El 16% del precio de la luz está fuera de control y no sigue las reglas del mercado

El precio de la luz es un asunto muy sensible. Teóricamente, lo fija un mercado muy complejo pero sometido a las reglas básicas de la oferta y de la demanda. Teóricamente. Porque una parte sustancial de ese precio, hasta un 16%, no depende de las fuerzas del mercado, según detalla en sus informes el operador del sistema Red Eléctrica de España (REE). En los últimos años, las denuncias sobre la parte más opaca de ese mercado complejo han sido continuas. REE, la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la CNMC, por no hablar de las organizaciones de consumidores, han denunciado manipulaciones.

La última gran subida de los precios de la electricidad, resgistrada el lunes, abona la tesis de que España ha diseñado un mercado eléctrico muy imperfecto, con un sistema de fijación de precios perverso que cierra precios muy bajos cuando no hay anticiclón y no hay demanda y que los dispara en situaciones contrarias, cuando no hay agua ni viento y aumenta el frío.

Red Eléctrica de España detalla en sus informes, en porcentaje (ver gráfico), los tres mecanismos que intervienen en la fijación del precio medio final de la energía al margen del mercado. Son los servicios de ajuste (6,4%); los pagos por capacidad (5,7%) y el servicio de interrumpibilidad (4%). Cada uno de los apartados va acompañado de polémica, con denuncias ante los tribunales y ante los organismos comunitarios en algunos casos.

En el caso de los servicios de ajuste, la propia REE y la antigua Comisión nacional de la Energía (CNE) denunciaron en 2012 cómo algunas empresas ofrecían una menor potencia de sus centrales para quedar fuera del mercado. Con buenos datos de previsión, sabían que el gestor del sistema les obligaría a funcionar para cubrir la demanda, lo que suponía -y supone- el pago de precios muy por encima del mercado.

La supuesta manipulación del mercado provocó también una denuncia de la CNMC en contra de Iberdrola. La Comisión sancionó a la empresa con 25 millones de euros, pero la compañía recurrió y la Audiencia Nacional suspendió la sanción. El caso aún colea en los tribunales por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción.

Los pagos por capacidad también han sido cuestionados dentro y fuera del mercado español. Los cobran las empresas propietarias de centrales de gas y de carbón para que esas instalaciones estén disponibles en caso de necesidad del sistema. Es un dinero. En torno a 700 millones anuales, 3.800 millones entre 2011 y 2015. Aparte de las polémicas sobre cómo se calculan por parte del Ministerio de Energía, esos pagos están en el punto de mira de la Comisión Europea.

Más renovables y menos demanda

La Universidad de Comillas detalló las razones por las que se aprobaron unos pagos que Bruselas quiere eliminar: "la rápida incursión de las energías renovables a partir del Plan de Fomento de Energías Renovables 2011-2020; la evolución negativa de la demanda de electricidad debido a la crisis incurrida en España; la limitada capacidad de intercambio por las conexiones internacionales y la notable incorporación de ciclos combinados en una época en la que se preveía una creciente demanda eléctrica".

No menos polémicos son los pagos por interrumpibilidad para las grandes empresas consumidoras de electricidad. Su objetivo inicial era que los grandes consumidores de energía eléctrica, a cambio de una retribución económica, redujeran su consumo cuando el operador del sistema así se lo ordenara.

El mecanismo se diseñó en un principio como una medida preventiva para casos en los que no hay suficiente generación eléctrica. Se compensaba a las empresas dispuestas a parar su actividad en caso necesario. Pero derivó en un complicado mecanismo -se adjudican pagos por subasta- que se critica porque se parece mucho a una subvención encubierta a la gran industria. Desde 2008, los pagos superan ampliamente los 3.000 millones de euros. De nuevo, un dinero.