Los tribunales arruinan la reforma eléctrica que diseñó el Gobierno

Entre 2012 y 2013 el Gobierno del PP llevó a cabo reformas para evitar que el sistema eléctrico estallara. Con recortes a las renovables, nuevos impuestos y cambios en la Ley Eléctrica frenó en seco el aumento del déficit del sistema que amenazaba con llegar a 30.000 millones de deuda, un 3% del PIB. Todo estaba encarrilado...hasta que los jueces rompieron el espejismo.

Las recientes sentencias del Tribunal Supremo, que obligan a devolver a las eléctricas lo que aportaron para financiar el bono social, y la guerra abierta en el Banco Mundial con grandes empresas y fondos de inversión internacionales por los recortes aplicados a las renovables, han arruinado la reforma.

Doce años y una montaña de deuda después, el sistema eléctrico tiene ingresos anuales que superan los costes que la Administración reconoce como tales. Sobra dinero. Tras la reforma de la Ley Eléctrica en 2013, con ajustes automáticos para evitar nuevos agujeros, el sistema registra un superávit de en torno a 1.130 millones euros a falta de cerrar todavía 2016. Comparados con la deuda acumulada desde 2005, los números negros parecen una bendición.

Obligado a mover ficha

Pero es irreal. Al ritmo al que se sanean las cuentas del sistema será difícil hacer frente a las demandas planteadas ante los tribunales nacionales e internacionales por empresas y fondos. El Gobierno sabía que las sentencias en su contra iban a causar un problema y tuvo que mover ficha. Porque la ley establecía que el superávit eléctrico debía dedicarse, íntegramente, a reducir la inmensa bola de deuda. 

Mediante disposiciones introducidas en los presupuestos generales de 2017, el Gobierno autorizó el empleo del superávit del sistema para atender indemnizaciones por fallos judiciales y "eventuales" procedimientos arbitrales. La hucha se abrió, pero su contenido puede que no sea suficiente para cumplir con las decisiones de los tribunales.

Sólo para cumplir con las últimas decisiones del Tribunal Supremo respecto a la devolución del bono social a las comercializadoras eléctricas por los ejercicios 2015 y 2016 el Gobierno tendrá que disponer de un tercio del superávit del sistema.

"Al final de todo" asegura Juan Castro-Gil, secretario general de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, "ni se reduce el déficit, ni bajan las tarifas. Los recortes a las renovables servirán para financiar a las empresas de siempre y para recapitalizar a los grandes fondos de inversión que han demandado a España".

Esas demandas de los fondos son las que más preocupan al Gobierno. Hay 28 pendientes en el órgano de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi y la factura puede ser muy elevada. El abogado general del Estado, Eugenio López Álvarez ha estimado la cantidad reclamada por los fondos en 7.000 millones de euros. Pero la cifra está por determinar.

Una derrota dolorosa

Especialistas como el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales, creen que las indemnizaciones pueden llegar a 10.000 millones, la tercera parte de la reclamación global de empresas y fondos, que ronda los  30.000 millones. La preocupación está justificada porque España ya ha cosechado en el Ciadi una dolorosa derrota. Fue en mayo  y costará 128 millones de euros.

Para los bufetes de abogados, los pleitos que afronta España son una buena oportunidad. Lo son por prestigio profesional pero, sobre todo, porque hay mucho dinero en juego. Las más prestigiosas firmas internacionales están en la pelea.

Entre los más activos figuran dos de los cuatro despachos internacionales del denominado Círculo Mágico londinense. Se trata de Allen & Overy y Clifford Chance. Ambos, junto al despacho norteamericano Latham Watkins, suman más de la mitad de los 27 casos planteados por compañías, fondos e inversores de medio mundo, desde Alemania, Holanda o Japón a México, Portugal o Suecia.

Aunque no forman parte de ese Círculo Mágico, también participan en la pelea legal dos de los despachos más conocidos en España, Cuatrecasas y Gómez Acebo y Pombo. Conviene estar atentos. Si esa élite de la abogacía mundial ganara todos los casos que están vivos en el Ciadi y el Estado español tuviera que afrontar de golpe la factura, los sufridos consumidores, que ya pagan una de las facturas más elevadas de Europa  verían incrementado el recibo en un 20%, según cálculos de las asociaciones de energías renovables.