La Generalitat derogará en noviembre el decreto que frena las renovables

  • Es una demanda de organizaciones empresariales como EòlicCat, que denuncia que Cataluña vive un parón eólico desde 2013.
La CNMC prepara medidas para cortar la burbuja de las renovables.
La CNMC prepara medidas para cortar la burbuja de las renovables.

El Gobierno catalán prevé derogar "en noviembre" el decreto de 2009, aprobado en la etapa del tripartito, que frena la reactivación en Cataluña de energías renovables como la eólica y la fotovoltaica. En una entrevista a Efe, el director general de Energía de la Generalitat, Pere Palacín, ha avanzado que, una vez completado el trámite de exposición pública, el Govern debería aprobar en noviembre, o incluso antes, la anulación de ese decreto, que debe ser convalidada posteriormente por el Parlament.

La derogación de este decreto, que regula los procedimientos administrativos aplicables en Cataluña a la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas, es una demanda de organizaciones empresariales de renovables como EòlicCat, la patronal eólica catalana, que denuncia que Cataluña vive un parón eólico desde 2013.

La consellera de Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, ya avanzó en abril la intención del Govern de eliminar dicha normativa, pero Palacín ha comentado que en torno a noviembre se aprobará "un decreto ley derogatorio", que es la fórmula "más rápida" que el Govern ha encontrado para dejar sin efecto la normativa en vigor desde 2009. En opinión de Palacín, ahora "prácticamente está suspendido de facto poder hacer algún parque eólico o fotovoltaico en Cataluña".

Cataluña tiene actualmente un total de 1.286 MW de potencia eólica instalada, y del concurso eólico adjudicado 2010 solo queda viva la zona adjudicada a Gas Natural -ahora denominada Naturgy- y a Alstom Wind -ahora integrada en General Electric-, que suma 90 megavatios.

Por otra parte, Palacín ha explicado que el Govern trabaja en una ley catalana de transición energética, que concretará los objetivos incluidos en la ley catalana de cambio climático. Se da la circunstancia de que esa última ley prevé que las centrales nucleares se cierren no más tarde de 2027, a pesar de que el calendario estatal y el manejado por las propias centrales apunta a 2035.

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