La Comisión Europea ha dado hoy el visto bueno al régimen español de ayudas públicas a las renovables. Las autoridades comunitarias consideran que estas subvenciones no alteran la competencia y que pueden ser un buen estímulo para que nuestro país alcance los objetivos europeos de implantación de energía verde en 2020.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, consideró que "las últimas subastas de energía procedente de fuentes renovables en España han puesto de manifiesto los efectos positivos de la competencia". Desde su punto de vista, "las empresas están dispuestas a invertir en nuevas instalaciones con niveles muy bajos de ayudas estatales".
Precisamente, el actual ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y su hermano Alberto, que fue secretario de Estado de Energía en la anterior legislatura, han sido férreos defensores e impulsores de estas medidas.
El régimen español, que cuenta hoy con unos 40.000 beneficiarios, se remonta a 2014. En concreto, concede una prima a las centrales o productores que generan electricidad a partir de diferentes fuentes renovables o cogeneración. Para conceder estas subvenciones, el Gobierno celebra unas subastas competitivas, y quienes logran adjudicárselas sólo reciben compensaciones si el precio de la energía en el mercado cae los años siguientes a niveles muy inferiores a los precios de mercado actuales.
Las ayudas les compensan, así, cuando no logran cubrir costes con las ventas, de forma que puedan obtener "un margen de beneficio razonable" por su inversión, según Bruselas.
Nuestros socios consideran, así, que España cumple las normas de ayudas estatales de la UE, que permiten a los Estados miembros apoyar la producción de electricidad a partir de renovables y cogeneración de calor y electricidad siempre que la utilización de fondos públicos "sea limitada y no exista sobrecomenpensación".
Un futuro energético más limpio
Vestager indicó además que estas ayudas "contribuirán" a que España transite hacia un suministro de energía más sostenible, bajo en emisiones de carbono y que el permita cumplir sus objetivos de clima para 2020. El régimen español va acompañado de un plan de evaluación para valorar su efecto y sus resultados se presentarán a la Comisión en un máximo de tres años.
En las dos últimas subastas de mayo y julio de 2017 se adjudicaron 8 gigavatios de capacidad, sobre todo a parques eólicos y solares, y en 2016 los pagos anuales a beneficiarios ascendieron a 6.400 millones de euros, según datos de la CE.
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