El Gobierno espera recaudar en 2019 hasta 1.100 millones de euros por las subastas de derechos de emisión de CO2. Así esté recogido en el proyecto de Presupuestos Generales para el año que viene, pero el dinero ya tiene destino. Servirá para financiar lo que el Ministerio de Transición Ecológica denomina “transición justa” hacia una economía descarbonizada, con planes para las zonas afectadas por el cierre de minas de carbón y de centrales y ayudas a los consumidores vulnerables.
Además, con la recaudación prevista, el Ministerio de Transición Energética cubrirá la suspensión temporal del impuesto eléctrico a la generación que decidió en octubre. El Gobierno, según explicó la ministra Teresa Ribera en Barcelona, no se plantea “por ahora” prorrogar la suspensión de ese impuesto que ha servido para moderar las subidas del recibo en los últimos meses. Pese a la suspensión, la electricidad subió en enero un 6% respecto al mismo mes de 2018.
El aumento en el precio de la tonelada de CO2 ha sido espectacular en el último año: de 5 euros a 26 por cada tonelada, porque el mercado descuenta el endurecimiento de la legislación y la escasez que se da de los derechos de emisión.
Viéndolo sobre la marcha
La intención de Ribera está clara y es dedicar el aumento de ingresos a suavizar los efectos de la transición en comunidades como Asturias, Aragón o Castilla y León. Pero hay debate. El Ministerio de Industria y también el de Hacienda tienen voz en el reparto. Quizá por ello, Ribera no fue muy explícita al ser preguntada por el destino final del impuesto: “Habrá que ir viéndolo sobre la marcha”.
La transición justa, junto con el Plan de Energía y la Ley de Cambio Climático conforma la estructura de la transformación que impulsa Transición Ecológica hasta 2050. El borrador del Plan de Energía será publicado en los próximos días para información y consulta. Y se enviará a Bruselas en forma de borrador, aunque con más de un mes de retraso.
Bruselas revisará el borrador y sus objetivos. Tendrá que validarlo y el documento deberá estar cerrado a finales del ejercicio. La ministra ha advertido este mismo lunes que el plan se puede enviar a la UE lo antes posible, dado que no debe ser aprobado primero por el Consejo de Ministros, aunque la ministra pueda informar del tema al gabinete.
Antes quedan batallas por librar. Dentro y fuera del Gobierno. Los presupuestos aún son sólo un proyecto falto de apoyo y llueven reclamaciones. Entre ellas las de la gran empresa, que solicita al Ministerio de Industria más dinero para rebajar su factura energética y evitar nuevos cierres como los de Alcoa.
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