Al ministerio de Industria y a su titular, Álvaro Nadal, 'le crecen los enanos'. Esta mañana ha sido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que ha puesto en tela de juicio la regulación aprobada por el ministro para la llamada interrumpibilidad eléctrica. El regulador critica, en concreto, su elevado coste y su escaso uso. Este sistema permite realizar pagos a las empresas que más electricidad consumen, en esencia la gran industria, a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro eléctrico.
De hecho, el coste de este sistema acaba en última instancia trasladándose al precio de la luz, en el que repercute en un 4%, según cálculos de Red Eléctrica. El mecanismo se diseñó en un principio como una medida preventiva para casos en los que no hay suficiente generación eléctrica. Pero derivó en un complicado mecanismo -se adjudican pagos por subasta- que se asemeja mucho a una subvención encubierta a la gran industria. Desde 2008, los pagos superan con mucho los 3.000 millones de euros.
La Comisión propone así al Gobierno que justifique la necesidad de este sistema. El organismo presidido por José María Marín Quemada considera que las subastas de interrumpibilidad son "complejas", que sus costes triplican las del gas y electricidad y que algunos productos (90MW) favorecen a las grandes industrias y pueden atentar contra la competencia.
Precisamente, Bruselas está investigando a varios países, entre ellos España, por los sistemas de pagos por capacidad a determinadas compañías energéticas nacionales. Según la Comisión Europea estos mecanismos no pueden suplir la reforma que requieren los mercados eléctricos y podrían incurrir en ayudas de estado no autorizadas.
La CNMC también apunta que la revisión del mecanismo de interrumpibilidad propuesta por Nadal debería haberse abordado con la suficiente antelación. De haberse hecho así, la próxima subasta de este tipo habría cubierto todo el año frente a los cinco meses aprobados por Energía. Esta limitación temporal se ha justificado para adaptar el servicio a las exigencias europeas y porque en 2018 entra en vigor la nueva regulación europea que afectará a este sistema.
Por otra parte, la CNMC considera que Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, debería justificar mediante una metolodología de estudio que "realmente es necesario" subastar unas cantidades tan elevadas de potencia interrumpible.
La CNMC recuerda en su informe que el sistema de subastas dhace que su duración en ocasiones se haya prolongado durante cinco días en horario de 9.00 a 20.00 horas. También, que presenta un elevado coste de organización (entre 504.000 y 660.00 euros) comparado con las diferentes subastas eléctricas y gasistas con costes situados entre 75.000 euros y 205.000 euros.
Críticas al modo de proceder de Energía
Finalmente, la CNMC se muestra disconforme con el modo de proceder de la Secretaría de Estado de Energía porque ya ha publicado, antes de conocer su informe, la resolución de 11 de octubre de 2017, por la que se aprueba el calendario y las características de las subastas de interrumpibilidad.
"Así, condiciona, y por ello mismo menoscaba, la función como órgano consultivo de esta Comisión recogida, con carácter general, en el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia", señala el organismo presidido por José María Marín Quemada.
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