La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado la voluntad del Gobierno de cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales nucleares cumplan sus 40 años de vida útil tecnológica, plazo que se cumple en 2028, en consonancia con el programa del Partido Socialista.
Durante su primera comparecencia ante la Comisión para la Transición Ecológica ha expresado su "convicción clara respecto a la voluntad de cumplir con lo establecido en el programa del Partido socialista". "El PSOE y el Gobierno se atienen a lo que se introdujo en su programa, que es tomar como referencia el plazo de vida útil desde el inicio de la explotación comercial de la central", ha precisado.
A este respecto, ha admitido las posiciones diferentes de los grupos parlamentarios respecto a la postura sobre la referencia a tener en cuenta para establecer el cierre o continuidad del parque nuclear, ya que algunos entienden que la referencia a la vida útil o de diseño de las centrales es la fecha que active el cierre de las centrales y otros consideran que se debe aplazar el funcionamiento "más allá del plazo tecnológicamente previsto".
La voluntad expresada por la ministra llevará al apagón nuclear a 2028, cuando la central nuclear de Trillo (Guadalajara) eche el cierre. Si bien, la ministra ha añadido que es preciso abordar las "obligaciones" relacionadas con ese final y que se deberán acometer igualmente, ya sea el cierre adelantado o postergado, tales como las de coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería, la gestión de los residuos peligrosos.
España, sin plan de seguridad de residuos
Así, ha indicado que "no se ha encontrado" al llegar al Gobierno un plan nacional de seguridad de los residuos, por lo que España está "incumpliendo una obligación" europea, y también ha expuesto que en la actualidad se desconocen aspectos tales como el coste de la gestión de los residuos nucleares e incluso la cantidad de residuos existente.
En definitiva, cree que es un "tema crítico fundamental" y de impactos relacionado con la asunción colectiva del riesgo, que necesita un análisis "más profundo" así como entender los escenarios económicos y financieros. Sin embargo, ha afeado al anterior Ejecutivo que de estas cuestiones se ha encontrado "más bien poco", salvo algunas disposiciones normativas importantes, con un calendario de fechas "que se echan encima".
En este contexto, considera que es una "ventaja" la capacidad de generación "tan grande" del sistema eléctrico español a la hora de acompasar la salida de ciertas tecnologías y dar entrada a lo que deberá llegar después, de forma que se minimice el impacto en la seguridad de suministro y la estabilidad o 'previsibilidad' de cara a inversores y costes. "No podemos actuar con el capricho del ministro de turno", ha concluido.
Asimismo, dentro de los cambios que plantea el Gobierno se encuentra la eliminación paulatina del diésel, del que ha dicho "tiene los días contado". "Durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida".
En este sentido junto a señales de tipo regulatorio y limitador, el proceso se tiene que acompañar "con facilidades que permitan ir cambiando el patrón que aplicamos e ir cambiando también el patrón de nuestros vehículos privados".
Sobre una posible subida de impuestos que pudiera afectar a este carburante, la ministra se ha remitido a su colega María Jesús Montero, titular del departamento de Hacienda.
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