Enresa lanza los primeros contratos para desmantelar la central nuclear de Garoña

La empresa pública Enresa, encargada de la gestión de los residuos nucleares, ha formalizado el primer contrato con el que dará comienzo a su plan de desmantelamiento y clausura de la central nuclear de Santa María de Garoña, situada en el municipio burgalés de Valle de Tobalina. Lo hace a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Transición Ecológica otorguen la autorización definitiva que permita transferir la titularidad de la planta, actualmente en manos de Nuclenor. 

Con este primer contrato, Enresa se garantiza la supervisión y protección radiológica durante los primeros años del proceso de desmantelamiento, una labor que estaba prevista para los primeros meses de este 2023. Proinsa ha sido la empresa adjudicataria del primer lote del contrato, que desde el próximo 15 de abril deberá encargarse de ejecutar la vigilancia radiológica, la formación y el control de los trabajadores que estarán expuestos a estos trabajos o la gestión del programa de bioanálisis. Por estas labores recibirá 3 millones de euros. 

El contrato incluye un segundo lote dedicado a la explotación del laboratorio radiológico situado en la central nuclear, el mantenimiento del sistema de control de radiación o la desclasificación de materiales y superficies, pendiente de adjudicar a la unión temporal de empresas compuesta por la sociedad pública ENUSA y la consultora privada Tecnatom. El coste total estimado para la clausura de Garoña es de 468 millones de euros, que se financia con los réditos que generan otros complejos nucleares actualmente en explotación. 

Cerrada desde 2012

Inaugurada en 1971 y parada desde diciembre de 2012, el cierre de la central nuclear de Garoña fue aprobado en agosto de 2017 por orden del gobierno de Mariano Rajoy, que se negó a renovar su permiso de explotación. Su desmantelamiento se ha ido demorando hasta la actualidad para cumplir con los trámites administrativos y las obligaciones fijadas a la actual titular de la instalación, Nuclenor, encargada de realizar determinados trabajos previos antes de cederla al Estado para su derribo. 

El plan de desmantelamiento diseñado por Enresa contempla dos fases: la primera, a ejecutar en tres años, desmontará el interior del edificio de turbina para adaptarlo como edificio auxiliar de cara a ser utilizado en la segunda fase. También incluye la puesta en marcha del almacén temporal individualizado (ATI) donde se descargará el combustible gastado y que hasta ahora se situaba en la piscina de la instalación, tarea que ya ha comenzado a ejecutarse. 

La segunda fase —que inicialmente estaba fijada para 2025— durará otros 7 años y conlleva el desmontaje del reactor nuclear y el resto de edificios con implicaciones radiológicas. También se descontaminarán, desclasificarán y demolerán edificios para, en una tercera fase, proceder a restaurar el emplazamiento en el que se ubica. Para ambos procesos hará falta la aprobación de nuevas autorizaciones ambientales por parte del Gobierno. 

Este será el tercer desmantelamiento de instalaciones nucleares que realiza Enresa en España, después de la ejecución de trabajos en las centrales de Vandellós I (Tarragona) y José Cabrera (Guadalajara), a lo que se suman otras labores en el reactor experimental del CIEMAT que se situaba en Madrid.

Se mantiene el calendario de cierres

Transición Ecológica mantiene sus planes de cesar la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, tal y como fijó en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima diseñado con un horizonte 2030. Enresa y los distintos propietarios de este tipo de instalaciones también refrendaron en 2019 un protocolo de cese ordenado de todas las centrales nucleares españolas, que deberán desmantelarse a los tres años de su apagado. 

En el entorno de Garoña, mientras tanto, se llevarán a cabo los planes de transición justa acordados por el Gobierno y las energéticas. Además de subvenciones al emprendimiento, el plan incluye la instalación de cuatro plantas solares fotovoltaicas por parte de la energética Solaria en la comarca de la Bureba, con una capacidad total de 595 megavatios (MW), que equivale a la generación de electricidad para 300.000 hogares. 

Los proyectos de la compañía obtuvieron la declaración de impacto ambiental favorable el pasado 9 de febrero. Con un presupuesto de 360 millones de euros, instalará el equivalente a 1,5 millones de paneles solares, para convertirse en uno de los grandes proyectos en cartera de la cotizada, que aspira a instalar 3.325 MW de capacidad renovable en 2023.