy, negocian con las autonomías afectadas, los ayuntamientos próximos a las instalaciones y el Ministerio de Transición Ecológica inversiones millonarias para instalar molinos de viento y paneles solares donde antes se quemaba mineral y para recolocar a los empleados afectados por los cierres. Está en juego el reparto de 5.000 millones de inversión.
La cuenta atrás para el abandono total de la generación con carbón de las tres grandes eléctricas del país, Iberdrola, Endesa y Naturgy, comenzó el 30 de junio, cuando siete de las 15 instalaciones activas en el país dejaron de inyectar electricidad a la red. El resto se cerrarán entre los años 2021 y 2025 a más tardar. Se inicia un proceso de desmantelamiento que puede llevar entre 3,5 y 6 años.
La ola de cierres comenzó en 2017 con la solicitud de Naturgy para clausurar la central de Anllares (León), seguida de las peticiones de Iberdrola para las instalaciones de Lada (Asturias) y de Velilla (Palencia). Desde entonces, el ritmo se aceleró. El remache para el sector lo puso Endesa el año pasado. Fue la última en poner el epitafio a la quema de mineral, con el anuncio de cierre adelantado de las centrales que barajaba mantener a partir de junio de 2020: As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería).
Un cierre obligado
Para todas las compañías, el cierre obligado de las centrales térmicas es un acicate para adelantar posiciones ante los cambios que se van a producir en los próximos años y que afectan a todo el sistema: desde el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad a la entrada en liza de nuevos competidores -comunidades de renovables incluidas-. La negociación con comunidades autónomas y ayuntamientos para desarrollar nuevos proyectos y canalizar inversiones es vital.
El punto final del negocio del carbón, incluida la minería, no ha sido barato en términos de dinero público. Los subsidios - entre los que se encuentran fondos para reactivar las cuencas mineras-, las prejubilaciones, las ayudas a la producción para sostener el mineral nacional frente al importado y las partidas indirectas pagadas a las centrales térmicas, suman más de 28.000 millones de euros en 30 años.
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