No habrá acuerdo al margen de los tribunales. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera ha asegurado en unas jornadas celebradas en Barcelona que la complejidad en torno al cierre del almacén de gas Castor "acabará judicializado". El Gobierno descarta así atender las reclamaciones de CaixaBank, Bankia y Santander para que el Estado devuelva los 1.350 millones que adelantaron para indemnizar a la constructora ACS y el grupo canadiense Dundee. Los bancos interpusieron en abril de 2018 una reclamación patrimonial al Estado y en diciembre del mismo año llevaron el caso al Tribunal Supremo.
Sobre el apagón nuclear, que el Gobierno quiere realizar entre 2025 y 2035, la ministra dejó abierta la posibilidad de que Enresa, la empresa pública de residuos, suba la tasa que pagan las eléctricas para afrontar los cierres de centrales.
Ribera, que participó en el VII Simposio Empresarial Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), no dejó margen a la negociación que piden los bancos para cerrar el polémico caso Castor. El Gobierno de Pedro Sánchez afronta la polémica con la misma estrategia que ya utilizó el Gobierno del PP después de que el Tribunal Constitucional tumbara el decreto de indemnización por el almacén: silencio administrativo y que se pronuncien los jueces.
El Ministerio de Transición Ecológica sí ha decidido cuál será el destino de la instalación: cierre total y desmantelamiento. "Descartamos que se quede como está, porque no se necesita". El almacén está sellado provisionalmente. Su vigilancia y mantenimiento corresponde a Enagás, que también ha dejado de cobrar tras la decisión del Constitucional y que también ha interpuesto una reclamación patrimonial al Estado.
Plan de Energía y Clima directo a Bruselas
Sobre la próxima aprobación del Plan de Energía y Clima, la ministra Ribera aclaró que será una propuesta para el debate público que se enviará a Bruselas en forma de borrador y que no tendrá que ser formalmente aprobado en Consejo de Ministros.
El plan contribuirá, dijo Ribera, a fijar un calendario de desmantelamiento de centrales nucleares solvente y sólido. En ese calendario, el papel de la empresa pública Enresa será clave. La empresa aprobará antes del verano el nuevo plan de residuos radiactivos para sustituir al que está vigente, que data de 2006. El plan tiene que prever el ritmo y el coste de almacenar los residuos y desmantelar las instalaciones, además de calcular la tasa que tendrán que pagar las empresas propietarias para hacer frente a la clausura de centrales entre 2025 y 2035 como plantea el Ejecutivo.
La ministra de Transición Ecológica anunció también que España tendrá que hacer en la próxima década un esfuerzo sin precedentes para reducir en 37 puntos las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es que en 2030, las emisiones del país sean un 20% inferiores a las registradas en 1990. Como la contaminación creció en un 18% entre 2014 y 2017, la acción tiene que ser drástica, lo que afectará a la movilidad, el transporte y la edificación.
La ministra explicó que la reducción de emisiones supondrá una profunda transformación para el sector eléctrico: para conseguir los objetivos, un 70% de la generación eléctrica deberá ser renovable. En 2050, el 40% de toda la energía consumida deberá tener como origen las energías limpias. Los objetivos son ambiciosos porque el sistema tendrá que absorber 50.000 nuevos MW renovables en apenas diez años.
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