Nació en un mes de marzo hace cinco años y le pusieron nombre de ventana: PVPC, precio voluntario al pequeño consumidor. Sonaba a reforma y lo era. El PVPC, el recibo de la luz que en parte aún controla el Gobierno, se aprobó en 2014 para sustituir a la (también) mal llamada Tarifa de Último Recurso (TUR). Nació tras las denuncias de presunta manipulación en las subastas trimestrales de energía que entonces fijaban los precios de la electricidad. Cinco años después, el precio regulado de la luz aún resiste frente a la avalancha de ofertas de las comercializadoras de energía, especialmente de las grandes -Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo-.
El PVPC aguanta, pero cede cada vez más terreno. Aunque la tarifa regulada -con discriminación horaria- es la más favorable para el consumidor medio, las ofertas en el mercado libre tienen cada vez más aceptación. La publicidad y las campañas agresivas de captación de clientes puerta a puerta -prohibidas el pasado año- han trasvasado cada vez más clientes al mercado liberalizado desde 2003. Hoy, hay 17 millones de clientes con contratos particulares y 11 millones acogidos al PVPC.
El dominio del mercado, tanto del libre como del regulado, es de las grandes compañías. Pero las pequeñas comercializadoras -hay dos centenares- captan cada vez más descontentos. En 2018 las pequeñas competidoras captaron dos millones de consumidores particulares y pequeñas empresas, lo que supone un aumento del 26% respecto a un año antes.
Pelea por los hogares
La pelea por los hogares y las pequeñas empresas es dura. En el mercado liberalizado tientan a los consumidores con precios fijos -durante un periodo-; descuentos y "tarifas planas" que aplazan la cuenta final. Frente a la tentación se encuentra el sistema de precios con nombre de material de construccion, el PVPC. Sus ventajas: fue concebido para proteger al consumidor; el precio lo marca la Administración y no exige la contratación de servicios de mantenimiento.
El PVPC no ha evitado la escalada de los precios de la electricidad. Pero en su día cortó las escandalosas maniobras que acababan en incrementos de dos dígitos. El entonces ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria PP), apuntó al sector eléctrico a finales del año 2013 cuando aseguró que se había producido "una clara manipulación" de la subasta eléctrica trimestral (CESUR) que determinaba el 40% de la factura final de los usuarios. La subasta no fue validada por Competencia.
Soria aprobó el nuevo sistema PVPC para evitar que en enero de 2014 el recibo de la luz subiera en torno al 11%. La subasta de energía -la número 25- había incrementado el coste de la energía en un 25,6 % nada menos. El PVPC era y es un sistema complejo. Cada día se fijan los precios de cada hora de la jornada siguiente. Por eso nació con vaticinios de desastre. Nadie estaba acostumbrado a que los precios de la electricidad variaran cada hora. Se puso en cuestión la utilidad de la medida. Y más cuando el parque de contadores, antiguo, no era capaz de registrar la variación en consumo y/o precios.
Renovación total
Hoy, la situación es distinta. Las compañías, que durante años no se tomaron en serio la renovación de contadores, se han puesto las pilas. Prácticamente todas han cambiado el 100% de los aparatos de medida. Los contadores inteligentes permiten a los consumidores consultar su consumo en tiempo real y ajustar sus hábitos para ahorrar -con tarifas de discriminación horaria-. A las distribuidoras les permite, a su vez, monitorizar y actuar a distancia sobre la red.
Los datos que las empresas obtienen del contador digital -hábitos de consumo, horarios, equipamiento del hogar, etc.- son confidenciales y en ningún caso pueden ser utilizados por las compañías comercializadoras "hermanas" para hacer ofertas propias o para adelantarse a ofertas ajenas. Pero eso es la teoría. La misma que acepta que todos los clientes han sido informados sobre las capacidades de los nuevos equipos y su derecho al acceso a la información -a través de aplicaciones, webs de las empresas, etc.-.
En la práctica, las distribuidoras defienden celosamente el acceso y control de datos del usuario con el argumento del respeto a la privacidad. Además, muchos usuarios desconocen las utilidades del nuevo equipo y no tienen acceso al mismo. El Ministerio de Transición Ecológica y la CNMC analizan la situación de los nuevos contadores para determinar hasta qué punto se puede cambiar el statu quo. La idea central: abrir a nuevos actores -y no sólo a las compañías tradicionales- el acceso a un manantial de datos cuya gestión puede beneficiar a los usuarios de a pie.
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