Las eléctricas renquean en Bolsa tras el golpe de Nadal y Goldman Sachs

Septiembre suele ser un mes de inestabilidad y de tormentas. A mediados de mes, tronó sobre el sector eléctrico...y sobre el Ministerio de Energía. Un informe de Goldman Sachs, redactado tras una entrevista con el secretario de Estado Daniel Navia, provocó el desplome de las cotizaciones del sector en la Bolsa. Se evaporaron 2.200 millones en una sola jornada. Las empresas -"todas", precisan fuentes empresariales- elevaron sus quejas al ministro del ramo, Álvaro Nadal y movilizaron equipos para evitar la huida de inversores. Las cotizaciones aún no se han recuperado.

Desde el día 13 de septiembre, la jornada anterior a la debacle, las acciones las eléctricas han recuperado cierto aliento, pero no han recuperado lo perdido. Si el índice Ibex 35 ha retrocedido desde el 13 de septiembre un 0,5% -de 10.371 puntos a 10.320 puntos-, Gas Natural Fenosa ha perdido en esas dos semanas un 6,6%; Red Eléctrica de España (REE) un 6,3%; Endesa un 4,9%; EDP un 4,8% e Iberdrola un 1,4%.

Resumido, el documento de Goldman Sachs que desató el golpe señalaba que, a partir de 2019, en España se producirán recortes en las retribuciones a las actividades reguladas a las empresas. Nada nuevo. Lo que sí era nuevo era el cálculo de los analistas sobre la previsible pérdida de rentabilidad: recorte de hasta el 40% para las redes de distribución y disminución de dos dígitos en el beneficio bruto de estas actividades entre 2019 y 2025, con caídas en los retornos de la inversión de más de dos puntos, hasta el 4%.

La publicación de las previsiones se tradujo inmediatamente en una bajada generalizada de precios objetivos de las compañías, descensos en las recomendaciones y advertencias de caídas en los ingresos de las compañías cotizadas reguladas. Públicamente no hubo reacción de las empresas. La batalla fue subterránea. "No puedes contestar públicamente al regulador" explican fuentes de una de las sociedades afectadas. Pero los teléfonos del Ministerio de Energía echaron humo.

Todas las compañías mostraron su enfado y preocupación. Lo hicieron por vías diferentes. Desde llamadas al ministro Nadal de la presidencia de alguna de las empresas, hasta cartas dirigidas a la Secretaría de Estado de Energía y mensajes que en algún caso tenían más de lenguaje político-diplomático que empresarial. El Ministerio de Energía no hizo –ni hace- valoraciones sobre las formas en la que las empresas se dirigen al departamento.

Además de protestar, las empresas tuvieron que ponerse manos a la obra para parar la grieta abierta en Bolsa. Los equipos de relaciones con los inversores y los departamentos financieros se emplearon a fondo para convencer a analistas y medios que las medidas de recorte no eran el fin del mundo y están por decidir.

En unos casos, las empresas actuaron por propia iniciativa. En otros, admiten fuentes de otra de las grandes compañía -tuvieron que actuar "de forma reactiva" para explicar a los analistas que más allá de la indiscreción ministerial, el informe Goldman era un tanto alarmista porque se centra en un escenario que se podría plantear en 2019. Y hasta entonces, según coinciden todas las empresas del sector, pueden pasar muchas cosas.

En junio, en el Congreso, el ministro Nadal ya adelantó los ejes de los próximos recortes. En concreto, defendió ligar la retribución de actividades reguladas de las eléctricas al bono del Estado. Ello implicaría una caída de la rentabilidad –sobre todo a las renovables- con respecto al 7,39% fijado para el periodo actual.

Nadal subrayó que en 2013 se fijó este primer periodo regulatorio, hasta 2019, con una rentabilidad calculada con el rendimiento del bono del Estado a 10 años más un diferencial de 300 puntos básicos. Algo a revisar por el descenso de tipos de interés y que podría ahorrar al usuario entre un 5% y un 10% en la factura de la luz. Pero por muy adelantados que estuvieran los planes de Nadal, llueve sobre mojado en el sector eléctrico.

Otra agencia, Moody's alertó, prácticamente en las mismas fechas, de que las tres subastas de renovables impulsadas por el Gobierno para cumplir con las directrices de Bruselas han reducido los costes de la electricidad y han transferido el riesgo que soportaban el sistema y los consumidores a las comercializadoras, algo "negativo" para las empresas adjudicatarias de los proyectos. Nunca truena a gusto de todos.